Se ha dicho que la pena procura cumplir varios propósitos. Que tiene un efecto sancionatorio o de castigo. Que tiene un efecto preventivo, en cuanto está llamada a disuadir a quienes quieran incurrir en las conductas que el sistema jurídico reprueba. Que tiene también una función resocializadora, de modo que quien paga la pena se reincorpore a la sociedad, ya sin querer causarle daño.

Todo lo contrario de esas finalidades está representado por el fenómeno que conocemos como impunidad, vocablo proveniente del  latín impunitas, que significa “ausencia de pena”, “ no sanción”, “falta de todo castigo” para el delincuente.

Sin duda, la impunidad no solamente es abstención de aplicar la pena, sino  que es una forma de premiar o bonificar al delincuente, como si nada hubiese hecho; como si no hubiese causado daño.  Al quedar el delito sin castigo, se da lugar a la reincidencia, y es un estímulo para futuros actos delictivos. Es, de suyo, un mal ejemplo; una forma de vulnerar o de hacer teórico el orden jurídico y una modalidad de traición a la sociedad.

Con la impunidad se tolera el delito, en contra del interés colectivo, en cuanto se multiplica y difunde la tendencia a violar la ley. El delito impune -y ello es peor en la medida en que sea más grave el hecho delictivo no sancionado-  lleva al propio delincuente a repetir  los hechos punibles –los mismos que ya cometió o peores-, y conduce a otros a delinquir, en el entendido de que nada pasará. Pero además desestimula al ciudadano  que no ha delinquido, ni quisiera delinquir, pero que compara su propia situación con la del delincuente que, en vez de ser sancionado, es cobijado por el manto de la impunidad.

El mensaje que recibe la comunidad cuando hay impunidad es muy negativo. Además de que la impunidad comporta, para el ciudadano, la natural sensación de inseguridad ante el delito. El temor a quedar, junto con su familia, en manos de la delincuencia.

Por otra parte, la impunidad significa la impotencia del Estado para preservar el imperio del Derecho y para proteger a todas las personas, como dice el artículo 2 de nuestra Constitución, en su vida, honra, bienes, derechos, creencias y libertades. El Estado se ve, ante la sociedad, como débil, impotente o en connivencia con el crimen.

Una reacción colectiva ante la impunidad es la tendencia -entre nosotros cada vez más frecuente- a hacer justicia por mano propia. En Colombia hemos visto linchamientos y venganzas cuando las comunidades han visto que la justicia no opera y que los delincuentes quedan libres.

Nuestras autoridades -en especial las judiciales, pero también la Rama Ejecutiva y la Legislativa, en cuanto a las normas que promueven y aprueban- deben reflexionar acerca de la impunidad. Está muy extendida y está causando mucho daño.

Atención, señores candidatos a la presidencia de la República y al Congreso. Lleven este objetivo -acabar con la impunidad- a sus programas. Conseguirán muchos votos. Y pónganlo en práctica.