Lástima que la justicia ideal no pueda darse en la realidad para que cada quien reciba lo que se merece, porque en la Tierra se suele premiar al violador y castigar al honrado.

En un estado social de derecho, como lo es el colombiano, los principios constitucionales de protección, igualdad, dignidad, libertad, justicia, como garantía a la convivencia y a la vida, trascienden, al medio ambiente, la conservación y protección de los recursos naturales. En reiteradas ocasiones, ha sido motivo de pronunciamiento de la Corte Constitucional que “Los animales son seres que sienten, no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos” (artículo 1° de la ley 1774 de 2016)

Todos tenemos derechos fundamentales prescritos en las constituciones de todo el mundo, hasta en aquellos países de gobiernos y partidos autocráticos, en tanto pertenezcan a la ONU, cuya Declaración Universal de Derechos Humanos, su base fundacional, les obliga. Pero –siempre hay un pero— del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el adagio; no todos podemos gozar de esos derechos, y es patético.

Los recientes acontecimientos nos llevan a recordar, una vez más, que uno de los valores fundamentales de nuestra organización estatal reside en la garantía de la vida, la integridad, las libertades, los bienes, la tranquilidad y los demás derechos de los gobernados. Según el artículo 2 de la Carta Política, son fines esenciales del Estado -entre otros- servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. La misma disposición señala que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.