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ANÁLISIS - Desmonte de la Tutela - 24 ABRIL 2014
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A la Corte Constitucional corresponde, según al artículo 86 de la Constitución, unificar la jurisprudencia y sentar doctrina sobre la acción de tutela, su uso y sus restricciones, en virtud de la revisión eventual de los fallos que dictan al respecto jueces y tribunales.
 
Desde 1992, la Corte ha trazado pautas de gran importancia acerca de la procedibilidad de la acción de tutela y sobre el objeto de la misma, que consisten en la protección efectiva, por vía judicial, de los derechos fundamentales. 
 
Aunque en los últimos años la Corte Constitucional se ha demorado demasiado en dictar y dar a conocer sus fallos –recuérdese el caso de la ex senadora Piedad Córdoba o el de la adopción por parte de parejas del mismo sexo-, lo cierto es que los magistrados deberían pensar en la importancia que tienen sus fallos de revisión, que son los que orientan la interpretación y aplicación del Derecho al respecto.
 
Pero de allí no se puede concluir que sea necesaria, como lo ha dicho el Gobierno, una reforma –que más sería un desmonte o inutilización- de la acción de tutela.
 
La tutela es hoy por hoy el único mecanismo judicial que está funcionando real y oportunamente en juzgados y tribunales –aunque se demora en la Corte Constitucional, que es donde menos se debería demorar-, y lo cierto es que los ciudadanos han encontrado en ella una eficiente vía de
acceso al amparo de sus derechos básicos.
 
Ya el Gobierno la ha querido desmontar en materia de salud y ahora lo pretende hacer en todas las materias. sería Un retroceso lamentable en términos democráticos.


 

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Caso Interbolsa.

24 Abr 2014
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A exdirectivos de la comisionista, deudores y hasta socios se les imputará cargos dentro de la investigación que se viene adelantando en el caso de Interbolsa.
 
La Fiscalía les imputará los delitos de captación masiva y habitual de dinero del público, manipulación fraudulenta de acciones inscritas en el registro nacional de valores, administración desleal, estafa y concierto para delinquir.
 
Entre quienes resultaran afectados con la medida están Rafael Saravia miembro de la junta directiva de la comisionista; Juan Felipe Ruíz, gerente técnico de la firma; Tomás Jaramillo, socio del Fondo Premium; Víctor Maldonado, deudor del fondo Premium y Juan Carlos Ortiz socio del mismo fondo.  
 
Ya se encuentran privados de la libertad  el padre de Tomas Jaramillo, Rodrigo Jaramillo y el italiano Alessandro Corridori.



 
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ANÁLISIS - Medios, Información y acción Estatal - 08 ABRIL 2014
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Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que actualmente en Colombia, son los medios de comunicación en especialmente la radio y la televisión, los encargados de señalar la agenda de los órganos y ramas del poder público. Es un fenómeno relativamente reciente, que ha venido creciendo hasta el punto de que si un tema no es tratado en los medios no califica como asunto de interés de los ministros, los congresistas, el Procurador, el Fiscal, la Contralora, los magistrados y los jueces, los candidatos presidenciales y el propio Jefe del Estado. Lo hemos visto en casos como la parapolítica, la yidispolítica, el fleteo, los conductores borrachos, el carrusel de la contratación, los problemas electorales, el matoneo y ahora lo vemos en el caso de los ataques con ácido: el Estado siguiendo la pista que le trazan los medios. Desde luego los medios han sido fundamentales para la denuncia de muchas cosas y para destapar lo que estaba oculto y actúan en el ejercicio del derecho a la información y de la libertad de expresión, no son responsables o culpables del fenómeno a notar. Esa responsabilidad recae en los funcionarios que en cuanto sólo obran en la medida en que los titulares, las noticias y los informes se lo indican, incurren en omisión. Inclusive, la demanda, la denuncia, la irregularidad, el problema que no trasciende a los medios, debe esperar meses y años para que alguna decisión judicial, administrativa o de gobierno, o legislativa inclusive, se produzcan. En cambio, es prioritario y pasa al primer lugar del orden del día, de la preocupación, de las propuestas, de las ponencias y de los proyectos de reforma el asunto con el cual se abren los noticieros o se encabezan los programas de opinión. En materia de delitos lo peor es que como en Colombia no existe una política criminal del Estado, los aumentos, disminuciones o supresiones de penas o la consagración de nuevas figuras delictivas, o hasta los nombres de las conductas, y desde luego también las sentencias, salen de los medios, y el Estado improvisa, al vaivén de lo que en los medios se debate. Repito: lo criticable no es que los medios informen, es su tarea, lo malo es que el Estado no se ocupe en la suya.

Ahora bien, a propósito de recientes hechos especial los ataques con ácido, ha comenzado un debate planteado inclusive por el Gobierno acerca del papel que juegan los medios de comunicación en estos casos. Ante todo vale la pena insistir en que los medios no hacen cosa distinta de cumplir su función en el seno de la sociedad. Informan lo que tienen que informar porque tienen derecho a hacerlo y porque la ciudadanía tiene derecho también, el derecho correlativo a saber lo que está pasando y a recibir información veraz e imparcial. Garantizados estos derechos fundamentales en la Constitución Política. Esa información desde luego debe ser responsable, la Constitución habla de responsabilidad social y es lo cierto que el morbo y el sensacionalismo no son propiamente formas loables de comunicación. Por ello deben ser muy cuidadosos en preservar la seriedad y la exactitud de las informaciones y el uso razonable y proporcionado de los canales informativos pero tampoco podemos caer en la censura y ni en la autocensura. Los medios tienen que seguir informando veraz e imparcialmente pero sin llegar al extremo de privar a los ciudadanos de conocimiento acerca de las cosas que pasan y que inclusive los pueden afectar y de manera grave como en el caso que comentamos o que simplemente les interesa. Lo que si pueden hacer los medios es insistir en la mesura y el autocontrol, evitando el sensacionalismo malsano y procurando más bien poner las noticias en el debido contexto y transmitir mensajes positivos al público, contribuyendo a crear conciencia colectiva sobre los valores y principios que imperceptiblemente e infortunadamente ha venido perdiendo nuestra sociedad.


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ANÁLISIS - Minería Ilegal - 07 ABRIL 2014
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Sin duda, hablando de nuestro país, la minería ilegal está causando muchísimos daños en Colombia. Además de desconocer claros principios contemplados en la Constitución y en las leyes, el ejercicio de esta actividad ilícita –en que están comprometidas organizaciones delictivas en distintas zonas del territorio- genera un ataque permanente a la naturaleza, y ocasiona erosión y perturbación ambiental en áreas muy extensas, que hoy se encuentran prácticamente destruidas.
 
Este es uno de los temas que deberían ocupar la atención de los candidatos presidenciales, y tendría que ser cuestión de primer orden en la gestión del próximo Congreso, e inclusive del actual, cuyo último período transcurre -hasta el próximo 20 de junio-, pero que se dedicará primordialmente -eso ya lo sabemos- a la política y a la campaña presidencial. Es obligación del estado garantizar a todos los colombianos un ambiente sano, y a los trabajadores condiciones dignas en el ejercicio de su actividad, todo lo cual es imposible en la minería ilegal que hoy se extiende y se multiplica sin que el Gobierno haya logrado erradicarla.
 
Desde luego, es indispensable reemplazar el Código Minero que se declaró finalmente inexequible mediante fallo diferido proferido por la Corte Constitucional. Recordemos que la Corte dictó su Sentencia, consideró que el Código era inconstitucional pero dijo que regiría durante dos años más, se cumplieron esos dos años, el tiempo transcurrió y el Congreso no expidió normas que reemplazaran o sustituyeran el Código Minero, entonces hay que expedirlo.
 
Ahora bien, vimos por televisión que las autoridades de Policía llegaron a sitios en donde tiene lugar precisamente la minería ilegal por cuenta de una organización criminal –los urabeños-, y eso nos parece muy bien, que haya llegado la autoridad y que se imponga el orden finalmente. Hay que perseguir a quienes llevan a cabo la depredación y la destrucción de nuestros recursos naturales y del ambiente.
 
Pero también se mostró en televisión cómo las autoridades destruyeron, mediante cargas de dinamita, las retroexcavadoras que se utilizaban para la minería ilegal. Esa política si nos parece, con el debido respeto, completamente inadecuada y hasta torpe. Las retroexcavadoras no son las culpables de la actividad ilícita y en cambio se necesitan. Los responsables son los grupos y organizaciones ilícitas y esas retroexcavadoras servirían para adelantar muchas obras públicas de las que lleva a cabo el estado colombiano y que se requieren en el país. ¿Por qué destruirlas, en vez de decomisarlas como instrumentos del delito, y entregarlas para el desarrollo de actividades lícitas? Por ejemplo, las obras públicas o la remoción de escombros cuando hay tragedias. Nos dirán que se hace  en virtud de normas vigentes pero entonces si esas normas están vigentes y si es obligatorio destruir la maquinaria, hay que modificar esas normas para canalizar esos elementos hacia lo lícito y sobre todo hacia lo que requiere el país.


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