Jurisprudencia (334)

El Consejo de Estado le ordena a la Procuraduría General de la Nación, abstenerse de realizar la evaluación del desempeño laboral a quienes participaron y ganaron el concurso para proveer cargos en dicha entidad y que están en periodo de prueba. Según el demandante "no existe una reglamentación en la entidad que establezca cuáles son los aspectos que deben ser calificados, cuál debe ser el método de evaluación y con cuáles recursos cuentan las personas para controvertir la calificación que se le dé al desempeño de sus funciones". 

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“La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 para los educadores de enseñanza primaria que cumplan 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales, y 50 años de edad, siempre y cuando demuestren haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración, observado buena conducta, y que no posean bienes de fortuna. Esta prestación es compatible con la pensión de jubilación de carácter municipal, departamental, intendencial y Distrital.  De los antecedentes normativos precitados se infiere que la pensión gracia no puede limitarse a los maestros de escuelas primarias oficiales, como se concibió en un principio, sino que ella cobija a aquellos que hubieren prestado servicios como empleados y profesores de escuela normal, o inspectores de instrucción pública o profesores de establecimientos de enseñanza secundaria, siempre y cuando la vinculación sea de carácter municipal, departamental o regional”. 

 

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“Para que se predique la existencia de la institución de la cosa juzgada, deben coincidir la identidad: (i) de personas o sujetos (eaedem personae), de modo que se trate del mismo demandante y del mismo demandado; (ii) de objeto o cosa pedida (eadem res), esto es, del beneficio jurídico que se solicita o reclama (no el objeto material), y (iii) de causa para pedir (eadem causa petendi), es decir, el hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado (CSJ SL, 23 oct. 2012, rad. 39.366 reiterada en SL6097-2015).
 
Los anteriores requisitos o elementos, se encuentran presentes en la norma que consagra el fenómeno de la cosa juzgada, valga decir, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 303 del Código General del Proceso -aplicable por analogía del artículo 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social-, que exige para su declaratoria que «el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes».
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Se debe acudir al mecanismo de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no a la acción de tutela, cuando dentro del proceso contencioso-administrativo y al momento de incoar la respectiva demanda, se solicitan medidas cautelares conforme a los artículos 229 y siguientes del CPACA, con el fin de […] proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia […]. En tales condiciones (la existencia de otro medio de defensa judicial), resulta aplicable la preceptiva del numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, norma que guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en virtud de los cuales la acción de tutela (…) solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. 
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