Opinion (758)

Como, contra todo reglamento, es frecuente que se filtren las informaciones  propias de reserva, han afirmado medios de comunicación que algunos  magistrados de la Corte Constitucional están pensando en suspender provisionalmente los efectos del Acto Legislativo 2 de 2015, conocido como “equilibrio de poderes”.
 
Entendemos que, en ejercicio de la acción pública, se han presentado varias demandas de inexequibilidad, y que en ellas hay argumentos relativos a los aspectos formales del trámite de aprobación de la reforma y otros referentes a una posible sustitución de la Constitución de 1991.
 
En todo caso, aunque quien esto escribe también ha formulado reparos al contenido de las normas aprobadas ,  también los tiene sobre la forma incoherente  en que la Corte ha venido ejerciendo la función de control de constitucionalidad sobre reformas. Ello por cuanto, aun siendo válida la tesis según la cual el poder de reforma no puede trastocar o modificar la esencia de la Constitución, las varias sentencias que se han proferido en relación con demandas entabladas contra actos legislativos han sido disímiles en cuanto a los criterios con los cuales se mira esa conformidad o disconformidad entre las enmiendas y los contenidos esenciales de la Carta Política. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional  declaró exequible la reelección presidencial aprobada en 2004, diciendo que no había sustitución,  pero inexequible la ley que convocaba a referendo con el objeto  de permitir más de una reelección. Y, mientras encontró sustituida la Constitución por actos legislativos que introducían reforma transitoria sobre la manera de vincular a la carrera administrativa a servidores en provisionalidad o en encargo (algo muy discutible), declaró ajustada a la esencia constitucional el aplazamiento o postergación del Estado Social de Derecho so pretexto de un no menos discutible principio de “sostenibilidad fiscal”.
 
Ahora bien, en lo que respecta a las facultades de la Corte Constitucional para suspender provisionalmente la vigencia de un acto legislativo, sencillamente no existen. Ni siquiera cabe esa figura para las leyes, ni para decretos con fuerza de ley que podrían merecer con mayor razón control inmediato, como los del Estado de Conmoción Interior.  Las disposiciones constitucionales guardan silencio al respecto, al paso que autoriza expresamente la suspensión provisional de actos administrativos  por la jurisdicción correspondiente (Consejo de Estado, tribunales y jueces administrativos).
 
También guarda silencio el Decreto 2067 de 1991, que regula los procesos ante la Corte.
 
Digámoslo sencillamente: la Corte debe fallar pero no puede suspender  las normas legales, menos aún las reformas constitucionales.  
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La proliferación del denominado "microtráfico" de estupefacientes, también conocido como “narcomenudeo”, en las ciudades colombianas es verdaderamente alarmante.
 
Se trata de una verdadera invasión criminal que está causando enormes daños en el interior de la sociedad, corrompiendo a los niños y jóvenes, y ante su expansión la actividad de la Policía Nacional –a pesar de sus buenas intenciones- ha sido insuficiente, ya que tropieza con mil dificultades de orden práctico, entre ellas la disculpa de la famosa “dosis personal”, en mal momento despenalizada por Sentencia C-221 de 1994, proferida por la Corte Constitucional, de la cual discrepamos en su momento. Ahora, para completar, la Corte Suprema sostiene  que si a una persona la encuentran en posesión de hasta 20 plantas de marihuana recién cortada, es posible entender que no incurrió en los delitos de tráfico de estupefacientes o en el de cultivar, conservar o financiar plantaciones de marihuana.
 
Decía hace poco “El Tiempo” que, de 345 toneladas de cocaína producidas, 70 toneladas se venden en calles y 'ollas' de las principales capitales, pues  los laboratorios se mueven hacia las ciudades.
 
Son muchas las modalidades usadas por los delincuentes para penetrar de manera subrepticia en las comunidades y para llegar a los consumidores, que, como lógica consecuencia, van en aumento. Las formas de hacer disponibles esas venenosas sustancias van desde la venta en las calles, camuflados los distribuidores en puestos o en establecimientos supuestamente dedicados a otras actividades, hasta el llamado “servicio a domicilio”, de casa en casa o de apartamento en apartamento.
 
Lo más grave, como lo hemos visto a raíz del doloroso caso del Colegio Marco Fidel Suárez, de Bogotá, consiste en la distribución de la droga en los colegios. Inclusive, hay estudiantes que son distribuidores en su interior, a ciencia y paciencia de directivos y docentes. Se están utilizando, además -e infortunadamente con éxito-, las redes sociales, para propagar el consumo de drogas.
 
Se han quedado en pura teoría preceptos constitucionales como los que dicen que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos” (art. 44); que “el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral” (art. 45), o que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica” (norma introducida mediante Acto Legislativo 2 de 2009).
 
Estamos mal. Muy mal. Nos está derrotando el delito.
 
 
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PUNTO DE REFERENCIA - EL MICROTRÁFICO - 18 AGOSTO 2015
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