“El artículo 26 de la Constitución consagra el derecho de toda persona a escoger de manera libre su profesión y oficio. Igualmente, que la ley debe establecer los títulos de idoneidad para su ejercicio, los cuales serán más exigentes dependiendo de aquellas carreras que se proyectan en la eficacia o cumplimiento de los fines del Estado. De tal situación se deriva el requisito de la realización del servicio social obligatorio para la obtención de la tarjeta profesional en medicina.

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“La Constitución Política, en su artículo 86, consagra que toda persona podrá acudir a la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales. No obstante, indica también, que la solicitud de amparo solo procederá cuando quien considera vulneradas o amenazadas sus garantías constitucionales no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que sea instaurada como mecanismo transitorio, con el fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Este, para configurarse, debe ser inminente, grave y requerir medidas urgentes e impostergables para superar el daño.

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Es falta disciplinaria, el acto de intermediación, esto es, captar clientes mediante la oferta de servicios profesionales que a la postre serán prestados por otro abogado. Así las cosas, se infringe  “el numeral 5 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, cuando se utilizan intermediarios para obtener poderes o participar honorarios con quienes lo han recomendado”.  

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“De acuerdo con lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los jueces laborales gozan de libertad para apreciar las pruebas para formar su convencimiento del caso, por lo que, si bien el artículo 60 del mismo estatuto procesal les impone la obligación de analizar todos los medios probatorios allegados en tiempo, están facultados por aquella para darle preferencia a cualquiera de ellos, sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus.
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“En efecto, sobre la autonomía de dicha acción de extinción de dominio, el artículo 10 de la Ley 333 de 1996 dispone que “la acción de extinción del dominio es distinta e independiente de la responsabilidad penal y complementaria de las actuaciones penales”.

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El Congreso de Colombia En virtud del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz.

 

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“Marco jurídico y naturaleza del proceso de restitución de tierras

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“La agencia oficiosa en los procesos de tutela, al igual que el apoderamiento judicial, tiene su fundamento constitucional en el artículo 86 de la Constitución Política, y legal en el mismo artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 que establece que se podrán reclamar derechos ajenos “cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.”

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