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ANÁLISIS - Fallo de la Halla - 05 MAYO 2014
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La Corte Constitucional, con una votación de cinco contra cuatro, profirió el viernes el fallo cuyo sentido se había filtrado ya a los medios de comunicación, en torno al Pacto de Bogotá; en dos sentidos:
 
- Por una parte, la Corte declaró exequible ese Tratado Internacional, suscrito en 1948 durante la Conferencia Panamericana reunida en la capital colombiana, uno de cuyos artículos disponía que las controversias y diferencias entre los estados americanos se resolverían por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Fue de esa cláusula de ese Tratado Multilateral que la Corte Internacional de La Haya dedujo su competencia para resolver sobre la demanda de límites que había instaurado Nicaragua hace doce años, en Sentencia que despojó a Colombia de algo así como 75.000 kms de mar.
 
- En segundo lugar, la Corte Constitucional señaló que, según el artículo 101 de la Constitución, los límites de Colombia con naciones vecinas no se pueden modificar por fallos de tribunales internacionales sino únicamente mediante Tratados bilaterales. 

Aunque la Corte no mencionó el fallo de La Haya, se entiende que el propósito de los magistrados era transmitir el mensaje de un apoyo constitucional al Presidente Juan Manuel Santos en lo relativo a la declaración de inaplicabilidad de dicha providencia de la Corte Internacional de
Justicia. Como hemos dicho varias veces ese concepto de inaplicabilidad no existe en el derecho internacional.
 
En otros términos, aunque las demandas –entre ellas una de Santos- se referían al Tratado de Bogotá- que entre otras cosas fue denunciado por Colombia tras el fallo de noviembre de 2012-, lo cierto es que, según la Corte, Colombia debe entrar a negociar con Nicaragua los límites marítimos
entre las dos naciones.
 
Algunos han dicho que el fallo de la Corte Constitucional es acertado. Y lo puede ser desde el punto de vista político, más no desde el jurídico, por varias razones:
 
La Corte olvidó que Colombia está obligada a respetar los Tratados Internacionales que celebra, los principios del derecho internacional por ella aceptados, la cláusula Pacta Sunt Servanda- Los tratados deben ser cumplidos de buena fe-, y en cuanto a los límites, el artículo 101 de la Constitución –citado por la Corte Constitucional- también dispone que tienen lugar según el Derecho Internacional y sólo a falta de Tratados por el Derecho Interno.
 
Y quiero preguntar: alguien piensa que Nicaragua estará dispuesta a negociar con Colombia los límites marítimos prescindiendo del fallo de la Corte de La Haya, a modificar sus alcances, o a devolver a Colombia siquiera un metro cuadrado de lo que a Nicaragua le reconoció la Sentencia?
 
Soy pesimista al respecto.


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ANÁLISIS - Desmonte de la Tutela - 24 ABRIL 2014
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A la Corte Constitucional corresponde, según al artículo 86 de la Constitución, unificar la jurisprudencia y sentar doctrina sobre la acción de tutela, su uso y sus restricciones, en virtud de la revisión eventual de los fallos que dictan al respecto jueces y tribunales.
 
Desde 1992, la Corte ha trazado pautas de gran importancia acerca de la procedibilidad de la acción de tutela y sobre el objeto de la misma, que consisten en la protección efectiva, por vía judicial, de los derechos fundamentales. 
 
Aunque en los últimos años la Corte Constitucional se ha demorado demasiado en dictar y dar a conocer sus fallos –recuérdese el caso de la ex senadora Piedad Córdoba o el de la adopción por parte de parejas del mismo sexo-, lo cierto es que los magistrados deberían pensar en la importancia que tienen sus fallos de revisión, que son los que orientan la interpretación y aplicación del Derecho al respecto.
 
Pero de allí no se puede concluir que sea necesaria, como lo ha dicho el Gobierno, una reforma –que más sería un desmonte o inutilización- de la acción de tutela.
 
La tutela es hoy por hoy el único mecanismo judicial que está funcionando real y oportunamente en juzgados y tribunales –aunque se demora en la Corte Constitucional, que es donde menos se debería demorar-, y lo cierto es que los ciudadanos han encontrado en ella una eficiente vía de
acceso al amparo de sus derechos básicos.
 
Ya el Gobierno la ha querido desmontar en materia de salud y ahora lo pretende hacer en todas las materias. sería Un retroceso lamentable en términos democráticos.


 

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Caso Interbolsa.

24 Abr 2014
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A exdirectivos de la comisionista, deudores y hasta socios se les imputará cargos dentro de la investigación que se viene adelantando en el caso de Interbolsa.
 
La Fiscalía les imputará los delitos de captación masiva y habitual de dinero del público, manipulación fraudulenta de acciones inscritas en el registro nacional de valores, administración desleal, estafa y concierto para delinquir.
 
Entre quienes resultaran afectados con la medida están Rafael Saravia miembro de la junta directiva de la comisionista; Juan Felipe Ruíz, gerente técnico de la firma; Tomás Jaramillo, socio del Fondo Premium; Víctor Maldonado, deudor del fondo Premium y Juan Carlos Ortiz socio del mismo fondo.  
 
Ya se encuentran privados de la libertad  el padre de Tomas Jaramillo, Rodrigo Jaramillo y el italiano Alessandro Corridori.



 
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ANÁLISIS - Medios, Información y acción Estatal - 08 ABRIL 2014
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Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que actualmente en Colombia, son los medios de comunicación en especialmente la radio y la televisión, los encargados de señalar la agenda de los órganos y ramas del poder público. Es un fenómeno relativamente reciente, que ha venido creciendo hasta el punto de que si un tema no es tratado en los medios no califica como asunto de interés de los ministros, los congresistas, el Procurador, el Fiscal, la Contralora, los magistrados y los jueces, los candidatos presidenciales y el propio Jefe del Estado. Lo hemos visto en casos como la parapolítica, la yidispolítica, el fleteo, los conductores borrachos, el carrusel de la contratación, los problemas electorales, el matoneo y ahora lo vemos en el caso de los ataques con ácido: el Estado siguiendo la pista que le trazan los medios. Desde luego los medios han sido fundamentales para la denuncia de muchas cosas y para destapar lo que estaba oculto y actúan en el ejercicio del derecho a la información y de la libertad de expresión, no son responsables o culpables del fenómeno a notar. Esa responsabilidad recae en los funcionarios que en cuanto sólo obran en la medida en que los titulares, las noticias y los informes se lo indican, incurren en omisión. Inclusive, la demanda, la denuncia, la irregularidad, el problema que no trasciende a los medios, debe esperar meses y años para que alguna decisión judicial, administrativa o de gobierno, o legislativa inclusive, se produzcan. En cambio, es prioritario y pasa al primer lugar del orden del día, de la preocupación, de las propuestas, de las ponencias y de los proyectos de reforma el asunto con el cual se abren los noticieros o se encabezan los programas de opinión. En materia de delitos lo peor es que como en Colombia no existe una política criminal del Estado, los aumentos, disminuciones o supresiones de penas o la consagración de nuevas figuras delictivas, o hasta los nombres de las conductas, y desde luego también las sentencias, salen de los medios, y el Estado improvisa, al vaivén de lo que en los medios se debate. Repito: lo criticable no es que los medios informen, es su tarea, lo malo es que el Estado no se ocupe en la suya.

Ahora bien, a propósito de recientes hechos especial los ataques con ácido, ha comenzado un debate planteado inclusive por el Gobierno acerca del papel que juegan los medios de comunicación en estos casos. Ante todo vale la pena insistir en que los medios no hacen cosa distinta de cumplir su función en el seno de la sociedad. Informan lo que tienen que informar porque tienen derecho a hacerlo y porque la ciudadanía tiene derecho también, el derecho correlativo a saber lo que está pasando y a recibir información veraz e imparcial. Garantizados estos derechos fundamentales en la Constitución Política. Esa información desde luego debe ser responsable, la Constitución habla de responsabilidad social y es lo cierto que el morbo y el sensacionalismo no son propiamente formas loables de comunicación. Por ello deben ser muy cuidadosos en preservar la seriedad y la exactitud de las informaciones y el uso razonable y proporcionado de los canales informativos pero tampoco podemos caer en la censura y ni en la autocensura. Los medios tienen que seguir informando veraz e imparcialmente pero sin llegar al extremo de privar a los ciudadanos de conocimiento acerca de las cosas que pasan y que inclusive los pueden afectar y de manera grave como en el caso que comentamos o que simplemente les interesa. Lo que si pueden hacer los medios es insistir en la mesura y el autocontrol, evitando el sensacionalismo malsano y procurando más bien poner las noticias en el debido contexto y transmitir mensajes positivos al público, contribuyendo a crear conciencia colectiva sobre los valores y principios que imperceptiblemente e infortunadamente ha venido perdiendo nuestra sociedad.


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