Lo ocurrido este 20 de febrero en varios municipios del país, así como sus antecedentes inmediatos, además de ser hechos graves, son muy extraños.
Cientos de personas asaltaron de manera simultánea las instalaciones de supermercados que, según la Fiscalía General de la Nación, son de propiedad de testaferros de las Farc. Son supermercados que la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio.
A propósito, es claro que, en caso de que la Fiscalía logre demostrar que los bienes que ha venido incautando a las Farc, u otros con las mismas características, no figuran en la lista de bienes que, en desarrollo del Acuerdo de Paz, esa organización desmovilizada entregó al Gobierno en julio del año pasado, sus dirigentes y la cúpula del nuevo partido político perderían, por haber mentido y engañado al Gobierno y al país,todos los beneficios jurídicos y políticos y las prebendas provenientes del Acuerdo.
Pero volvamos a los ataques contra supermercados. Saqueos y verdaderas asonadas se presentaron a la vez en Melgar, El Espinal, Fusagasugá,
Es preocupante lo que ocurre. No se entiende cómo ni a qué horas se pusieron de acuerdo los violentos para atacar de manera simultánea y al parecer coordinada en lugares distantes, pero en los mismos supermercados.
También es difícil entender cómo y por qué hubo coordinación entre quienes estimularon y promovieron los asaltos pero la policía, los alcaldes y las autoridades fueron tomados por sorpresa.
¿Qué hay detrás? ¿Y no será esta -el testaferrato- una forma evidente de incumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc? ¿Y, por tanto, un motivo más que suficiente para la pérdida de beneficios? ¿Nadie en el Ejecutivo lo sabía? ¿Quién organizó las asonadas?
