Una de las principales virtudes de un administrador (como lo es un alcalde) consiste en su capacidad para adelantarse a los hechos, en especial los que se desencadenarán por decisiones suyas, y por tanto, en la subsiguiente previsión y planificación. Por ello, cuando introduce cambios en el sistema de prestación de servicios públicos, si va sustituir a unos funcionarios o empresas públicas o privadas que tienen a su cargo esa prestación, lo mínimo que se espera de la cabeza de la administración es que programe el tránsito correspondiente, de un sistema a otro, y que no dé lugar, por su decisión, a la interrupción del servicio público.

El ejemplo más diciente y actual de estos principios de administración lo estamos viendo y sufriendo los bogotanos. Se cambió el sistema de recolección de residuos y basuras, no se previó la sucesión en el sistema, ni las muy previsibles protestas de los trabajadores que quedaban cesantes, y se formó el caos. Calles, establecimientos de comercio, establecimientos educativos, restaurantes, centros de salud, casas, edificios de habitación, industrias...afectadas de manera inclemente desde hace varios días por miles de toneladas de desechos de todo tipo, que tienen convertida a la capital de la República en un gigantesco basurero. Pasan los días, y en los medios se escuchan los anuncios oficiales de la Alcaldía Mayor diciendo que "recogerán el ciento por ciento de las basuras".  Pero no lo hacen, y la situación es angustiosa en muchos sectores de la ciudad. No solamente por la presencia misma de miles de bolsas, sino por el esparcimiento de los residuos por parte de habitantes de la calle -según denuncias de vecinos- y por animales. Los malos olores. La proliferación de ratas y alimañas, y -lo peor- la inminente irrupción de infecciones y daños a la salud, en especial en el caso de los niños.

Sin duda, todo estuvo mal planificado, como ha sido mal planificado el manejo de la seguridad en Bogotá, que sigue siendo inexistente.

El Alcalde Mayor debe responder, y tomar ya las medidas necesarias para cumplir lo previsto en el artículo 365 de la Constitución: 

"Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios". Lea la Constitución, señor Alcalde.