Jurisprudencia (334)

Las autoridades de transporte de la zona, deben iniciar un procedimiento administrativo con el fin de verificar que las empresas de buses, estén respetando lo dispuesto en la norma NTC-4901-1 en torno a la movilización de individuos que se trasladan en sillas de ruedas, so pena de imponer las sanciones correspondientes y adoptar las medidas para efectivizar los mandatos legales exigibles actualmente y, pese a que la Sala considera que si bien las empresas transportadoras no pueden de manera inmediata e instantánea, garantizar el acceso de las personas que se movilizan en sillas de ruedas al sistema de transporte a través de plataformas especializadas sin tener que soportar cargas técnicas y financieras excesivas, si deben, para proteger la prestación de carácter programático derivada de la dimensión positiva de la libertad de locomoción en un Estado Social de Derecho, contar con un programa o plan encaminado a asegurar el goce efectivo de sus derechos.

 

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“Existen sentencias paradigmáticas --emblemáticas además-- como la SU-159 de 2002, la T-233 de 2007 y la C-591 de 2005, a través de las cuales ha trazado [la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia] por lo menos cuatro contundentes parámetros [en el sentido de que cuando la víctima, siendo destinataria, por ejemplo, de una llamada extorsiva, es quien preconstituye la prueba para demostrarla, necesita autorización judicial para grabar, filmar, etc]: (i) En todo caso, lo fundamental es que una prueba obtenida de ese modo, no puede ser valorada ni usada “cuando se adoptan decisiones encaminadas a demostrar la responsabilidad”; (ii) “el mandato constitucional de exclusión de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso exige que el funcionario judicial de manera expresa determine que la prueba viciada no puede continuar formando parte del expediente”; (iii) la grabación de una conversación que se hizo sin el consentimiento del procesado, vulneró el derecho a la intimidad y en esas condiciones, la grabación no podía presentarse como prueba válida en el proceso y debió ser expulsada; (iv) “Si encuentra que la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, el juez a cargo del control no legitima la actuación de aquella y, lo que es más importante, los elementos de prueba recaudados se reputan inexistentes y no podrán ser luego admitidos como prueba, ni mucho menos valorados como tal”.

 

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“La caducidad de la acción contenciosa administrativa como instituto procesal obtiene soporte y fundamento en el artículo 228 de la Constitución Política. Dicho fundamento constitucional determina la aplicación de los términos procesales en el ordenamiento jurídico, buscando ante todo la protección material de los derechos y la resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario en el complejo tejido social (…) la caducidad implica la pérdida de oportunidad para reclamar por vía judicial los derechos que se consideren vulnerados por causa de la actividad del Estado, solo se debe proceder a su declaración cuando existan elementos de juicio que generen certeza en el juez respecto de su acaecimiento, por lo que ante la duda se deberá dar trámite al proceso a fin de que en el mismo se determine, sin asomo de dudas, la configuración o no de la caducidad”.   
 
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“En materia de indexación,   la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual;  al no haber prohibición expresa por el legislador ante la posibilidad de indexar la primera mesada causada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, no hay cabida para hacer diferenciaciones fundadas en la naturaleza de la prestación o en la fecha de su reconocimiento, que resultan injustas y contrarias al principio de igualdad”.
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