Opinion (777)

De lo expresado por el  Gobierno Nacional, por conducto del señor Ministro de la cartera correspondiente,  se infiere que el problema de la salud no existe para los colombianos. Que la legislación estatutaria, hoy en vigor tras muchas e inexplicables demoras, todo lo soluciona y todo lo prevé. Que la actividad del Ministerio y de la Superintendencia de Salud es suficiente para controlar las fallas y para sancionar las faltas en que incurren las EPS. Que todo cuanto de negativo estamos viendo en el actual sistema proviene –así lo manifestó el Ministro-  de noticias manipuladas por los medios de comunicación.
 
Con el debido respeto, eso implica, además de una ofensa al derecho a la información, garantizado en la Carta Política, una forma de eludir las responsabilidades gubernamentales al respecto y también una manera de ocultar las graves falencias que ofrece el sistema.
 
No nos llamemos a engaño. ¿Cuándo lo entenderán los gobiernos? El sistema de salud existente es deplorable. Su “funcionamiento” -entre comillas, porque en realidad no funciona- deja mucho que  desear. Ello nos daría ocasión para plantear fórmulas de mejora y actualización, con parsimonia y despacio, si se tratara de asuntos que dieran espera, así  tuviésemos que soportar algunas incomodidades. Lo malo es que no se trata de un asunto de poca monta sino de algo urgente, que no permite más espera. Estamos ante una problemática que toca, ni más ni menos, con la salud, la integridad y la vida de muchas personas.
 
Ante ello, en el Estado Social de Derecho que se proclamó en 1991, no se entiende que la actitud oficial, por buenas intenciones que tenga el Ministro, sea la de persistir en la defensa de un sistema desconsiderado e indolente, en el cual importan más las ganancias y los ahorros, y hasta los despilfarros de las empresas particulares a las que se encomienda la salud -recordemos el doloroso caso de Saludcoop- que los derechos esenciales de los afiliados y de sus familias.
 
Quiero repetir que, cuando se expidió la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 del 16 de febrero de 2015), se dijo:
 
-Atendiendo lo previsto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho a la salud es un derecho fundamental. Lo cual significa que,  por estar íntimamente ligado a la dignidad y a la vida del ser humano, la salud debe ser atendida y protegida por el Estado y por los particulares que, autorizados por él, prestan el servicio público correspondiente.
 
-Que el de la salud es un derecho autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.
 
- Que el Estado está obligado a adoptar políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.
 
 -Que, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado.
 
-De esa Ley Estatutaria, cuando la sancionó, el presidente Santos dijo que partía en dos la historia de la salud en Colombia, que acababa con los paseos de la muerte y que la solicitud de autorizaciones para acceder a los servicios de salud debía ser en adelante inmediata y obligatoria. Que no se podrían negar a nadie.
 
 Pero la realidad del país muestra otra cosa muy distinta: continúan la desatención, el maltrato y las demoras; las esperas interminables;  los paseos de la muerte; la negación de los servicios con el pretexto del alto costo;  las citas a consultas para año y año y medio después, aun en el caso de los niños; las Eps siguen sin entregar los medicamentos  que ordenan sus propios médicos; aumenta el número de  personas que mueren esperando un tratamiento. Y ahora, por si fuera poco, las personas a quienes se ha practicado un trasplante de órganos, no tienen acceso a los medicamentos que requieren en el post operatorio.  Nada de eso han inventado los medios de comunicación. Solamente lo registran.
 
 Un sistema ineficiente e inhumano. Contrario a la Constitución y a la ley.
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Este viernes se cumplen 30 años desde aquel fatídico 6 de noviembre de 1985, cuando un comando del M-19, en operación que por paradoja llamaron Antonio Nariño "por los derechos humanos", asaltó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, con la pretensión de someter a juicio al Presidente Belisario Betancur por un  supuesto incumplimiento de compromisos relacionados con la paz, dando comienzo a uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de Colombia.
 
El saldo fue terrible:  once magistrados asesinados -entre ellos el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el inolvidable profesor Alfonso Reyes Echandía-;  otros cien muertos, en circunstancias todavía oscuras; incontables heridos; sobrevivientes traumatizados por el terror; personas desaparecidas, y el templo de la Justicia destruido.
 
Desde el momento en que -para horror de los colombianos-  se divulgaron los primeros datos acerca de la matanza, surgieron numerosas preguntas e inquietudes que, con el transcurso de las horas, se multiplicaron. Y hoy, después de tres décadas, son tantos los interrogantes; tantas las dudas, y de tal magnitud,  que ni siquiera me atrevo a intentar su compendio en el breve espacio de esta columna.
 
Se dice que la justicia cojea pero llega. Este caso es prueba de la cojera -también pasa con crímenes como los de Álvaro Gómez y Luis Carlos Galán-,  pero la llegada parece bien distante. Como lo manifestó en “La Voz del Derecho” el ex ministro Carlos Medellín, hijo de uno de los ilustres sacrificados, los primeros 20 años –de estos 30- se perdieron, merced a inacción, ocultamientos y pistas falsas, y solamente en estos últimos diez años han tomado cierto rumbo las investigaciones. El Fiscal Montealegre ha redoblado sus esfuerzos y se preocupa no solamente por los desaparecidos sino que ha principiado a indagar acerca de posibles torturas aplicadas tras la retoma del Palacio.
 
De todas maneras, hay responsabilidades de orden penal y de carácter político que todavía no se han deducido, y lo que se espera es que algún día se llegue a esclarecer lo acontecido, bien sea por la vía de las pruebas recaudadas, ya por las confesiones y declaraciones  que nos deben varios de los protagonistas de esta negra historia.
 
En mi caso, a 30 años de la tragedia, no he podido olvidar esa grotesca imagen de un tanque de guerra  ingresando al recinto de los máximos tribunales de justicia. En un Estado de Derecho.
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