Al parecer, la idea de un artículo dentro de la reforma política, reduciendo las modificaciones  a la justicia al restablecimiento de la Comisión de Aforados -declarada inexequible por la Corte Constitucional-  fue reemplazada por la propuesta gubernamental de convocar un referendo con el mismo objeto. Y también parece que esta segunda idea ya ha sido desechada, al haberse comprometido en Pasto -en el marco del Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, tanto el Ejecutivo como voceros de las altas corporaciones judiciales (incluido el presidente de la Corte Constitucional), el Fiscal y el Procurador , a una reforma integral de la administración de justicia.

Es una buena iniciativa, que falta por concretar en el sentido de definir el procedimiento que se seguirá y sobre todo cuál será el cuerpo encargado de aprobar la reforma. Hasta ahora, todo es abstracto.

Se propondrá revisar  las facultades electorales de las Altas Cortes, el sistema de disciplina de jueces y abogados y los requisitos y procedimientos de elección de magistrados.

Se estudiará el sistema de investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales, "con el objeto de impulsar un modelo que permita preservar la independencia de los más altos órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público y garantice la celeridad y la eficacia de las investigaciones cuando a ellas haya lugar”.

Se examinará el sistema de gobierno y administración de la Rama Judicial y también será considerado el tema de los estudios de la carrera de Derecho, y se buscarán requisitos más exigentes para el ejercicio de la profesión.

Falta mucho, pero mucho por definir. Pero es un buen comienzo. Ojalá no quede todo en una iniciativa más, que se deseche cuando pasen las noticias sobre la crisis de la Justicia.

Se acordó invitar a la academia, a los funcionarios y empleados judiciales, a la ciudadanía y a las ONGs del sector para tomar parte en el proceso de preparación e impulso de la reforma.