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¿Qué posibilidades reales tienen las Farc de cumplir con la amenaza que envió a través del Señor Presidente de la República? Muchas.
 
Varios carros bombas estratégicamente  detonados en Bogotá y otra ciudad importante, pueden poner de rodillas al gobierno, al igual que sucedió en los 90’s con el Cartel de Medellín. Han aprendido y tienen experiencia, como lo demostraron en la masacre de El Nogal.
 
De origen netamente rural y pensamiento ortodoxo marxista-leninista, comunistas a ultranza como los Kjemer Rouge de Camboya, las Farc  lograron someter vastas zonas fronterizas y rodear a Bogotá. “Nos vemos en la ciudad” sentenció alias Mono Jojoy en el 2005,  acariciando el sueño de una entrada triunfal a la Plaza de Bolívar blandiendo AKs-47 y aclamadas por un pueblo insurrecto que los proclamaría como los nuevo liberadores. En Estados Unidos, analistas señalaban que más de la mitad del territorio estaba en poder del grupo terrorista y que Colombia estaba en vía de ser un Estado fallido.  Pero El Ejercito puso en fuga a los delincuentes farianos que amenazaban la ciudad capital y se produjo la  elección de un gobernante que entendió la necesidad urgente de supervivencia del Estado y retomó la iniciativa bélica. La superioridad estratégica aérea neutralizó los principales cabecillas de la banda, los sobrevivientes se asilaron en Cuba y durante ya casi cinco años de negociaciones, el gobierno viene intentado convertirlos en actores de la política nacional.
 
A diferencia del ELN, que nació como grupo muy ligado a la ciudad y al M-19, de formación urbana, las Farc mantienen aún una dependencia medular de lo rural, pues  es allí en donde podrían tener algún soporte político para cualquier tipo de campaña armada. Pero, con más del 70% de colombianos urbanizados,  su amenaza de terrorismo citadino tiene algunas serias debilidades.
 
La Primera es que al menos desde hace 15 años, según Gallup, la desfavorabilidad de las Farc en la opinión pública nacional promedia el 97%. Es necesario mencionar que según la encuestadora, en el mismo periodo evaluado, la institución de mayor credibilidad entre los colombianos es la militar.
 
Segundo, y ligado a lo anterior, el cinismo y la arrogancia  de que hacen gala cada vez que hablan los terroristas, han venido acumulando un sentimiento nacional de ira que sobrepasa con mucho las campañas del gobierno para lavarles la cara. Un analista extranjero, Daniel Pecaut, lo aprecia. Preguntado sobre el porqué del escepticismo de los colombianos con el proceso de paz, responde: “La primera razón es la rabia de la inmensa mayoría de la población colombiana con las Farc, porque esta no ha reconocido su responsabilidad en muchos de los hechos más atroces que han sucedido en este país. Esta actitud conlleva un mayor resentimiento hacia las Farc que hacia los paramilitares…”
 
Tercero,  las Farc se perciben como el principal cartel de la droga en Colombia y uno de los principales del mundo, lo anotó en La Habana el equipo técnico para el estudio del narcotráfico como delito conexo y  lo señala el sistema judicial norteamericano. A esto se agrega la incomprensible lógica pública del gobierno: las Farc trafican pero no son traficantes. Para varios analistas nacionales e internacionales, las Farc continúan con el negocio ilícito, en un país que volvió a ser el mayor productor mundial de cocaína. “Están acumulando fondos para sustentar una posible futura campaña política y mantener el “standard of living”  de su nomenclatura”, dice un experto.
 
Cuarto, en la cotidianidad urbana actual, no importa el argumento político que se esgrima, cualquier actividad terrorista de calle es asimilada a una acción delincuencial, a lo que se añade la realidad diaria de ausencia de Justicia,  la falla estructural más crítica del Estado Colombiano, el tercer país en el mundo con los mayores índices de impunidad, después de Filipinas y México.
 
Si se combinan urbe, rencor acumulado, narcotráfico, delincuencia e impunidad, el escenario de unas Farc linchadas por ciudadanos hartos y enardecidos es previsible. Colombia hoy no es Cuba,  ni estamos en  1954,  ni los colombianos son tan imbéciles como creen las Farc, ni tan ingenuos como los trata el gobierno de turno. Hay una línea tenue entre miedo e ira, entre razón y odio y esta línea se está cruzando con el reciente anuncio presidencial de un alistamiento del grupo terrorista para una guerra urbana.
 
¿Pueden las Farc adelantar una campaña terrorista en las ciudades? Sí, pero sería el final  definitivo de sus ansias de reconocimiento y también su desaparición total.
 
¿Están los militares preparados  para garantizar la seguridad en Bogotá y otras ciudades capitales? ¿Será un asunto de policial? ¿Están coordinados militares y policías para este tipo de eventualidad?, son preguntas inmediatas. El Ministro de Defensa tiene la palabra,  aunque su retórica pública tampoco genera confianza.
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La necesidad de orden proferida por autoridad judicial competente para ciertas finalidades -como la privación de la libertad personal, el ingreso de la autoridad a domicilio privado y el registro de lo que hay en su interior, la interceptación de comunicaciones- no solamente es garantía de los  derechos esenciales y de las libertades públicas, según norma plasmada en la Constitución (Preámbulo y arts. 1, 2, 5, 15 y 28) y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, sino que constituye un valioso elemento de la democracia y del Estado de Derecho.
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