Un centro infantil ubicado en la ciudad de Ibagué, administrado por una Fundación, es señalado con pruebas visuales y testimonios -que analiza la administración de justicia-, de mantener a un grupo de niños con discapacidad en condiciones de prisioneros, cotidianamente maltratados y torturados, cuando el objeto al que se supone se comprometía la institución privada no era otro que su protección y cuidado.

Tanto los niños como las personas con alguna forma de discapacidad son sujetos de especial protección, tanto por normas constitucionales y legales colombianas como por tratados internacionales celebrados por Colombia. Y en este caso, al parecer, las víctimas, que merecían doble protección, estaban siendo afectadas pese a su doble indefensión, en una conducta que, si es como la han presentado los medios de comunicación, es de enorme gravedad. Se trataría de una actividad delictiva continuada que incluiría varios delitos, cometidos no sabemos durante cuánto tiempo contra personas que nada podían hacer para defenderse o hacer valer sus derechos. Los videos conocidos, entendemos que fueron captados por un empleado que se indignó al verificar cuanto ocurría, aspiró a dejar pruebas, las consiguió, se retiró y formuló la denuncia. Afortunadamente esta persona actuó de de esa manera, aplicando un principio de elemental solidaridad y cumpliendo el deber de denuncia, en cabeza de todo ciudadano cuando conoce acerca de acciones delictivas, en especial si son tan ostensibles y reiteradas como las que se comentan.

Se ha afirmado que al parecer estos casos no se presentan solamente en Ibagué sino en otras ciudades, y ello sería de una enorme gravedad.

No entendemos por qué se prolongaba la situación en este centro sin que las autoridades de policía actuaran. Vecinos testigos dicen que se escuchaban los gritos y quejas de los menores, y han debido denunciar -esa era su obligación-. ¿Si lo hicieron, por qué no actuaba la Policía? ¿Lo supo el Bienestar Familiar? ¿Por qué hasta ahora hablan la Fiscalía y la Procuraduría? ¿No conocieron lo que pasaba? ¿Si no hubiese sido por el empleado y el video, todo habría seguido igual? Hay que investigar, y se debe pasar revista e inspeccionar y vigilar a los establecimientos similares que funcionan en distintas ciudades del país. Nos parece que aquí ha habido una de dos cosas: omisión de denuncia o negligencia e inacción de las autoridades.