Varias veces hemos hecho alusión a los derechos de los niños, permanentemente vulnerados en Colombia, sin que en realidad haya mayor progreso  en la actividad pública con miras a garantizarlos o impedir las violaciones.

 

Niños abusados, víctimas de violencia carnal o asesinados; maltratados por sus padres o padrastros; sometidos a trabajos prohibidos para los menores según resoluciones de la OIT adoptadas por Colombia; forzados por sus progenitores a pedir limosna en las calles; fotografiados con fines pornográficos; secuestrados; explotados; quemados con pólvora durante las fiestas; heridos por disparos al aire; reclutados por las Farc o el ELN, o por las bandas criminales para hacer parte de sus filas. O niños recién nacidos abandonados por sus madres. Niños llevados a la drogadicción desde la más tierna infancia, merced a la distribución que de las sustancias alucinógenas hacen las bandas de micro traficantes? Y me quedo corto al enunciar  muchas otras  formas de vulneración de unos derechos que la Constitución Política (art. 44) proclama que “prevalecen sobre los derechos de los demás”. De modo que me limito a recordar algunos ejemplos.

 

En estos días, los medios de comunicación han dado cuenta de varias desapariciones de niños y niñas en distintas ciudades del país, y fuera de las recompensas anunciadas, no observamos que las autoridades establezcan si hay un plan o proyecto delictivo en marcha contra los niños.

 

Todos nos hemos conmovido al conocer el acto inaudito y brutal de individuos motorizados que en la ciudad de Neiva arrojaron ácido sobre una niña de quince años que transitaba con su hermanita menor, causándole graves quemaduras, cuando apenas unos días antes se había promulgado la Ley que incrementó las penas para ese incalificable delito.

 

El aumento de penas, siendo pertinente y útil, no es suficiente. Es un mecanismo aplicable después de causado el daño. Hay que pensar también en las formas de prevención del delito, tanto en lo que toca con los delitos cometidos contra los niños como en lo referente a las quemaduras con ácido.

 

¿Qué controles existen y se ponen en práctica respecto a la distribución y venta de los ácidos que, cada vez con mayor frecuencia, están usando los criminales para causar a las personas gravísimos  daños como el mencionado? ¿Cualquier persona puede adquirir el ácido? ¿Ninguna constancia queda en alguna parte sobre su adquisición o sobre la autorización que debería exigirse para venderlo? ¿Una persona puede desplazarse portando tan peligrosas sustancias sin temor a las requisas policiales, que deberían intensificarse, en búsqueda de estas nuevas armas?

 

Se requiere buscar nuevas formas de luchar contra el delito.