Opinión: Garantías y beneficios. John Marulanda

GARANTÍAS Y BENEFICIOS
 

 

La justicia transicional para lograr que las farc, después de cincuenta años de lucha armada fracasada, se avengan a una puja política civilizada, es asunto complejo. Intervienen, la decidida intención del Gobierno de facilitar la incorporación de los terroristas a la vida civil, la arrogancia de estos de imaginarse héroes de no se sabe qué gesta, el descrédito de la justicia, que está disparando el sicariato y los linchamientos, los compromisos internacionales, como el Estatuto de Roma, que no se pueden obviar y las expectativas de nuestros vapuleados uniformados. A lo anterior se agregan el fantasma de la impunidad para los terroristas de marras y el acoso judicial a nuestros soldados: unos 15.000 encartados por fiscales y jueces que no distinguen un golpe de mano de una emboscada, o lo que es peor, por funcionarios que consideran la institución militar una organización criminal y los cursos de combate, agravantes penales. Acore, en voz de su presidente, ha propuesto que mientras a los guerrilleros se les otorguen beneficios, a nuestros soldados se les den las garantías necesarias para su protección cuando actúan en legítima defensa del Estado de Derecho. Esta propuesta mantiene la esencia moral de nuestro Ejército: el Honor Militar. Entregar nuestros soldados en manos de fiscales o jueces que se muestran politizados, antimilitares y proclives a la izquierda, es pecado mortal; crear un Tribunal Militar es inútil, pues sería deslegitimado por instancias internacionales, aunque, por más que la izquierda radical quiera deteriorar o destruir la institución armada, pocas hay en la región que muestren una vocación democrática y de subordinación al poder civil como la nuestra. Querer aplicar a los militares en Colombia, lo mismo que se aplica torvamente a los militares en Argentina, Brasil, Uruguay o inclusive Ecuador, es otro desaguisado de la izquierda infantilista que promueve revoluciones tipo paraíso venezolano o cubano, con Ministerio de la Felicidad incluido, y que actúa con el odio que genera reacciones igual de extremas. El caso del coronel Plazas es emblemático: los soldados colombianos no se merecen un perdón jurídico que los iguale a los terroristas sino una justicia especializada que los juzgue con objetividad, imparcialidad y con apego a los principios y normas jurídicas. Repetir la historia del M-19, con gobernantes haciendo un mutis por el foro, terroristas en la farándula política criolla y militares en la cárcel, sería un desafuero mayor. Si no hay garantías constitucionales para los soldados de la República, serán muy pocos, o ninguno, los que quieran defender el país del fanatismo delincuencial de terroristas con curul y con las armas escondidas, las cuales penderán como una espada de Damocles sobre todos los ciudadanos indefensos. Este parece ser el plan estratégico fariano. El panorama es harto preocupante.

John Marulanda

Consultor Internacional en Seguridad y Defensa

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