CEID: Césares de la decadencia. Por Jaime Andrés Nieto Criado.

15 Jul 2016
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CEID:  Césares de la decadencia. Por Jaime Andrés Nieto Criado. Imagen de: http://lavozdelderecho.com/

“¿Qué catástrofes, qué sacudimientos, qué convulsiones morales se sucedieron para acabar con esta ficción de República?”[1].

Si el constituyente quería una rama judicial independiente y ajena a los sucios juegos de los buitres de las ramas legislativa y ejecutiva, no lo logró. La rama judicial no solo es igual de corrupta que las demás, sino que es peor. Lo que se hace con la mano, se borra con el codo. Los grandes fallos de reivindicación de derechos y las justas y trascendentales providencias se dejan en un rincón cuando cae la noche y el lado oscuro de la rama judicial muestra sus fauces a un país que mira impávido.

A propósito del proceso de nulidad electoral contra el acto de reelección del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se ha dejado de presente (nuevamente), una de las vergüenzas más grandes al interior de la rama: el juego del yo te elijo, tú me elijes. Retomemos el caso.

Al final de su primer periodo como Procurador, al igual que la mayoría, Ordóñez se percató que podía usar la Constitución a su favor -después de todo, el derecho es dúctil-, puesto que al Constituyente de 1991 se le olvidó aclarar si el Procurador General de la Nación podía reelegirse. Ante el silencio de la Constitución, el Senado prefirió no hacer preguntas incómodas como por ejemplo ¿es conveniente? ¿eso habría querido el Constituyente? ¿no es demasiado poder? ¿tiene lógica al interpretarse sistemáticamente con la Carta? de manera que la reelección estaba cantada.

Pero el gran escudero del caballero Ordóñez fue en realidad la Corte Suprema de Justicia, la directora de este corrupto coro. De acuerdo con la demanda presentada por Dejusticia, el acto de la Corte, por el cual ternó a Ordóñez es ilegal puesto que el Procurador mantuvo en cargos en la Procuraduría o nombró en la misma a familiares de magistrados que votaron a su favor en dicho procedimiento. A simple vista, es completamente inmoral. Pero para ser justos con el tartufo Ordóñez, hay que decir que lo jurídicamente importante es la violación del artículo 126 de la Constitución Política, que prohíbe a los servidores públicos nombrar en cargos públicos a quienes los nombraron, o participaron en su designación. 

Ahora bien, el sistema de cooptación que se maneja al interior de la designación de las Altas Cortes ha mostrado en diversas oportunidades que se presta para la corrupción, el nepotismo y el intercambio de favores. Qué oprobio que nuevamente sea la Corte Suprema de Justicia la que está detrás del patrocinio de la vergüenza de la rama. Que no se le olvide a la Sala Plena del Consejo de Estado, que en sentencia del 15 de Julio de 2014, determinó que el acto expedido por la Corte Suprema de Justicia, por el cual se nombró a Francisco Javier Ricaurte Gómez como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura violaba el artículo 126 de la Constitución.

En ese caso, por increíble que parecía, los demandantes alegaban la nulidad del acto, puesto que Ricaurte, siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, participó con voto favorable, en el nombramiento de magistrados de la misma; magistrados que posteriormente, votaron a favor de Ricaurte para integrar el Consejo Superior de la Judicatura ¿logra ver el juego?: yo te elijo, tú me elijes, luego yo te elijo, luego tú me reeliges…  

Esa desvergonzada actuación, se justificó sin pudor alguno por Ricaurte en el monstruoso argumento de que el artículo 126 de la Constitución prohibía nombrar a familiares de dichos magistrados, pero no decía nada de nombrar a los magistrados como tal ¡Qué descaro! En este país de inescrupulosos, la Constitución se interpreta conforme a los intereses de quien le convenga y, claramente, de quien tenga el poder para influir en quienes interpretan la Ley.

Que no se deje la Sala Plena del Consejo de Estado influenciar por el cúmulo de dizque periodistas, exmagistrados, magistrados, políticos y otros bandoleros que han usurpado las ramas del poder público, con el fin de usar la Constitución y las leyes para favorecer sus intereses personales.

Que no olvide el Consejo de Estado su papel como garante del Estado de Derecho y la integridad de la Constitución. Que los césares de la decadencia de este país, que se reproducen sin cesar y sin vergüenza alguna, no queden impunes; pero, sobre todo, que el derecho prevalezca, y con él, nuestro salvavidas contra los buitres de esta ficción de República.

 


[1]José María Vargas Vila, Césares de la decadencia, Obras Completas, México D.F., p 44.

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