Los múltiples delitos cometidos durante el fin de semana en Colombia, comenzando por los cobardes ataques a la Policía Nacional en el barrio San José de Barranquilla -con un resultado de cinco policías muertos y cuarenta y dos heridos-, en Soledad, Atlántico -varios heridos-, en Santa Rosa, sur de Bolívar -dos policías muertos y el CAI totalmente destruido- y en Tumaco -un policía asesinado-, y por el no menos cobarde asesinato de otro líder social -Temístocles Machado- en Buenaventura, nos muestran los efectos nefastos de la impunidad y de la incapacidad real del Estado para perseguir y sancionar el delito y para garantizar, como lo exige la Constitución, la vida, honra, bienes,
Varias veces hemos resaltado que una sociedad no puede funcionar sin el Derecho, y que ese Derecho, a su vez, no sirve si se queda encerrado en normas teóricas e inefectivas, sin impacto alguno en la vida real de las comunidades. Si el Derecho es inane, si sus previsiones son apenas buenos deseos del Constituyente o del legislador, es como si no existiera y en el seno de la sociedad se imponen las vías de hecho, el delito impune y el caos.
Todo esto que pasa en Colombia es el resultado de la ineficacia del Derecho, de la impotencia del Estado para imponer la autoridad, de la malsana tendencia a prometer perdón anticipado de los crímenes que se cometen, de la insistencia gubernamental en mantener diálogos con grupos armados que no quieren dialogar sino distraer para fortalecerse y que siguen delinquiendo y haciendo terrorismo. Es también el efecto de una gran debilidad del Gobierno respecto a la sanción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos por el integrantes de las Farc, hoy libres y no sometidos a la Justicia, y de su actitud permisible ante el narcotráfico. Ese ejemplo se proyecta a otros grupos delictivos y estimula la violencia, el crimen y la burla del Derecho.
Ya decíamos en otra columna:
Con la impunidad se tolera el delito, en contra del interés colectivo, en cuanto se multiplica y difunde la tendencia a violar la ley. El delito impune -y ello es peor en la medida en que sea más grave el hecho delictivo no sancionado- lleva al propio delincuente a repetir los hechos punibles –los mismos que ya cometió o peores-, y conduce a otros a delinquir, en el entendido de que nada pasará. Pero además desestimula al ciudadano que no ha delinquido, ni quisiera delinquir, pero que compara su propia situación con la del delincuente que, en vez de ser sancionado, es cobijado por el manto de la impunidad.
El mensaje que recibe la comunidad cuando hay impunidad es muy negativo. Además de que la impunidad comporta, para el ciudadano, la natural sensación de inseguridad ante el delito. El temor a quedar, junto con su familia, en manos de la delincuencia.
Por otra parte, la impunidad significa la impotencia del Estado para preservar el imperio del Derecho y para proteger a todas las personas, como dice el artículo 2 de nuestra Constitución, en su vida, honra, bienes, derechos, creencias y libertades. El Estado se ve, ante la sociedad, como débil, impotente o en connivencia con el crimen.
Una reacción colectiva ante la impunidad es la tendencia -entre nosotros cada vez más frecuente- a hacer justicia por mano propia. En Colombia hemos visto linchamientos y venganzas cuando las comunidades han visto que la justicia no opera y que los delincuentes quedan libres.
Nuestras autoridades -en especial las judiciales, pero también la Rama Ejecutiva y la Legislativa, en cuanto a las normas que promueven y aprueban- deben reflexionar acerca de la impunidad. Está muy extendida y está causando mucho daño.
Un propósito nacional debe ser la aplicación real y efectiva del Derecho. Otro: acabar con la impunidad.
