Análisis Jurídico: Enterremos la reelección. Gabriel Melo Guevara

Análisis Jurídico: Enterremos la reelección. Gabriel Melo Guevara 3.bp.blogspot.com

 

La reelección presidencia no debe seguir rondando entre los artículos de la Constitución, como un fantasma que puede reencarnar en cualquier momento.
 
Antes de las elecciones de 2014, con la reelección de Juan Manuel Santos propuesta según las normas constitucionales y legales vigentes, no tenía sentido desatar borrascas de campaña alrededor de una situación jurídica consolidada constitucionalmente. Habría aparecido como una maniobra para atravesarle obstáculos a Santos, minimizando su importancia entre los incidentes desapacibles de una contienda política encendida al rojo vivo.
 
Según la Constitución, el Presidente tenía derecho a buscar su segundo período y los colombianos a decir si lo reelegían o no.
Pero ya pasaron las elecciones y los ciudadanos volvieron a elegir a Juan Manuel Santos. Se aplacaron los ánimos y el nuevo ambiente nos permite pensar con serenidad, sin consideraciones personales que interfieran ni intereses creados que perturben. Podemos decidir con cuatro años de anticipación, tiempo más que suficiente para tramitar sin apresuramientos las reformas constitucionales que se necesiten.
 
De Bolívar a Núñez
 
Salvo las de Manuel Murillo Toro y Rafael Núñez, las demás experiencias reeleccionistas son decepcionantes. Y es preciso recordar que estas dos ocurrieron el siglo antepasado, en los entonces llamados Estados Unidos de Colombia, con un régimen federal extremo y miniperíodos presidenciales de dos años. Lo sucedido con Núñez después de la constitución de 1886 es un caso excepcional e irrepetible.
 
A comienzos de nuestra vida independiente, la continuidad de Bolívar en el mando estuvo llena de problemas y desembocó en un mal fin, con la ingratitud desatada, inflación de pequeñas intrigas, envidias al por mayor, leguleyos convertidos en conspiradores de puñal oculto y ambiciosos envanecidos que buscaban la gloria descuartizando al país. Ahí se hundió la Gran Colombia. Contra Bolívar se crecieron los enanos.
 
La reelección del general Tomás Cipriano de Mosquera no pudo traer peores consecuencias. Después de un primer período unánimemente  aplaudido, su regreso al poder estuvo marcado por guerras civiles, fusilamientos ejecutados mientras llegaba la orden y persecuciones religiosas. La República entró en permanente agitación.
 
Al General se le salió el autócrata. Expropió bienes de la Iglesia en lo que las malas lenguas de la época llamaron desamortización de bienes de uñas vivas, desterró a su hermano, el Arzobispo Manuel José Mosquera, y terminó el mandato cuando sus presuntos partidarios no pudieron atarlo con los artículos de la Constitución de Rionegro, y decidieron amarrarlo físicamente en la propia casa de gobierno. Es un triste final. En su ocaso, el viejo guerrero recorre como sombra errante los senderos de Coconuco, mientras los vivas que unos gritan cuando pasa le recuerdan las aclamaciones de sus áulicos, los cuales, como buenos áulicos, desaparecieron cuando llegó la mala fortuna.
 
De Barro Colorado al 10 de mayo
 
Rafael Reyes despertó tal entusiasmo en sus primeros días de gobierno, que le alargaron el período presidencial a diez años, mientras él fuera Jefe de Estado.
 
Pero el descontento que sobrevino lo obligó a salir del país casi en fuga, durante un viaje a la Costa Atlántica, después de salvarse milagrosamente de un atentado en Barro Colorado, mientras paseaba en coche con su hija Sofía, por las afueras del Bogotá de comienzos del siglo veinte.
 
El ímpetu renovador de Alfonso López Pumarejo en su primer mandato lo llevó al segundo, lleno de dificultades que lo forzaron a renunciar sin completarlo. Alberto Lleras asumió en el último año y el Partido Liberal se cayó en las elecciones de 1946, al dividir sus mayorías entre Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán. El candidato conservador, Mariano Ospina Pérez, pasó por la mitad.
 
El general Gustavo Rojas Pinilla ni siquiera alcanzó a iniciar el período para el cual lo reeligió su Asamblea Nacional Constituyente. El 10 de mayo de 1957 tiene que irse y una Junta Militar encabeza el regreso a la normalidad constitucional, aprobada plebiscitariamente el primero de diciembre de ese año.
 
El alto costo de ganar
 
Las energías gastadas en la batalla jurídica y política para reelegir a Álvaro Uribe hicieron falta desde el comienzo de un segundo período, sembrado de complicaciones de toda clase.
 
No le perdonaron al Presidente el éxito de su política de seguridad. Le montaron una dura campaña de descrédito nacional e internacional. Tuvo que afrontar guerras en varios frentes. Al guerrillero se añadieron el político, el externo, el social y el jurídico, acompañados de embestidas legales masivas, que intentaron instrumentalizar los organismos internacionales multilaterales como armas de lucha doméstica.
 
A medida que se extinguía el segundo mandato, cada paso adelante costaba el doble o el triple del esfuerzo normal.
 
En Estados Unidos dicen que atacar al Presidente en su último año es tan fácil como dispararle a un pato sentado. Aquí no repiten la frase pero, durante los años finales, el mundo político sale de cacería, con la escopeta de perdigones al hombro, confiando en ganar algo por disparar o por no disparar.
 
El camino cerrado
 
Alfonso López Michelsen perdió con Belisario Betancur las elecciones que lo habrían llevado a su segunda presidencia. Y cuando Carlos Lleras Restrepo aspiró a reelegirse no alcanzó ni siquiera a ser candidato de su partido.
 
Lo derrotaron en las consultas internas del liberalismo.
 
Estas experiencias reiteradas le dicen un rotundo no a la reelección.
 
La lógica interna de la Constitución
 
Pero las razones para descalificar esta repetición no son solo históricas. Nuestra democracia tiene una lógica interna que no puede quebrantarse impunemente, pues va mucho más allá del simplismo de reducir todo a la ecuación democracia igual a elecciones.
 
La estructura del Estado es un conjunto de piezas ensambladas, no un montón de partes sueltas que ruedan estrellándose unas con otras, sin orden ni propósito. Los períodos presidenciales no se sacan al azar, de una bolsa llena de balotas numeradas.
 
Consolidación de los cuatrienios
 
A los cuatro años actuales se llegó después de experimentar durante dos siglos y encontrar que los diez de Reyes eran un exabrupto, seis resultaron demasiados en el texto original de 1886, y dos casi institucionalizan la anarquía durante la vigencia de la Constitución de Rionegro. En cambio, el cuatrienio, establecido desde comienzos del siglo pasado, se acomodó al modo de ser nacional. Desde hace más de cien años viene funcionando bien, sin generar crisis por breve ni protestas por excesivo.
 
Por los seis años se cruzó a paso ligero, al principio de la Constitución de 1886, que estableció ese término como una reacción a los mínimos que pusieron al país en ebullición electoral permanente desde 1863. Los inconvenientes tardaron en verse mientras rigió una especie de acuerdo tácito para que Rafael Núñez fuera el Presidente. Pero, como permanecía en Cartagena, el Vicepresidente ejercía el poder desde la capital. Terminada esa situación especial, fue evidente que los seis años no encajaban, y menos los diez que se ensayaron con nombre propio.
 
Desde el recorte de los seis previstos por la Carta de 1886, se consolidó un consenso tan fuerte alrededor de los cuatro años, que la nueva Constitución de 1991 tuvo la sensatez de no tocarlos.
 
Armonización de períodos
 
A su alrededor gira el engranaje constitucional. Los otros términos no se graduaron conforme al presidencial por un capricho. Los de Cámara y Senado coinciden para que las ramas ejecutiva y legislativa reflejen el estado de la opinión durante el mismo lapso y mantengan, entre las dos funciones, un balance que corresponda a manifestaciones coetáneas de la opinión pública. El Constituyente quiere evitar un desfase y por eso unificó en cuatro el término de dos que, en algún momento, tuvo la Cámara de Representantes.
 
Del mismo modo los períodos de Fiscal, Contralor y Procurador no solo son iguales en duración, sino que se combinan de manera que coincidan con el presidencial. Con ese criterio se fijaron sus fechas. Son períodos institucionales, y así deberían permanecer, sin que la jurisprudencia los cambie a personales y desordene el resto del calendario, con consecuencias imprevistas.
 
Cuidado con improvisar
 
Cuando los nombramientos dependen de un sistema de elección complejo, en donde un órgano escoge entre la terna elaborada por otro, la oportunidad y duración determinan si se quiere acentuar la independencia del nombrado, o si es preferible que cada Presidente designe los encargados de vigilar y controlar su administración.
 
Un análisis semejante debe hacerse en relación con la Junta del Banco de la República y las nominaciones que le corresponden al Presidente, para definir si mantienen a la vez continuidad y autonomía de criterio mediante los cambios parciales, o si nos devolvemos a la anterior dependencia absoluta el Ejecutivo.
 
Departamentos y municipios
 
Esto para hablar solo del nivel nacional, porque igual ocurre en los departamentos, con gobernadores, asambleas, las cabezas de los entes de control y fiscalización y los demás funcionarios de período fijo.
 
Y lo mismo se repite en los municipios, empezando por alcaldes, concejos, juntas administradoras locales, contralores, personeros, tesoreros y cuanta posición se provea para un tiempo determinado.
 
Las repercusiones de la extensión y vigencia de los períodos afectan la estructura constitucional en su integridad. Y esa lógica interna se desbarajusta al duplicar el período presidencial con la reelección. En ese instante, desaparecen los efectos de la coordinación de los períodos. 
 
Acumulación de poder
 
Es lo natural en vista del enorme poder concentrado en el Presidente. En una democracia parlamentaria, el Jefe del Estado puede elegirse y reelegirse indefinidamente, o durar en el cargo mucho tiempo, porque su poder es muy reducido, casi ceremonial. Sus actos no inciden definitivamente en la operación diaria del Estado ni en la vida ordinaria de sus habitantes. Y como es así, en muchos países, el puesto lo ocupa un monarca hereditario que reina pero no gobierna, y puede permanecer indefinidamente en sus funciones o irse cualquier día, sin entorpecer la marcha el Estado. Para efectos prácticos, a los súbditos les da igual que siga el mismo rey o reina, o que lo reemplacen sus hijos o sus nietos.
 
En un sistema presidencialista el Presidente es Jefe del Estado y Jefe del Gobierno, con poderes amplios y profundos. Si a eso se suma una duración más larga, resultan exagerados en el tiempo y si, encima de todo, para llegar a los ocho años hay que ir a elecciones a los cuatro, la totalidad de funciones estatales se reorientan y ese cambio modifica el ejercicio del mando desde el primer día del período inicial.
 
Candidato a candidato
 
Ese poder no se ejercerá con la mira puesta en un plazo final de cuatro años, sino en unas elecciones dentro de cuatro años. No se elige un Presidente para gobernar cuatro años sino un candidato para ganar la elección dentro de cuatro años. Es decir, un candidato a candidato, que pasará los cuarenta y ocho meses iniciales como franco candidato a la reelección, y que adelantará su campaña investido de la majestad y el inmenso poder presidencial.
 
Los demás aspirantes competirán en despoblado. Por la fuerza misma de las circunstancias, independientemente de lo que piense, haga o diga el Presidente convertido en candidato, ahí no hay igualdad ninguna. Es inevitable, entonces, que los competidores empleen toda clase de recursos para compensar el desequilibrio, y así comienzan las controversias que envenenan los ánimos. Institucionalmente es de lo más peligroso que pueda sucederle a una sociedad largo tiempo golpeada por la violencia.
 
Con reelección por medio, primero los competidores, y después quienes los siguen, dejan de tratar al Presidente como Presidente. Lo maltratan como candidato. La investidura sale estrujada de la contienda electoral, gane o pierda.
 
Un Presidente es un Jefe de estado que manda. Un candidato es un solicitante que pide apoyo.
 
Los cuatrienios funcionan bien
 
Los cuatro años han dado buenos resultados, el país se acostumbró a ese ritmo y las modificaciones descuadernan un sistema montado sobre las bases del cuatrienio. ¿Para qué subir a seis?
 
En los ocho con reelección en la mitad, las elecciones intermedias son una fuente de inestabilidad y agitación innecesarias, que solo se explican por el temor de dejar unos intervalos tan prolongados sin consultar a la opinión. Si se pasa a seis, el lapso sigue siendo demasiado para la velocidad del mundo de hoy, acumula presiones y crea un problema donde no lo había. Bloqueadas las válvulas de escape por seis años, las tensiones estallan y las expectativas de cambio lejanas convierten la impaciencia en desesperación.
 
Si los cuatrienios funcionan adecuadamente ¿para qué cambiar? Si aquí estamos bien ¿por qué irnos para otra parte?
 
La duración de los períodos no es un problema. Tampoco una necesidad sentida del país. Tal vez sea un tema inquietante para los presidentes. Para ellos y nadie más. Los cuarenta y siete millones de colombianos tienen demasiadas preocupaciones reales para inventarse más.
 
Entierro oportuno
 
En cambio, este sí es el momento oportuno para enterrar la reelección, y la propuesta puede discutirse con total independencia de los nombres, pues las opiniones no van contra nadie ni favorecen a nadie. No se le cierra ni se le despeja camino a nadie.
 
En cualquier otro momento, las mentes suspicaces se exprimirán buscando argumentos para alegar que prohibir la reelección tiene nombre propio. Ahora no, lo cual despoja de personalismos el análisis.
 
Una definición de esta clase tranquiliza al país. Además, elimina la tentación de las reelecciones indefinidas, antes de que alguien proponga abrirles la puerta, a semejanza de lo que sucede con Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Cristina Kirchner en Argentina e iba camino de ocurrir con Hugo Chávez en Venezuela.
 
Pongámosle atención al tema pues, con tanta reelección, por todo el continente resuena la popular cueca que canta: “no hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera…”
 
Publicado en: Periódico El Nuevo Siglo del 17 de agosto de 2014, páginas 6C y 7C. Separata Día D.
 
Modificado por última vez en Martes, 19 Agosto 2014 14:32
Gabriel Melo Guevara

Imagen: lanacion.com.co

Email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Enlaces Recomendados

 

 

Zona Comercial

     

 

Acerca de Nosotros

Nuestro propósito es aprovechar la tecnología en beneficio de la divulgación, el análisis, la controversia, la verificación de los grandes asuntos en que aparece el Derecho, en cualquiera de sus ramas; los procesos judiciales de trascendencia y los más importantes debates y acontecimientos.