“El artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone:
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“La Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por medio de la cual se adoptó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagró un capítulo a la forma cómo se deben publicar, comunicar y notificar los actos administrativos de la administración. Es así como en el artículo 65, se dispone para el efecto lo siguiente:

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Régimen de responsabilidad derivado de la actividad médica por falla del servicio. Conceptos de falla presunta y falla probada.
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“Con relación a la responsabilidad del Estado[1] la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización”[2] erigiéndola como garantía de los derechos e intereses de los administrados[3] y de su patrimonio[4], sin distinguir su condición, situación e interés[5]. Como bien se sostiene en la doctrina,
 
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“En desarrollo de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 48 y 49 de la Carta, el legislador expidió la Ley 100 de 1993, en virtud de la cual se crea el sistema de seguridad social integral, y en el libro II se establece las disposiciones generales, señalando como objetivo la regulación del servicio público esencial de salud y las condiciones de acceso en todos los niveles de atención, para toda la población.

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“La Ley 100 de 1993, estipula en el artículo 156, literal c que “todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud recibirán un Plan Integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales (...)”. De esta manera, se establece en dicha ley que el goce efectivo del derecho a la salud requiere acciones positivas por parte del Estado y de los prestadores del servicio de salud, encaminadas a garantizar el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación, con plena observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
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“El derecho fundamental al debido proceso debe ser garantizado y respetado en toda actuación judicial o administrativa sin perjuicio del carácter público o privado de las partes involucradas. (…) el debido proceso en materia administrativa debe garantizar la correcta producción de los actos respectivos y, por ello:
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