Corrupción en Argentina: Caso Ciccone Destacado

Corrupción en Argentina: Caso Ciccone www.arteargentino.com

Implicado: AMADO BOUDOU, Vicepresidente actual de la Nación Argentina y persona de confianza de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

seprin.info
 
¿Quién es Amado Boudou? Economista, político y rockero argentino de 52 años, en la actualidad desempeña el cargo de Vicepresidente de Argentina. Hoy está acusado de cohecho[1] y negociaciones incompatibles con su función cuando era Ministro de Economía en el año 2010. Se le acusa de participar en una maniobra ilegal para apoderarse de Ciccone Cartográfica y luego beneficiarse con jugosos contratos firmados entre la imprenta y el Estado.
 
LA HISTORIA: La imprenta de papel moneda Ciccone Cartográfica es la única imprenta privada de Argentina y por lo tanto la única que cuenta con la tecnología para hacer billetes de curso legal del país suramericano. En julio del año 2010 siendo Amado Boudou Ministro de Economía; Hacienda de Argentina solicitó la quiebra de Ciccone por la difícil situación económica que enfrentaba para esa época; pero  curiosamente en septiembre del mismo año, la misma Hacienda revocó su decisión y pidió levantar la quiebra contra la imprenta.
 
¿Qué pasó? En ese lapso una sociedad llamada “The Old Fund” pagó una llamativa fortuna para hacerse a las acciones de la imprenta Ciccone Cartográfica y la salvó de la iliquidez en la cual se encontraba.
 
El representante legal de “The Old Fund” Alejandro Vandenbroele, resultó ser un abogado del socio y mejor amigo de Boudou -José María Nuñez- que logró la compra de la imprenta y beneficios gubernamentales con el aval del ministro de economía de la época, Amado Boudou.
 
¿Cómo? La Agencia Tributaria benefició a la imprenta con una moratoria excepcional para refinanciar su deuda y con la posibilidad de firmar contratos arreglados desde el Gobierno. Es decir, Boudou ayudó a salvar una empresa vital para el funcionamiento monetario del gobierno argentino y desde el Gobierno -como funcionario-, se benefició de ella, a través de la firma de contratos.
 
Pero la historia tiene mucho más. Por otro lado, Alejandro Vandenbroele que estaba casado con la artista argentina Laura Muñoz fue denunciado por esta, en un  proceso litigioso de divorcio, bajo el cargo de ser un testaferro de Amado Boudou. Ella afirmó que la compra de Ciccone Cartografica, hoy llamada Compañía de Valores Sudamericana, empresa privada con tecnología especializada para imprimir papel moneda era realmente de Amado Boudou y no de su ex. ¿Qué dijo Vandenbroele ante la acusación de su exesposa? Que no conoce “ni siquiera de vista al vicepresidente Amado Boudou” y que “todo se trata de una mentira”.
 
No obstante, el 27 de junio de 2014, el juez de la causa Ariel Lijo procesó a Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles con su condición de funcionario público porque según la justicia aceptó como soborno acciones de la imprenta Ciccone para hacer negocios para sí, y se interesó en los trámites para levantar la quiebra de la compañía.
 
¿Qué dice Boudou? Lo mismo que dicen todos los corruptos cuando se les pisa la cola. Afirmó que recibió presiones para otorgar las facilidades a “The Old Fund” en la compra de la imprenta y que es una víctima de una “operación mediática” organizada por el diario Clarín, el más importante de la Argentina. Aseveró que es inocente y víctima de una maniobra de grupos económicos concentrados que vieron afectados sus intereses, por las políticas populistas del gobierno kirchnerista.
 
Pero Boudou, que no salió de la pobreza y las dificultades padecidas por tanta gente honrada y sacrificada de la sociedad, sino de las oportunidades -debería dar ejemplo de honestidad y rectitud- no sólo está vinculado al caso Ciccone: (i)  su ex esposa tampoco está tranquila y lo denunció por presunta adulteración de sus bienes gananciales. Ella afirma que Amado Boudou falsificó los documentos de un apartamento y un auto que compraron juntos para no darle su parte una vez finiquitado el divorcio.; (ii) tiene abierto un proceso por presunto enriquecimiento ilícito; (iii)  En el año 2012 fue denunciado e imputado por malversación de fondos durante su gestión cómo director de la ANSES. Se dice que usó fondos jubilatorios para la compra de electrodomésticos destinados a propaganda política u otros programas; (iv) También fue imputado por la supuesta malversación de fondos en la compra de bonos a precio superior que el del mercado. En total, según informan los medios argentinos, suma diez causas en su contra con la Justicia Federal.
 
En Argentina los dirigentes políticos  de la oposición al gobierno de la Kirchner, claman su renuncia y un juicio político ejemplar, pero la propia Cristina Fernández no dice nada, ni asume una posición contundente frente al asunto  y de esa forma evade la responsabilidad que  como gobernante le corresponde frente a  los derechos de los argentinos ¿Por qué?
 
Frente al juicio político que se está exigiendo por la oposición, los seguidores de la Kirchner (son la mayoría en ambas cámaras parlamentarias) afirman en defensa de Boudou que el intento político de enjuiciar al Vicepresidente es “un ataque a la democracia argentina” cuando está claro que Boudou “sigue siendo una persona sin macula”.
 
De prosperar el juicio y no la complacencia política, Boudou estaría enfrentado a una condena de uno a seis años de prisión e inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos. Para el juez de la causa Boudou  “conjuntamente con su socio y amigo, José María Núñez Carmona, y de forma desdoblada con división de funciones, hizo uso de su condición de alto funcionario público para adquirir el 70% de la calcográfica Ciccone, que luego contrataría con el Estado Nacional -al que él representaba y actualmente aún representa- para la impresión de papel moneda de curso legal”.
 
 
[1] Delito de Cohecho en Argentina es aquel por el cual una persona por sí o a través de terceros  ofrece dádivas, favores, promesas o ventajas a un funcionario público para que en el ejercicio de sus funciones realice u omita realizar un acto que es propio de su competencia, penando de igual manera al funcionario que acepta las mismas y agravando en ambos casos las penas cuando el funcionario involucrado revista como magistrado en el Poder Judicial o Ministerio Público.
ART. 405.- Código Penal Colombiano. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o ara ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión…”.
La Voz del Derecho

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