Jurisprudencia (334)

“La Constitución] y el Decreto 2591 de 1991 han dispuesto que en los casos en que existan otros medios de defensa judicial la acción de tutela procederá como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Como complemento, el artículo 8º del mismo decreto ley establece que cuando se está ante esta situación, la orden del juez de tutela sólo estará vigente durante el “término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado”. Es decir que, el peligro de que ocurra el perjuicio irremediable habilita la procedencia de la acción de tutela generalmente de forma transitoria.
 
La acción de tutela es procedente, cuando: (i) los mecanismos ordinarios no son eficaces para proteger los derechos fundamentales de los accionantes, puesto que –en el caso concreto- iniciar un proceso de nulidad y restablecimiento de derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, resultaría desproporcionado y desconocería las condiciones de vulnerabilidad manifiesta en la cual se encuentran los actores;  y (ii) hay una afectación al derecho fundamental al mínimo vital”.
 
 
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“De conformidad con el numeral 6° del artículo 831 E.T, la prescripción de la acción de cobro debe plantearse como excepción contra el mandamiento de pago. De modo que debe alegarse, según el artículo 830 E.T., en los 15 días siguientes a la notificación de la orden de pago, sin perjuicio de que pueda decretarse de oficio por parte de la administración.
 
En lo tocante a la prescripción de la acción de cobro, ésta se rige por lo dispuesto en el artículo 817 del Estatuto Tributario, que establece una prescripción de 5 años, contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo legalmente exigible.
 
(…)
 
 A partir del año 2003, el artículo 86 de la Ley 788 de diciembre de 2002 modificó las reglas para contabilizar el plazo de prescripción, (artículo 817 del E.T.) pero, esa norma parte del supuesto de que el contribuyente debía presentar declaración tributaria, y, por eso, para contabilizar el plazo de cinco años de prescripción se toma como referente la fecha de vencimiento del plazo para declarar, la fecha en que se presentó la declaración extemporáneamente o la fecha en que la declaración se corrigió. También previó que cuando se expidiera el acto administrativo de determinación o discusión de impuestos, el plazo se contaría a partir de la ejecutoria de ese acto”.
 
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“La posición adoptada por el Consejo de Estado, con fundamento en lo dispuesto en la parte final del artículo 8º, en el sentido de que era inviable computar tiempos públicos y privados para efecto del reconocimiento de la pensión de jubilación, fue replanteada en sentencia de unificación proferida el 24 de septiembre de 2015, en atención a la postura que sobre esta temática adoptó la Corte Constitucional, y con el objeto de garantizar el principio de favorabilidad, para concluir que el artículo 6º no exige que los 20 años de servicio tengan que prestarse exclusivamente en el sector público, lo que se traduce en que es válido acumular los tiempos de labor en el sector público y en el privado, siempre que se acredite que 10 de esos 20 años, continuos o discontinuos, se hayan trabajado al servicio de la Rama Judicial y/o el Ministerio Público. Por lo que en consecuencia, el monto de la pensión corresponde al 75% de la asignación mensual más elevada que el empleado hubiere devengado en el último año de servicios”.

 

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“Pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 (parcial) del Acto Legislativo 2 de 2015, “por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”

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