Opinion (734)

Las recientes elecciones de altos funcionarios, particularmente en corporaciones judiciales y en   órganos de control, hacen pensar que quizá se abra paso cierta sindéresis en los procesos de selección, y ello resulta importante, con miras a la erradicación de las tendencias politiqueras de los últimos años, que tanto daño han causado a la institucionalidad y que han puesto en situación de crisis al Derecho y a la Justicia.

Debemos insistir en la necesidad de recuperar valores y principios que se han venido perdiendo, y ello se debe ver reflejado en la actividad del Estado en beneficio de la justicia, pero ello es inalcanzable si, en el momento del voto, persisten criterios como el puramente político, el burocrático o el del pequeño interés personal o familiar.

Como varias veces lo hemos expresado, es imperativo buscar la excelencia cuando se trata de postular y escoger  a los magistrados, fiscales, procuradores, contralores y defensores, en cuyas funciones y competencias está interesada toda la Nación porque de su imparcial y recto ejercicio depende la supervivencia de las instituciones. Allí están  comprometidas la efectiva vigencia de la Constitución, la adecuada aplicación de la ley, la materialización del Estado Social de Derecho y  la eficacia de la administración de justicia. 

Se percibe un cierto cambio de rumbo, al menos a juzgar por figuras elegidas en estos días, como el Fiscal, el Procurador y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. En efecto, aunque subsiste la desagradable práctica del “cabildeo” de los aspirantes -que a su vez da lugar a compromisos y a perniciosos cruces de favores-, y también sigue importando –a mi juicio, demasiado- el respaldo político, hemos podido observar que, al menos, están volviendo a ser considerados  algunos elementos que en el pasado reciente carecían de todo valor, como las hojas de vida, la preparación académica, la trayectoria profesional, los antecedentes disciplinarios, las ideas y propuestas de los candidatos respecto a las funciones que les habrán de corresponder si son elegidos.

Por ejemplo, los candidatos a la Procuraduría, además de su exposición preparada,  tuvieron que responder públicamente  preguntas de rectores, decanos y senadores. Eso, nos parece, exige del aspirante algo más que llegar bendecido por algún ex presidente de la República o con el impertinente “guiño” presidencial, y es mucho más valioso que prometer cargos o  gastar dinero en invitaciones a cenar.

No es todo lo que se quisiera para tan trascendentales procesos de elección, pero puede ser un comienzo en la búsqueda de mejores costumbres, al amparo de la democracia y del Derecho.   

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Dios quiera que se llegue pronto a un consenso acerca del Acuerdo de Paz que sustituya el rechazado por el pueblo el pasado 2 de octubre.

Fue un error del presidente Santos redactar la pregunta de manera equívoca, pretendiendo que los votantes confundieran la paz -como objetivo nacional que todos compartimos- con un voluminoso y enredado documento de 297 páginas, cuyo contenido, desde luego, no sería leído y menos estudiado por la mayoría de los colombianos. Ello hizo que muchos votaran por el SÍ a ciegas, creyendo que votaban por la paz, y por el miedo que el propio presidente propagó, diciendo que al ganar el NO se desataría de inmediato una terrible guerra a nivel urbano. Otros, también por miedo, votaron por el NO creyendo que habría impuesto a las pensiones  o que se consagraría la perniciosa ideología de género. La mayoría prefirió manifestar su discrepancia o su desinterés absteniéndose.

Pero es también equivocado lo dicho por el presidente durante su visita de Estado a Gran Bretaña, en el sentido de atribuir, indiscriminada y maliciosamente, el triunfo del NO a una supuesta campaña de desinformación. Sí hubo desinformación, pero de lado y lado, entre otras razones porque el general desconocimiento sobre  el impotable documento en consideración  hacía que las campañas del SÍ y del NO, pregonaran, respectivamente, virtudes y  ventajas; defectos y consecuencias  negativas del texto, leído por muy pocos. Y unos y otros promotores, quizá también por no haber leído, hicieron afirmaciones inexactas.

Pero también hubo votos a conciencia y con conocimiento, por el SÍ y por el NO. Hubo, además, particularmente entre los jóvenes, voto independiente, de quienes prefirieron no hacer caso a la hostigante campaña oficial, ni a las descalificaciones, abucheos y ofensas que mostraban a los partidarios del NO como guerreristas, o a los amigos del SÍ como hinchas del “castro-chavismo”.

En el caso de quien esto escribe, no voté llevado por ningún liderazgo político; se fundó en razones jurídicas, y el llamado público, en la Academia y en los medios, fue por el voto en paz y en libertad,  informado y consciente, por una u otra opción, ambas legítimas. Así lo puede ver quien revise mis escritos o vuelva a escuchar las promociones radiales de LA VOZ DEL DERECHO.

Voté NO, por coherencia y rectitud, pues siendo partidario de la paz y defensor del proceso adelantado en La Habana, sin embargo  tenía, como tengo, muchas reservas sobre el Acuerdo, particularmente en materia de Justicia. Y se nos pidió votar por o contra el Acuerdo en su conjunto, en bloque. Honestamente, mal podía optar por la respuesta positiva.

Pero ya pasó la etapa del SÍ y del NO. Hace un mes se votó el plebiscito. Toca ahora buscar la paz con otro Acuerdo, mediante el diálogo, y sin ignorar o incumplir lo decidido por el pueblo.

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