Opinion (692)

Se ha pronunciado el Congreso acerca del nuevo Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y las Farc para poner fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera. Tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes se ha votado la mal llamada “refrendación popular” -que, en mi criterio, es en realidad un acto de control político-, por unanimidad de los asistentes.

Como lo hemos manifestado, ese es ya un hecho cumplido, lo cual no significa que corresponda a los efectos que el Gobierno le quiere atribuir. “Refrendación popular” de los acuerdos, que es de lo que habló el Presidente de la República desde hace varios años en relación con el proceso de paz -cuando inicialmente pensó en un referendo y después en un plebiscito que convocó y perdió-, exige, como es natural, que quien la vote sea el pueblo.

Debo repetir que para adelantar y culminar el proceso de paz, y para firmar los acuerdos a los que se llegara, el Presidente de la República -Jefe del Estado- no estaba obligado a convocar un plebiscito. Pero lo hizo, y, como entre las dos opciones válidas por las que podía votar la ciudadanía, ésta prefirió por mayoría la del NO, el Acuerdo Final suscrito en Cartagena el 26 de septiembre fue rechazado. Había que negociar uno nuevo, y el Gobierno hizo algunas consultas con los dirigentes políticos que se habían opuesto al anterior y se reunió otra vez con las Farc en La Habana. De allí salió el nuevo Acuerdo Final, que el Presidente y alias Timochenko firmaron el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá, y de inmediato fue presentado al Congreso.

Como en Derecho las cosas se deshacen como se hacen, si sobre el Acuerdo inicial se pronunció el pueblo, por convocatoria que hiciera el Presidente de la República, lo natural y lógico es que, si se quiere la refrendación del nuevo Acuerdo -como lo ha manifestado el Presidente-, la refrendación corresponde al mismo pueblo que negó el primer Acuerdo, para ver si ahora sí acepta y respalda las nuevas cláusulas.

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice de “refrendar” lo siguiente: “Autorizar un despacho o documento por medio de la firma de persona hábil para ello” (Subrayo). Y la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Calpe, define “refrendar” como “legalizar un despacho o documento por medio de la firma de persona autorizada para ello” (Subrayo). En este caso, el pueblo.

¿Está mal que el nuevo Acuerdo haya sido llevado al Congreso, y está mal que el Congreso lo discutiera y votara sobre él? No, porque -como digo- el Congreso tiene entre sus funciones la de ejercer el control político sobre los actos del Gobierno y de la administración (Art. 114 de la Constitución). Pero entendámonos y precisemos: el Congreso no podía sustituir al pueblo para ejercer, como si lo fuera, lo que han denominado una “refrendación indirecta”.  Y puede haber apoyado el Acuerdo desde el punto de vista político, pero esa no es una refrendación popular, ni se puede tener como tal.

 

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No sabemos cuál vaya a ser la decisión de la Corte Constitucional en relación con las demandas presentadas contra el Acto Legislativo 1 de 2016, “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar la implementación y el desarrollo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Lo que se conoce hasta el momento de escribir estas  líneas es la filtración de una ponencia elaborada por la Presidenta de la Corte Constitucional, la doctora María Victoria Calle, en la cual –según la información filtrada-, si bien no se declara la inexequibilidad del artículo 5 de la reforma, que condiciona su entrada en vigencia a la refrendación popular –no a la del Congreso-, se propone dar validez al procedimiento abreviado –mal denominado fast  track- para la aprobación de las normas que desarrollen el Acuerdo Final de Paz. Aunque, desde luego, las mismas informaciones filtradas dicen que la ponencia exige  la refrendación popular como requisito indispensable para que la reforma, ante la votación negativa del pueblo durante el plebiscito del 2 de octubre, entre a producir todos sus efectos.

Como lo hemos dicho en varias ocasiones, a la luz de la Constitución, el Presidente de la República -en su condición de Jefe del Estado-  no estaba obligado a convocar a plebiscito para la refrendación del Acuerdo Final suscrito en Cartagena el 26 de septiembre. Pero lo convocó, y preguntó a los votantes si apoyaban o no el texto del Acuerdo. El hecho cierto e innegable es que el pueblo votó NO, con lo cual  rechazó el aludido documento, y además, en virtud del artículo 5 del Acto Legislativo en mención -introducido en el último de los ocho debates exigidos-, esa negativa de refrendación implicó que la condición allí prevista se diera por fallida y  para que, por tanto,  el procedimiento abreviado y las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República  no entraran a regir.

Pues bien. Lo que entendemos de la aludida filtración es que la señora ponente no propone a la Sala Plena declarar la inexequibilidad del artículo 5 del Acto Legislativo porque no es esa la norma demandada en el proceso, y no cabe, a su juicio,  la integración de materia cuando se trata de demandas contra normas constitucionales. Pero dice que podría entrar a regir el Acto Legislativo con el  procedimiento abreviado en él incluido, siempre que, como lo dice ese precepto, haya refrendación popular.

Aunque no compartimos la tesis según la cual no cabe la unidad normativa -que es un valioso instrumento de control de constitucionalidad en manos de la Corte-, nos parece que la tesis de la ponencia, si su sentido es el que se ha informado, resulta lógica y coherente, partiendo por supuesto de la base de que el mecanismo de aprobación rápida no sustituye la Constitución y por tanto es exequible, que parece es la posición de la doctora Calle.

Esperamos el fallo para examinar sus efectos.

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