Breves (66)

El Director de Human Rights Clinic de la Universidad de Texas, Ariel Dulitzky, muestra su preocupación al manifestar que la Comisión es el único organismo que ante los deterioros institucionales que afectan a los derechos humanos, actúa. Sería muy grave que tuviera que dejar de hacerlo  por la crisis que atraviesa lo que sin duda podría “repercutir en la calidad de los derechos humanos y en la calidad democrática de la región”.
 
Para el secretario ejecutivo de la CIHD, Emilio Álvarez Icaza, la despedida del personal llevaría  a la Comisión a retroceder 30 años en el trabajo logrado en pro de los derechos humanos. Su predecesor, Santiago Canton, agregó que la CIDH perdería la “posibilidad de hacer su trabajo, como emitir medidas cautelares o de protección cuando una persona está siendo amenazada. Y eso ha salvado vidas humanas en Latinoamérica”.
 
Investigaciones como la del caso de los 43 niños desaparecidos en Ayotzinapa se podrían en riesgo, ya que  fue precisamente el CIHD a través de su proyecto Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el que mayor interés evidenció en esa investigación concluyendo la presencia de números errores en la indagación preliminar. Se trata de la perdida, para todos los países miembros, de una “observación independiente” en materia de investigación de la violación a los derechos humanos.
 
La CIDH pone sobre la mesa su crisis financiera y reclama mayor compromiso de los países miembros porque a pesar de la importancia de este organismo, tan solo en el año 2016 ha recibido aportes de Argentina, Estados Unidos, Perú y Uruguay, aportando los Estados Unidos el 90% del total recibido (2,5 millones de dólares).
 
Mientras los países de las Américas le aportaron en el año 2015, 20 millones de dólares a la Corte Penal Internacional (CPI), los mismos países en el mismo año le aportaron al CIDH 199.000 dólares. “Una vergüenza histórica” que esconde una “perversidad insólita” afirma Santiago Canton pues no se le aportan recursos a la CIDH porque en el fondo  “A los países de la región no les gusta la CIDH, les molesta porque les marca cuando están cometiendo errores, y a nadie le gusta eso”.
 
 
Estados Miembros: Argentina, barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Saint Kiits and Nevis, saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, The Bahamas, Trinidad and Tobago, Unites States of America, Uruguay y Venezuela.
 
 
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La Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm- Extensión Bogotá, realizará el próximo 17 de mayo a las 9 a.m. el lanzamiento del libro “La Rosca Nostra” del periodista Nathan Jaccard, quien relata en su obra cómo a través de correos electrónicos, llamadas y documentos, grandes conglomerados empresariales se unieron ilegalmente para fijar los precios de los productos de primera necesidad.
 
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La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), con sede en Madrid, organización dedicada presuntamente a la extorsión de empresas y particulares a quienes amenazaban de llevarlos a los tribunales si no les pagaban lo que pedían, contrataba –simultáneamente- los servicios profesionales de jueces y magistrados para que dictaran conferencias. 

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“La gran reforma de la justicia nunca estará en cómo se eligen magistrados sino que empezará cuando las facultades de derecho se preocupen por la formación humanista”. “¿Qué queremos de un abogado? Queremos buenos seres humanos” ha dicho el Dr. Juan Carlos Forero, decano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. El exdecano de la misma facultad, Dr. Antonio Aljure Salame, expresó “Montar una facultad de Derecho es muy fácil: contratan abogados, les pagan unos cuantos pesos por unas horas de clase, crean una biblioteca relativamente sencilla y está la facultad”.
 
Según información del diario El Tiempo, en Colombia “al menos siete de cada diez abogados se forman en programas que no tienen acreditación de alta calidad y que apenas cumplen los requisitos mínimos para recibir estudiantes universitarios (…) 
 
Cada año, más de 15.000 nuevos abogados salen graduados de los 165 programas de derecho existentes en el país, en los cuales se encuentran actualmente inscritos 137.948 estudiantes. Muchos de ellos logran el título en tres años o menos, pues en los últimos años se produjo una explosión de nuevas facultades que ofrecen la posibilidad de ahorrarse, en algunos casos, hasta la mitad del tiempo de carrera tradicional”[1].
 
Las sanciones más comunes que se les ha impuesto a los abogados han sido en orden: (i) Demorar las gestiones encomendadas o no hacerlas; (ii) No entregar a quien corresponda dineros, bienes o documentos; (iii) Aceptar encargos profesionales para los que no está capacitado; (iv) Ejercicio ilegal de la profesión; (v) Intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad; (vi) Dilatar procesos con la interposición de recursos y abusar de las vías de derecho[2].
 
 
 
 
 
 
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