Se ha convertido en materia de noticia cotidiana, el asunto de los testigos falsos en los procesos penales. Hace unos meses el Fiscal General de la Nación denunció la existencia de un cartel de falsos testigos. No sabemos si todos ellos han sido ya identificados por la Fiscalía, ni tampoco si han sido procesados por falso testimonio.
Pero el hecho cierto es que han sido muchos los casos en que las afirmaciones de testigos, que después se sabe que juraron en falso, se han tenido en cuenta en sonados procesos penales, les han creído, han engañado a la administración de justicia, se ha capturado y procesado a personas inocentes a quienes se ha mantenido bajo medida de aseguramiento por dos y tres años. Desde luego, injustamente afectados sus derechos a la libertad, a la honra, al buen nombre, al trabajo, a la familia, y obligadas a incurrir en cuantiosos gastos de defensa.
La administración de justicia ha cometido los errores por no haber sabido ejercer a tiempo la crítica del testimonio. Y después el Estado no quiere que se presenten demandas en su contra, ni que se lo obligue a indemnizar a las víctimas por los enormes perjuicios causados.
En televisión vemos cada vez con mayor frecuencia a testigos que se retractan, que afirman haber sido objeto de manipulaciones, ofertas de beneficios, principio de oportunidad y otras figuras, pero de todas maneras ya causaron el daño.
El sistema jurídico al respecto debe ser revisado y con urgencia.