Las llamadas encuestas de opinión, especialmente sobre asuntos políticos o económicos, son la manipulación soterrada de la información procesada por empresas periodísticas con destino a la divulgación masiva entre personas, vulnerando su derecho a una información veraz e imparcial.

El país ha vuelto a convulsionarse políticamente por cuenta de palabras deshilvanadas, reclamos incoherentes, filtraciones, publicaciones, trinos, especulaciones, dudas y preocupaciones políticas. No es el caso de tomar partido en uno u otro sentido, justamente porque todo ha sido mediático, y, en consecuencia, no hay decisiones institucionales. Ha faltado información fidedigna y completa, pruebas y seriedad, todo lo cual ha conducido a la oscuridad existente, que está causando daño a la sociedad y a la estabilidad política.

De la declaración pública del Fiscal General, solo nos pegamos a un cachito: por primera vez en Colombia, aparece el fentanilo. Aunque la que mostró en el informe, perfectamente empacada en una ampolleta, debe tener un dueño.

El Captagón -fentanilo- es una droga psicoestimulante producida por la combinación de anfetamina y teofilina que inhibe el dolor, la sensación de miedo y aumenta el sentimiento de fuerza absoluta. Fue catalogada en 1981 como un programa de sustancias controladas en los US y se convirtió en ilegal en la mayoría de países en 1986

Es un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína y según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, resulta 100 veces más fuerte que la morfina. De hecho, puede ser mortal hasta en pequeñas dosis. En US, unos 300 muertos diarios y más de 100 mil muertos al año, cosa que no produce ni el consumo de marihuana, ni el de cocaína.

Una investigación del 2021 mostraba que ese año se habían decomisado en el mundo más de 250 millones de píldoras de captagón, una cantidad 18 veces mayor que la incautada hace cuatro años.

Su producción es una de las fuentes de ingresos del autodenominado Estado Islámico, por lo que se le llegó a llamar la "droga de los terroristas".

"Nuestro estudio mostró que el captagon se ha convertido en la principal fuente de ingresos para el gobierno sirio", dice Caroline Rose, investigadora del Newlines Institute for Policy and Strategy, "Todo sugiere que personas cercanas a (el presidente sirio) Bashar Al-Assad, incluido su hermano menor, Maher al-Assad, que es el comandante de la Cuarta División Blindada del ejército (una unidad de élite), están detrás de este negocio que se ha convertido en el principal producto de exportación de Siria".

"(…) y en muchas ocasiones también se le añaden otros agentes dañinos, como cobre, zinc, quinina, pseudoefedrina y otras sustancias", añade.

Es una red tan compleja y dinámica que hacen de Siria el más moderno de los narcoestados. Así como en Colombia es el muro de la cocaína.

La droga ha sido un roto por el cual lograr dinero en el gran bloqueo que vive Siria como resultado de la guerra de más de 10 años. El domingo anterior, un video en un noticiero nos mostró, con pruebas fehacientes de la inteligencia militar venezolana, de qué manera operan varias pistas clandestinas en los estados fronterizos. Es la maracachafa, vale, la droga, el narcotráfico.

El bajón en el costo de uno de nuestros principales productos, la cocaína, es representativo de la situación actual.

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No entro en el campo de las posibles responsabilidades penales en el reciente caso de las denuncias por uso del polígrafo, ni en las denuncias sobre interceptaciones ilegales a comunicaciones, que dieron lugar al retiro de un embajador y de una alta funcionaria de la Casa de Nariño. Serán los jueces quienes resuelvan al respecto, porque, hasta ahora, todo ha sido mediático y nadie tiene claridad sobre lo que en realidad ocurrió.  

Pero vale la pena considerar dos asuntos, desde una perspectiva constitucional:

-Sobre el uso del polígrafo o detector de mentiras para establecer si alguien cometió o no un delito, reiteremos que, a diferencia de otros países -en que se considera válido el uso del polígrafo como prueba-, nuestro sistema jurídico no lo considera aceptable como método idóneo para probar algo, menos todavía si en ese instrumento se deposita una confianza tal que de los resultados se haga depender la certeza acerca de la culpabilidad o inocencia de una persona, o su responsabilidad penal.

Respetando el criterio de quienes lo estiman viable, considero que el legislador colombiano acierta al no incluirlo como prueba para desvirtuar la presunción de inocencia en el curso de un proceso penal, ni como demostración irrefutable de lo contrario.

Como lo hemos escrito en otras ocasiones, el detector de mentiras no ofrece ninguna confiabilidad desde el punto de vista probatorio. Nada garantiza, y nada asegura. Si lo que registra -aunque lo haga con precisión- son apenas las reacciones nerviosas o sicofisiológicas al responder a ciertas preguntas, síntomas consistentes en palpitaciones cardiacas más rápidas, aceleración del pulso, mayor intensidad del sudor, presión sanguínea o difícil respiración, no es legítimo -porque no confiere certeza- inferir de esos síntomas la responsabilidad penal, ni deducir que están indisolublemente ligados a la mentira del interrogado, ni tampoco lo es concluir que la ausencia de tales reacciones signifique la veracidad de lo respondido o pruebe la inocencia.

En efecto, a pesar de haber aceptado voluntariamente el sometimiento al polígrafo, la persona puede ser nerviosa o insegura, sin ser necesariamente culpable, y reaccionar con uno o varios de los aludidos síntomas, por el solo hecho de sentirse examinada. Y, al contrario, sabemos que hay personas capaces de fingir y de dominar sus emociones y permanecer impasibles, mintiendo impávidas. Hemos visto en estrados a declarantes de gran capacidad histriónica.

De ninguna manera es posible certificar con certidumbre, fuera de toda duda razonable, que el interrogado suda, le palpita más fuerte el corazón o se le acelera el pulso solamente cuando dice mentiras, ni que está diciendo la verdad cuando no presenta ninguno de esos síntomas.

-Sobre las interceptaciones ilegales, le creemos al presidente de la República -quien fue víctima- cuando dice que su gobierno no las ha ordenado, ni las ordenará. Y que respeta el artículo 15 de la Constitución, sobre el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar. Según la norma, “la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.

Infortunadamente, desde hace varios años, se viene vulnerando esa garantía y ha habido impunidad.

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