Opinión: El objetivo y sus condiciones. José Gregorio Hernández Galindo.

25 Jul 2014
Opinion
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La organización estatal tiene sus propios fines. Unos generales, de cualquier Estado, que se pueden resumir en el concepto de bien común. Otros específicos, que se relacionan con las características y necesidades propias y que se consiguen de acuerdo con los  valores, principios y criterios que la respectiva sociedad establece y consigna en su Constitución.
 
La Constitución colombiana señala los fines del Estado en su preámbulo –“… fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana…”- y en su artículo 2 –“…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”-.
 
Estos son fines permanentes. Pero siempre habrá unos objetivos concretos y prioritarios en el tiempo. Pueden coincidir con algunos de los permanentes. Dependen de situaciones o estados de cosas que exigen unas respuestas en las cuales se empeña la sociedad y a cuyo respecto se comprometen los gobiernos.
 
Entre los últimos mencionados ubicamos el objetivo fundamental, de hoy, del Estado colombiano: lograr la paz, tras cincuenta años de un conflicto violento y sangriento.
 
Ese propósito, claro está, exige condiciones y requisitos.
 
El que perseguimos -la paz- sería imposible sin la verdad.  Sin el conocimiento por parte de la sociedad y de las víctimas del conflicto, acerca de lo que realmente ha ocurrido en el país en los últimos lustros por culpa de muchos sectores. Y sin la reparación.
 
 De ahí la importancia de la Comisión de la Verdad y de todo lo que se dijo esta semana durante el Foro “Cultura de Paz y Justicia Transicional”. Como expresó el Presidente Santos, todos los sectores sociales y políticos deben preguntarse su cuota de responsabilidad y contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas.
 
 Pero debe precisarse que los primeros obligados a ese reconocimiento son los victimarios. El  llamado presidencial no puede llevarnos a olvidar quiénes son los principales responsables: guerrilleros, paramilitares, agentes estatales que hayan traicionado a la sociedad. La verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición –que son las bases esenciales del proceso de paz- tienen que comenzar por el reconocimiento que los victimarios hagan de sus crímenes y de los daños enormes que han causado a las víctimas, a la comunidad y al país.
 
 Son precisamente esos victimarios quienes, ante todo, deben decir la verdad –pero no “a medias”, sino completa-; y responder en efecto, reparando a las víctimas.
 
 Desde luego, no hay víctimas de primera y segunda categoría. Todas –de la guerrilla, de los paramilitares, de los agentes estatales- deben estar en el mismo plano, conocer la verdad y obtener la reparación. Todo en busca del objetivo primordial de la Colombia de hoy: la paz.
Modificado por última vez en Viernes, 25 Julio 2014 08:36
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Jose Gregorio Hernandez Galindo

Expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y director de la publicación “Elementos de Juicio. Revista de Temas Constitucionales” y la emisora "lavozdelderecho.com".

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