Jurisprudencia (334)

En aras de garantizar el debido acceso a la Administración de Justicia, la Sala interpreta que la demanda se interpuso en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., por lo cual debe tenerse en cuenta que dicha acción caduca al cabo de 4 meses, contados a partir del día siguiente de la notificación del acto.
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Sancionado abogado por abuso de las vías de derecho. La Sala reitera que la interposición de recursos es una actividad propia del litigio y, por ende, hace parte del actuar de los profesionales del derecho, sin embargo, el uso de los medios de impugnación, entre los cuales se encuentra el de reposición, se encuentra reglado, no pudiéndose utilizar de manera desmedida y sin fundamento legal alguno, pues se corre el riesgo de convertirse en un abuso de las vías de derecho.

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La finalidad del artículo 43 de la Ley 57 de 1887 es la de prohibir el registro de actos que impliquen disposición de bienes que se encuentran fuera del comercio por estar embargados, como ocurre en la sucesión por causa de muerte, ya sea testada (caso en el cual quien dispone del inmueble es el titular del mismo), o intestada (donde la Ley suple, e inclusive, se impone a la voluntad del causante conforme a claras directrices legales u órdenes sucesorales), pues en estos eventos, a diferencia de lo que acontece con la partición material en un proceso divisorio, el inmueble deja de pertenecer al causante para trasladar su dominio a otras personas (herederos o incluso acreedores). El artículo 13 del Decreto 1604 de 1966, establece: “Los registradores de instrumentos públicos no podrán registrar escritura pública alguna, ni particiones y adjudicaciones en juicios de sucesión o divisorios, ni diligencias de remate, sobre inmuebles afectados por el gravamen fiscal de valorización a que se refiere el artículo anterior, hasta tanto la entidad pública que distribuyó la contribución le solicite la cancelación del registro de dicho gravamen, por haberse pagado totalmente la contribución…”.
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“En los eventos en que un paciente requiere un auxilio o servicio médico excluido del POS su familia tiene la obligación de sufragar el costo de este, puesto que el desembolso de dinero es una carga soportable derivada del principio de solidaridad. De ahí que “eximir a una persona con capacidad de pago del deber de pagar los costos razonables del servicio, implica desconocer el principio de solidaridad dado que los recursos escasos del Fosyga terminan asignándose a quien tiene condiciones económicas suficientes en lugar de beneficiar a quienes son pobres o carecen de capacidad económica para asumir el costo de cierto servicio médico”.
 
Esta exigencia resulta desproporcionada cuando el usuario o sus allegados carecen de los recursos para acceder a las prestaciones, escenario que implica la vulneración de los derechos del paciente y de la justicia material. En esa hipótesis para evitar la afectación de los principios constitucionales, el Estado debe asumir el costo del insumo o servicio. Lo anterior en razón de que “el derecho a la seguridad social descansa en los principios constitucionales de solidaridad y efectividad de los derechos fundamentales”.
 
En la situación descrita, el juez de tutela ordenará el servicio excluido del POS y evaluará la capacidad económica para materializar el derecho a la igualdad, al redistribuir las cargas en la sociedad que se derivan del principio de solidaridad. Regla que se deriva del mandato de proporcionalidad”.
 
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