“En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha precisado la naturaleza y alcance del recurso de anulación, aspectos sobre los cuales ha destacado lo siguiente:
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Por estos días, Cataluña, busca la independencia de España y con sobradas razones, en Colombia, la atención está en la desenfrenada corrupción que corre por cuenta de jueces, fiscales, magistrados, abogados, empresarios y gente del común; y, poco o nada, interesa lo que esté sucediendo en otro punto del planeta.

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“La pensión gracia es considerada como una prestación de carácter especial otorgada a los docentes, como reconocimiento a sus esfuerzos, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa, por un lapso no menor de 20 años, entre otras exigencias.  Su regulación se encuentra consagrada en el artículo 1º de la Ley 114 de 1913[1], en los siguientes términos:

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HISTORIA JURISPRUDENCIAL.- Para analizar el arbitraje en derecho y distinguirlo de las demás clases de arbitraje, resulta imprescindible acudir, en primer término, al artículo 116 de la Constitución Política, el cual dispone que los particulares pueden ser investidos transitoriamente en condición de árbitros, habilitados por las partes, para proferir fallos en derecho o en equidad.

 

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“Como en reiteradas ocasiones lo ha resaltado la jurisprudencia de esta Corte, el principio de buena fe es parte fundamental del ordenamiento que nos rige, al punto de orientar nuestro sistema jurídico con miras a brindar garantías en la relación de los ciudadanos entre sí y con la administración. Sobre este último aspecto, el Tribunal ha determinado que la buena fe debe estar presente en todas las actuaciones y procedimientos de las entidades públicas, con el fin de garantizar que las expectativas que legalmente le surgen al particular se concreten de manera efectiva y adecuada.

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“El artículo 26 de la Constitución consagra el derecho de toda persona a escoger de manera libre su profesión y oficio. Igualmente, que la ley debe establecer los títulos de idoneidad para su ejercicio, los cuales serán más exigentes dependiendo de aquellas carreras que se proyectan en la eficacia o cumplimiento de los fines del Estado. De tal situación se deriva el requisito de la realización del servicio social obligatorio para la obtención de la tarjeta profesional en medicina.

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“La Constitución Política, en su artículo 86, consagra que toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales. No obstante, indica también, que la solicitud de amparo solo procederá cuando quien considera vulneradas o amenazadas sus garantías constitucionales no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que sea instaurada como mecanismo transitorio, con el fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Este, para configurarse, debe ser inminente, grave y requerir medidas urgentes e impostergables para superar el daño.

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Es falta disciplinaria, el acto de intermediación, esto es, captar clientes mediante la oferta de servicios profesionales que a la postre serán prestados por otro abogado. Así las cosas, se infringe  “el numeral 5 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, cuando se utilizan intermediarios para obtener poderes o participar honorarios con quienes lo han recomendado”.  

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“De acuerdo con lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los jueces laborales gozan de libertad para apreciar las pruebas para formar su convencimiento del caso, por lo que, si bien el artículo 60 del mismo estatuto procesal les impone la obligación de analizar todos los medios probatorios allegados en tiempo, están facultados por aquella para darle preferencia a cualquiera de ellos, sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus.
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