Jurisprudencia (329)

CORTE CONSTITUCIONAL.  La Corte despenalizó el homicidio por piedad siempre que se constataran las circunstancias descritas en la Sentencia C-239 de 1997. Lo importante de esa providencia es que, por un lado, permitió la práctica de la eutanasia y otros procedimientos tendientes a garantizar la dignidad del paciente, y segundo, elevó a la categoría de fundamental el derecho a morir dignamente. Fue así que una vez enunciada esta garantía fundamental, exhortó al Congreso para que en el menor tiempo posible reglamentara la manera como en la práctica se materializaría ofreciendo algunos criterios que deberán tenerse en cuenta a la hora de expedir la ley estatutaria sobre el tema.
 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Según el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, sin que sea menor de 5 años, ni exceda de 20, salvo las excepciones allí señaladas (etapa de instrucción). Conforme al artículo 86 ibidem ese tiempo se interrumpe por la resolución de acusación debidamente ejecutoriada y comienza nuevamente a correr por uno igual a la mitad del señalado en el artículo 83, sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 10 (etapa del juicio).
 
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La conducta celosa, machista y obsesiva de la pareja en escenarios familiares y laborales, contribuye a perpetuar la violencia y la discriminación de la mujer y a invisibilizar la violencia doméstica y psicológica. La persona afectada, no puede estar obligada a soportar peleas y maltratos discriminatorios que la lleven a vivir intimidada y con miedo de realizar sus actividades diarias con ocasión de las actitudes posesivas de su pareja.

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El juez puede rechazar la práctica de pruebas que considere que no serán útiles al proceso en virtud de sus poderes de dirección y en atención al principio de la economía procesal. Innecesario y dilatorio sería que el juez, a sabiendas que una prueba no es útil al proceso, la decretara.

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