CEID (63)

En un paraje no muy remoto y en tiempos no muy lejanos al nuestro, rodeados de innovaciones que parecen salidas de una novela de H.G Wells, y bien adiestrados y acomodados en una civilización del espectáculo como la que describe Vargas Llosa, aún miramos con desdén y de forma secundaria los problemas de hambruna y miseria extrema que padecemos y no nos atrevemos a pensar en el rol del Estado y de nosotros mismos en estos juegos… los juegos del hambre.
 

¡Colombia tierra querida… himno de fe y alegría ! … lo cierto es que al escuchar o decir esta frase, pienso en lo bella que es mi tierra, pero también en las reservas de esperanza inagotables y de trabajo arduo de las cuales debemos dotarnos para progresar en humanización. En un país ecléctico, uno donde el realismo mágico no es un estilo literario sino una forma de vida, mueren cerca de 30 niños de desnutrición en los dos primeros meses del año en curso y se promedia que cerca de 898 niños padecieron de desnutrimiento en La Guajira durante el 2015, según cifra oficial del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)[1]. Según el PMA(Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas), alrededor de 795​ millones de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa[2]. Eso es casi una de cada nueve personas en la tierra y la gran mayoría de personas que padecen hambre en el mundo viven en países en desarrollo, donde el 12.9% de la población presenta desnutrición.

Lo cierto es que además de estas espeluznantes cifras, la  FAO  guiada por The Six Pillars of Food Sovereignity, (Nyéleni, Mal) ha puesto de presente que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

Aparejado y en consonancia con el derecho de soberanía alimentaria, la Constitución Política de Colombia establece el derecho a la alimentación equilibrada como un derecho fundamental de los niños y en cuanto a la oferta y la producción agrícola se establecen los deberes del Estado en esta materia.El CONPES Social 113 de 2008, enuncia que la Seguridad Alimentaria Nacional se refiere a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. Adicionalmente el Decreto 2055 de 2009, crea la institucionalidad que permite abordar la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión Intersectorial de SAN (CISAN).

Como es de esperarse, nuestras leyes son odas hermosas o declaraciones de buenas intenciones espectaculares. Sin embargo, es necesario dotar de espíritu, realidad y dientes a esas majestuosas disposiciones jurídicas. Así pues, cabe preguntarse si  “ la soberanía alimentaria” ¿es  una denominación que se justifica porque sin producción local no hay seguridad?. Si la respuesta es afirmativa, entonces se hacen necesarias políticas agropecuarias y campesinas respetuosas y coherentes. Se hace imperativo un Plan Nacional encaminado en la producción y alimentación de su gente, para que no haya más niños que repitan la historia cantada por Serrat en la nana de las cebollas. Se hace indispensable articular políticas de inversión, con planes y proyectos locales y regionales que propugnen por una verdadera seguridad alimentaria.

Expectantes de ver que sucede y de contribuir  desde este 2016 y en los años venideros, guardamos la esperanza de que el marco jurídico presente y las declaraciones, especialmente de la  CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) reafirmando su compromiso de priorizar la consolidación e implementación del  Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre para el 2025 sean una realidad. Concluyo  recordando que una sociedad deseosa de cambiar sus realidades de violencia y pobreza extrema, que límite casi con la misria no se puede permitir tanta  indiferencia y aridez humana. Menos cuando los martires de la ineficacia del sistema y de la falta de conciencia general son las niñas y niños de estos juegos del hambre.

 

N. de la D.
 
Las opiniones de nuestros columnistas y colaboradores, en ejercicio de su libertad de expresión, no comprometen los criterios editoriales de esta página
 

 
Autora, Mónica Andrea Avella Herrera

Estudiante Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia

Estudiante Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

 

___________________________________________

[1] El Espectador ; ICBF detectó 898 niños con desnutrición en La Guajira ; 11 de febrero de 2016, http://www.elespectador.com/noticias/salud/icbf-detecto-898-ninos-desnutricion-guajira-articulo-615975.

 [2] WFP. Programa Mundial de Alimentos : Datos del Hambre ; 2016, https://es.wfp.org/hambre/datos-del-hambre. 
 
 
Valora este artículo
(4 votos)

Latinoamérica un día de abril de un año cualquiera. Los estudiantes de la clase de tercero de primaria de una escuelita pública se encuentran castigados por su profesor de biología. Todos sancionados con anotación en su expediente y calificación deficiente. La culpable: una cedula de ciudadanía.

 

Valora este artículo
(4 votos)

 
Advierto a los lectores que con el presente escrito además de conmemorar por supuesto los 400 años de la muerte del gran Cervantes, pretendo por conexidad, hacer reconocimiento de la distinguida obra codificada de uno de los más ilustres juristas latinoamericanos de todos los tiempos, que logró aplicar e interpretar conceptos del viejo continente para trasplantarlos [1] , sistematizarlos y aplicarlos -con éxito- en la mayoría de países latinoamericanos, constituyendo así ideas e instituciones comunes o al menos relativamente similares.
 
Se trata del Código Civil, cuerpo normativo de hoy y de casi siempre, conocido por muchos como la excelsa obra de Don Andrés Bello, quien con una clara idea codificadora, más que remitirse a Código Civil Francés, tomó como fundamento general, al Derecho Romano-Germánico, al Derecho Canónico, Las Siete Partidas, El Digesto… Para dar origen al famoso Código Civil chileno, padre del mismísimo Código Civil colombiano.
 
Dada la importancia en la vida y la muerte de las personas, la familia, los  bienes, los contratos, las obligaciones, entre otras cosas, muchos de los artículos del Código Civil Colombiano han sido reformados, derogados, subrogados, pero en el fondo  la esencia del texto permanece intacta. Tanto es así, que durante lustros no ha tenido cambios sustanciales que hoy en día resultan absolutamente necesarios o ¿Por qué en el pleno siglo XXI existe una regulación sobre  “palomas que abandonan su palomar” (Art 697 CC), “abejas fugitivas” (Art 696 CC), “fincas” (Art 1886 CC), “carruajes” (Art 1180 CC) y “prefectos”? ¿Se trata acaso de un mal chiste?
 
Para nadie es un secreto que la noción de Código Civil en Latinoamérica, fue concebida desde una perspectiva agraria, pero sobre todo, desde el punto de vista de un varón, blanco, propietario, heterosexual, lo cual resultaba loable para la época. No obstante, la lectura de las normas de mencionado Estatuto Civil muchas  veces olvidado, relegado y estudiado con desdén, resulta asistemática, burlesca o incluso ridícula, con ocasión de fenómenos como: la globalización, la liberalización del mercado, el derecho de género, el cambio de la vida en sociedad, la transformación de la noción de familia, la constitucionalización del Derecho Privado.
 
Para soportar el anterior argumento, hago referencia a la propiedad sobre las abejas regulada en el Estatuto Civil vigente: “Las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que no sea del dueño de ésta, vuelven a su libertad natural, y cualquiera puede apoderarse de ellas y de los panales fabricados por ellas, con tal que no lo haga sin permiso del dueño en tierras ajenas, cercadas o cultivadas, o contra la prohibición del mismo en las otras; pero al dueño de la colmena no podrá prohibirse que persiga a las abejas fugitivas en tierras que no estén cercadas ni cultivadas”.
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la máxima constitucional que indica que el derecho sustancial prevalece sobre las formas y pese a la lectura cuasi quijotesca del artículo 696 del C.C.   colombiano, surgen nuevos desafíos para el legislador en la adaptación de tendencias a estatutos tan indispensablemente cotidianos. Con ello, no me refiero a una mala copia, sino un verdadero trasplante jurídico, en palabras del profesor López Medina, o por qué no, a una producción normativa seria, que atienda a la realidad político-económica y a las necesidades y perspectivas sociales de nuestro país.
 
Finalmente debo reseñar al caso Francés, que acudiendo a ideas como las de seguridad jurídica, simplicidad, modernización y fácil acceso a las normas, entre otras características, permitió la construcción de los cimientos de la reforma a su Código Civil, aprobada y vigente desde el 11 de febrero de 2016, como nueva visión que indica renovación normativa y la atribución de la relevancia propia al mencionado Estatuto [2] .
 
N. de la D.
 
Las opiniones de nuestros columnistas y colaboradores, en ejercicio de su libertad de expresión, no comprometen los criterios editoriales de esta página
 
 
 
Andrea Carolina Torres Sarmiento.
Miembro del Centro de Estudios Integrales en Derecho
Twitter: @carytosar
 
 
 
_______________________________________________
[1]LÓPEZ MEDINA, Diego Eduerdo. Teoría Impura del Derecho. Universidad de los Andes, Legis, Universidad Nacional. 2004. Pg 138 y ss.

[2]Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : En https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004539

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations: en https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id

 

 

Valora este artículo
(3 votos)

Con el auge del libre comercio en Colombia a partir de la década de los noventa y la   influencia de los Tratados de Libre comercio en nuestra economía. La amplia circulación de bienes, personas y servicios a aumentado sustancialmente, hasta tal punto  que el Estado ha evidenciado la necesidad de regular la materia con el fin de otorgar protección a los consumidores y a  la libre competencia. Asegurando así,  la estabilidad de la economía  y el desarrollo de las actividades comerciales en torno a los parámetros de la buena fe.[1]

Es evidente que,  uno de los desarrollos legislativos más importantes en torno a esta temática se dio con  la expedición de la ley 256 de 1996, mediante la cual se buscaba prohibir  ciertos actos y conductas  en el mercado que resultaren en competencia desleal. Al punto que, insto a los diferentes agentes del mercado para que de forma equitativa y  conforme a las  “sanascostumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial[2]entre otros, desarrollaran su actividad evitando lesionar intencionalmente intereses de la competencia fuera de la óptica de la legalidad. En consecuencia, se tipificaron conductas que se consideran desleales, entre las cuales se encuentran: los tendientes a desviar  la clientela, la desorganización interna empresarial, actos de confusión  u engaño, descredito e inducción a la ruptura contractual, entre otros.

De lo anterior,  dos actos de gran relevancia en nuestros medio actualmente son aquellos: (I) de inducción a la ruptura contractual y la (II) desorganización empresarial. El primero se ha considerado por nuestro legislador como  un acto de competencia desleal cuando se ha inducido de manera consiente y premeditada a los clientes, proveedores y trabajadores para que infrinjan los deberes[3], con el fin de dar por terminadas las relaciones contractuales actuales. Buscando así por parte de quien ejerce la actuación, expandir su sector  económico, industrial o empresarial en el mercado, eliminando consigo la competencia.  Mientras que, en el segundo  son aquellos actos materializados en desajustar internamente a la empresa, como por ejemplo atrayendo empleados de la sociedad competidora que posean información confidencial, o tengan conocimientos de secretos comerciales que afecten el desenvolvimiento mercantil de la sociedad contra quien se compite. [4]

De allí que, generalmente en las denuncias sobre competencia desleal en la Superintendencia de Industria y Comercio estas dos causales se invoquen paralelamente, pues es evidente que quien contrata empleados de la competencia de manera consciente y premeditada rompe las relaciones contractuales y genera una desorganización de la sociedad, como cuando los empleados que se abstrae son  fuerza de trabajo esencial en el funcionamiento de la misma.

Ahora bien, en los últimos días tras darse a conocer la noticia del cierre de los establecimientos comerciales de la marca extranjera Mango en Colombia, por presuntas actuaciones de Competencia desleal de la casa Matriz en España y el Grupo Wisa Panameño   quien es  operador  en Colombia de los almacenes La Riviera[5]. Se ha puesto ente tela de juicio la funcionalidad del Derecho de la Competencia y  de todas aquellas prácticas restrictivas que son sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez se le otorgue competencia.

Pues en el caso en mención el desarrollo comercial de estas  dos sociedades se originó  desde la suscripción del contrato de agencia comercial por parte del Grupo Español Mango y la sociedad Mercadeo y Moda S.A.S, quien actualmente hace parte del Grupo Empresarial Uribe. El objeto de este contrato era  promocionar la marca en  el territorio Colombiano en donde tuviera competencia, pues, la representación de la  marca estaba compartida con la sociedad chilena Falabella en el país. La cual en el desarrollo de su objeto nunca interfirió con las funciones de agente de la Sociedad Mercadeo y Moda S.A.S.

No obstante,  en los últimos meses la relación contractual entre la Casa Matriz Española y la Sociedad Colombiana entraron en crisis, cuando el Grupo Español comenzó a tener acercamientos con el  Grupo Panameño Wisa, quien según los Abogados de la Sociedad Colombiana[6], comenzaron a formular ofertas directas de empleo a través de  la Rivera, alrededor de 45 empleados de su nómina.  Por esa razón,  los planes de promoción de corto y mediano plazo se vieran truncados, por la inminente desorganización interna sufrida por la  cantidad de plazas vacantes dejadas por los empleados que se fueron a La Rivera. Buscando según los apoderados de la sociedad  nacional que el promotor directo de la marca en el país fuera  el grupo panameño a través de la Rivera.

Este fenómeno género que la Sociedad Colombiana anunciara su salida del mercado por competencia desleal. Sin embargo a la fecha de hoy, la Matriz española  ha expresado a los medios de comunicación que no tiene intención de irse del mercado colombiano, si no que  su plan de expansión para los próximos meses  incluye la apertura de diferentes establecimientos de comercio en todo el territorio nacional.[7] No obstante, no indica si su operador nacional seguirá siendo la Sociedad  Mercadeo y Moda, quien es la realmente afectada por las presuntas actuaciones desleales.

Lo cierto es que, este fenómeno genera un gran interrogante en torno a la efectividad del derecho de la competencia y la poca política preventiva que existe en nuestro en torno con el fin de evitar la comisión de actos restrictivos.  Pues en la actualidad el único organismo  que podría implementar una política de tal talante, sería la Superintendencia de Industria y Comercio, quien en ejercicio de su facultad  jurisdiccional para  sancionar   las  prácticas de competencia desleal en el mercado, podría crear una política preventiva para evitar la salida de sociedades que incentiven la libre competencia y  la creación de futuros litigios.

Esta ausencia se ha denotado analizando la  subdivisión administrativa de este Órgano de Control, el cual solo tiene al Grupo  de Trabajo de Competencia Desleal, quien no incentiva políticas preventivas para la lucha y preservación de la libre competencia del mercado, pues sus políticas y protocolos están determinadas desde el  momento mismo que existe una denuncia de competencia desleal. Esta situación a mi parecer en un libre comercio afecta el desarrollo normal del mercado, ya que cuando la Superintendencia pueda llegar a sancionar o suspender los actos de  una sociedad por haber existido competencia desleal, puede ser una actuación tardía   para preservar  la competencia y evitar que las sociedades afectadas salgan del mismo por ver inviables sus negocios, como lo ocurrido con Ripley, La Polar y hoy la Sociedad Mercadeo y Moda S.A.S agente de la Marca MANGO. 

 

Miguel Angel Espinosa 
Miembro del Centro de Estudios Integrales en Derecho -CEID-

 

 


[1][1]S.I.C; “derecho de la competencia en Colombia y su interacción con los tratados internacionales de libre comercio”, consultado en web en http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/articulos/Derecho_competencia.pdf  el 26 de febrero del 2016. 

[2]Artículo 7, Ley 256 de 1996, 

[3] Como confidencialidad, entre otros.

[4]ANDI, “ Competencia desleal”; consultado en web en http://www.andi.com.co/cif/Documents/OBSERVATORIO_DE_COMPETENCIA_No._6_Gu%C3%ADa%20_Competencia%20_Desleal.pdf el 27 de febrero del 2016.

[5]Revista Portafolio, “Mango Caliente”; consultado en web en http://www.portafolio.co/negocios/empresas/mango-colombia-casa-matriz-491522 el 217 de febrero del 2016.

[6]Abogados Néstor Humberto Martínez.

[7]  W radio, “Mango Asegura que planea expandirse en Colombia con nuevas tiendas”, consultado en http://www.wradio.com.co/noticias/sociedad/mango-asegura-que-planea-expandirse-en-colombia-con-nuevas-tiendas/20160227/nota/3071650.aspx el 28 de febrero de 2016.

Valora este artículo
(3 votos)

Enlaces Recomendados

 

 

Zona Comercial

     

 

Acerca de Nosotros

Nuestro propósito es aprovechar la tecnología en beneficio de la divulgación, el análisis, la controversia, la verificación de los grandes asuntos en que aparece el Derecho, en cualquiera de sus ramas; los procesos judiciales de trascendencia y los más importantes debates y acontecimientos.