Jurisprudencia (329)

La libertad de expresión no puede terminar avalando palabras, gestos o conductas, que inciten a la violencia o una acción perjudicial en contra de una persona.

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LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA –SALA DE CASACIÓN PENAL, dictó sentencia  contra la ex Directora  del Departamento Administrativo de Seguridad del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, doctora María del Pilar Hurtado Afanador  y el ex Director del Departamento Administrativo de la Presidencia del mismo gobierno, Dr. Bernardo Moreno Villegas.  María del Pilar Hurtado fue condenada a 14 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento público, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, prevaricato por acción y abuso de autoridad. Bernardo Moreno fue condenado a 8 años de prisión domiciliaria por los delitos de concierto para delinquir simple, interceptación de comunicaciones y abuso de función pública.
 
 
 
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La Corte Constitucional al revisar una tutela sobre los derechos fundamentales de las familias cuando el compañero permanente, que tiene a su cargo el sostenimiento del hogar, es reclutado y llevado a prestar el servicio militar, recordó que mediante sentencia C-755 de 2008, en la que se analizaba si los hombres que viven en unión marital de hecho deben o no prestar el servicio militar-, la causal de exención contenida en el artículo 28, literal g, de la Ley 48 de 1993 se hizo extensiva a “quienes convivan en unión permanente”, y no sólo a quienes hayan declarado su unión marital de hecho.

 

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Debido a la abierta discrepancia que se presenta entre la  jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, respecto al inexcusable deber de motivar los actos administrativos de retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad, la Corte Constitucional reitera que lo discrecional no puede confundirse con lo arbitrario, pues esto último implica un capricho individual que no está sujeto al ordenamiento jurídico y es contrario por completo a la atribución facultativa. La discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad y, en el caso de los policías, es verificable a través i) de los procedimientos previos de evaluación y ii) de las acciones judiciales de defensa correspondientes.

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