El paro de camioneros en el país, en especial en algunas regiones, que lleva más de un mes, ha tomado en los últimos días un giro verdaderamente preocupante. No solamente por las pérdidas económicas que ha generado y por las dificultades para que los alimentos y productos de primera necesidad lleguen al comercio y a los consumidores, sino porque ya se ha producido la muerte de una persona en circunstancias que se investigan, y por si fuera poco, también en el curso de unos hechos no muy claros, sufrió un accidente el vehículo en que viajaba el Gobernador de Boyacá, quien se encuentra herido y sometido a intervenciones quirúrgicas.

Una cosa es el derecho a la protesta, que, como lo hemos sostenido varias veces en esta columna, debe ser respetado por el Gobierno y las autoridades, pues corresponde a un sistema constitucional y democrático participativo, y otra cosa diferente es aprovechar ese derecho para perturbar el orden público y causar daño a la sociedad.

El Ejecutivo, como lo dispone la Carta Política, debe dar paso al diálogo y a la concertación con los sectores que son afectados o tienen reclamos que formular respecto a la política económica, y cumplir los pactos que sean celebrados como culminación de los diálogos. Pero otra cosa es que se lo presione mediante actos de violencia, obstrucción de las vías públicas, cerco a las ciudades o daño a las personas o a los bienes.

Ahora bien, toda protesta debe ser pacífica. La violencia y la presión mediante vías de hecho no son aceptables a la luz del ordenamiento jurídico colombiano. No se trata de ganar utilizando la fuerza, ni de imponer las soluciones obligando a negociar bajo la amenaza de perturbar el orden público o de seguir causando pérdidas a personas y empresas que no son las culpables de lo que pasa.

En el caso de los alimentos básicos que se transportan, es un absurdo arrojarlos al pavimento para que se pierdan definitivamente, sin que sirvan a nadie, habiendo tantas familias pobres que los necesitan. Es criminal ese desperdicio. Y es muy delicado que se juegue con la economía mediante el bloqueo, obligando inclusive a los conductores que quieren trabajar a paralizar sus actividades, sabiendo el perjuicio que se ocasiona a la economía, al país, al pueblo colombiano, que, siendo inocente de toda culpa, no puede asumir las consecuencias de las discrepancias entre gobierno y transportadores.