Jurisprudencia (330)

Las políticas, programas o medidas desarrolladas por la administración que tengan por objetivo la protección del interés general y que impacten  personas que hacen parte de un grupo marginado o discriminado deben sujetarse a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. 
 
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“Existen marcadas diferencias entre el régimen de administración de personal que se aplica a los empleos de carrera administrativa y los de libre nombramiento y remoción incluido el cargo de asesor, una de ellas y quizás la más relevante es  la estabilidad laboral con que cuentan los empleados pertenecientes a carrera administrativa y su forma de vinculación a la entidad, que es mediante concurso de méritos; así mismo, tienen la posibilidad de ser encargados de otros empleos de superior jerarquía, así como el derecho que se les otorgue comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento remoción y, en caso de supresión del cargo o de reestructuración pueden optar por la incorporación o la indemnización, privilegios con que no cuentan los empleados de libre nombramiento y remoción, es decir, que si bien el cargo tiene el mismo nivel, no se puede afirmar que son iguales y por consiguiente tienen los mismos derechos; además que las funciones que ejercen tampoco son las mismas, perteneciendo los empleados de carrera administrativa a la plata global y los de libre nombramiento a la planta estructural”.
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“En lo que tiene que ver con la educación en Colombia, ésta se encuentra establecida como un derecho fundamental y como un servicio público que cuenta con una función social, y que debe ser garantizado por el Estado”. Entre los años 2011 a 2014, la Fundación Universitaria San Martín ofertó su programa de odontología y sus respectivas especializaciones para nuevos alumnos y a pesar de no contar con registro calificado, no dejaron de publicitarlo en los medios de comunicación. La Fundación Universitaria San Martín indujo a error voluntariamente a los estudiantes, al aceptarles la matrícula en  la especialización en Cirugía Maxilofacial de la facultad de Odontología, y permitir que cursaran los semestres que dura la misma, aceptando también los pagos por concepto de cada semestre que asistieron como estudiantes, sin advertirles que ese plantel no contaba con registro calificado para ofrecer ese programa.

 

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Las autoridades de transporte de la zona, deben iniciar un procedimiento administrativo con el fin de verificar que las empresas de buses, estén respetando lo dispuesto en la norma NTC-4901-1 en torno a la movilización de individuos que se trasladan en sillas de ruedas, so pena de imponer las sanciones correspondientes y adoptar las medidas para efectivizar los mandatos legales exigibles actualmente y, pese a que la Sala considera que si bien las empresas transportadoras no pueden de manera inmediata e instantánea, garantizar el acceso de las personas que se movilizan en sillas de ruedas al sistema de transporte a través de plataformas especializadas sin tener que soportar cargas técnicas y financieras excesivas, si deben, para proteger la prestación de carácter programático derivada de la dimensión positiva de la libertad de locomoción en un Estado Social de Derecho, contar con un programa o plan encaminado a asegurar el goce efectivo de sus derechos.

 

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