Opinion (650)

El caso Petro.

13 Mar 2014
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JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Ex Magistrado de la Corte Constitucional

 

En este caso se cruzan intereses políticos, económicos y personales y van quedando lecciones importantes sobre la democracia y las instituciones colombianas. Urge revisar los poderes del procurador y reflexionar sobre los actos de algunas Cortes.
 
EL ESPINOSO CAMINO DE PETRO

La trayectoria política de Gustavo Petro ilustra bien el tránsito exitoso de algunos líderes entre la acción armada y la lucha electoral. Petro fue un guerrillero del M-19 que se plegó al proceso de paz del presidente Barco (1986-1990), entregó las armas, se desmovilizó, fue cobijado por el indulto y se propuso impulsar su proyecto de sociedad mediante las elecciones.
Durante años se ha sometido a los procesos democráticos, fue varias veces elegido en corporaciones y ejerció con honestidad y  competencia el cargo de Senador. Como congresista adelantó debates de control decisivos para desenmascarar conductas criminales, y logró que la justicia sancionara hechos tan graves como los de la “parapolítica”, el paramilitarismo y los abusos de grupos guerrilleros. Sus denuncias lo proyectaron como uno de los congresistas más serios y eficaces, pero también le granjearon enemigos que no pudieron perdonar su independencia.
Fue candidato presidencial; fundó el movimiento Progresistas  y, tras las elecciones de 2010, enfiló baterías contra los corruptos del denominado “carrusel de la contratación”. Petro ganó las elecciones de 2011 y pasó del Congreso a la alcaldía de Bogotá. El segundo cargo del país en manos de un exguerrillero y un fuerte opositor de la clase política tradicional.
 
Hay que sacar al alcalde

Desde el comienzo de su gestión,  Petro sufrió los ataques de sus malquerientes, que han buscado por todos los medios sacarlo del cargo y acabar con su carrera política.

· Le endilgaron el delito de pánico económico por proponer la fusión de las empresas públicas de Bogotá.
· Demandaron su elección con el argumento peregrino de que Petro estaba inhabilitado por haber sido condenado a pena privativa de la libertad por posesión ilegal de armas, según fallo de un tribunal penal militar. Partían del error de suponer que este delito no tenía conexidad evidente  con el delito político de rebelión por el cual fue indultado: no en vano los guerrilleros se llaman “alzados en armas”. 
· Después quisieron frustrar en el Concejo su proyecto de reforma del Plan de Ordenamiento Territorial y criticaron sus decisiones en forma sistemática.
· Tiempo después se le acusó por haber cumplido un fallo de la Corte Constitucional sobre la recolección de basuras en Bogotá. El alcalde decidió trasladar la prestación de este servicio público a una empresa pública: ésta debería ser la regla general, así  el procurador diga que eso implicaba una violación a la libre empresa.
· Frente a la decisión de Petro aparecieron los saboteadores que inundaron la ciudad con desperdicios para causar una crisis. ¿Quiénes estaban tras el sabotaje? Yo no puedo decirlo con certeza, pero cabe preguntarse ¿a quién beneficiaba una ciudad sucia en esos días de diciembre de 2012? No precisamente al alcalde; pero lograron inculparlo del caos.
· Para sacar al alcalde adoptaron dos estrategias simultáneas: el proceso disciplinario en la Procuraduría y la revocatoria del mandato.  ¿Quiénes y por qué?;  ¿A quién beneficiaba la eliminación política de Petro?

 

Decisión muy discutible

Vino después la decisión del procurador Ordóñez, precedida por la investigación parcializada y donde se dieron muchas violaciones del debido proceso.
En esta decisión se irrespetó el principio constitucional de legalidad. Las conductas endilgadas y no demostradas a Petro -ser “mal alcalde”, en palabras del propio procurador (fuente) ante los medios, y haber violado la libre empresa por entregar lo público a entidades públicas- no constituyen faltas disciplinarias. En todo caso, si fueran faltas, no serían gravísimas, como las calificó la Procuraduría. No daban lugar a la destitución, y de ninguna manera a una inhabilidad de quince años para ejercer cargos públicos.
¿Hubo errores del alcalde? Puede ser; depende del  enfoque para evaluar este tipo de actuaciones. Los neoliberales rampantes dirán que entregar cualquier servicio público a una empresa pública es un error, pero otra cosa pensaría quien pretenda hacer real el Estado Social de Derecho o cumplir una sentencia de la Corte Constitucional.
Pero en gracia de discusión, digamos que hubo errores. Si los errores ameritan juzgar y sancionar disciplinaria y políticamente a quienes los cometen, ¿cuál debió ser la  suerte de quienes permitieron los ilícitos en la cárcel “la Catedral”? ¿o la de quienes efectuaron el despeje del Caguán? ¿O la del procurador por designar en su Despacho a familiares de magistrados competentes para postularlo o de congresistas llamados a reelegirlo, o por haber desacatado sentencias de la Corte Constitucional debido  a sus convicciones religiosas?

 
El mercado, la Constitución y el procurador

El procurador sostuvo (fuente) ante los medios que el alcalde no había seguido las órdenes de la Corte Constitucional y señaló que ese tribunal no le había ordenado contratar el  servicio con entidades estatales. Es decir, que la falta disciplinaria, calificada como “gravísima” y suficiente para destituir e inhabilitar al funcionario, consistió en realidad en  adoptar una decisión administrativa para ejecutar una política pública –ni más ni menos-.
La sanción supone que la Constitución prohíbe confiar parcialmente  un servicio público a una entidad pública. El artículo 365 dice lo contrario: “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” (…) “…podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares”. La norma agrega que “en todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”. Pero, para el procurador, confiar un servicio público a una empresa pública es falta disciplinaria porque se atenta contra la libre empresa.
El procurador es capaz de transformar  la lista legal –taxativa- de las faltas disciplinarias (Código Disciplinario Único)  en un catálogo personal y arbitrariamente manejado  que incluye sus propios conceptos neo-liberales acerca de lo que debe ser lo público –prácticamente nada, o muy excepcional-  y lo que, por regla prácticamente obligatoria, debe ser lo privado.
Este funcionario, a ciencia y paciencia de demócratas y juristas, ha venido acumulando un excesivo poder, un poder contra todos –incluido el pueblo-  en parte porque se lo otorga la Constitución, y en parte por el abuso de las atribuciones existentes, mediante  interpretaciones expansivas, como lo demuestran este caso y el de Piedad Córdoba. El mensaje es claro: funcionario que no comulgue con los criterios personales del Procurador, en materia política, administrativa, económica, filosófica o religiosa, está perdido.
En lo tocante a la competencia del procurador, el artículo 323 de la Constitución estipula que “En los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor”. Y aunque se diga que el Presidente no tiene más  camino que cumplir lo dispuesto por el procurador, me niego a admitir que el Jefe del Estado sea un firmón de cuanto le parezca decretar a la cabeza del Ministerio Público.
 

¿Y las altas cortes?

Las actuaciones de las altas cortes no han sido claras ni transparentes.
Por una parte la ponencia del magistrado Guillermo Vargas fue derrotada en la plenaria del Consejo de Estado. Aunque estaba muy bien documentada  no mereció un estudio serio y de fondo.
Por otra parte dos altos tribunales –el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura- resolvieron que todo estaba bien. Decidieron que no cabía una protección transitoria mediante acción de tutela, aunque estuviera prevista en la Constitución para evitar un perjuicio irremediable como el que afronta el alcalde Petro. Dudosa decisión.
Tampoco estuvo bien que los magistrados que tienen familiares o relacionados nombrados por el procurador y que trabajan en la Procuraduría no hayan sido separados de la decisión. Quedaron en duda su transparencia e imparcialidad.
En cuarto lugar habría recordar que uno de los principios esenciales de la democracia en lo que atañe a la administración de justicia es la denominada “autonomía funcional del juez”. Para explicarlo de manera simple, es algo así como aquello de que “cada alcalde manda en su año” (o “cada presidente en su período”). En materia de justicia significa que una vez radicado un asunto en cabeza de un cierto juez o tribunal, este debe contar con autonomía  para que todos los demás jueces o tribunales –incluidos sus superiores- le  permitan fallar  según su criterio, sobre la base de las pruebas existentes y de su interpretación del sistema jurídico aplicable.
Si esto es claro en el Derecho interno, con mayor razón respecto de decisiones de tribunales  internacionales. Por eso no se debió -y fue irrespetuoso- enviar mensajes o instrucciones del Consejo de Estado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una decisión que según el Pacto de San José es competencia exclusiva de esta Corte.
Esa actuación desconoce además el artículo 93 de la Constitución, según  el cual los derechos y libertades en ella contemplados se interpretan de conformidad con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia. Se olvidó también que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, solo por “juez competente, en proceso penal”. Como el procurador no es un juez, carecía de competencia en este caso y el proceso que adelantó no fue judicial, ni penal, sino puramente administrativo.
 

Lecciones

El “caso Petro” nos deja muchas lecciones:

· El proceso irregular y la arbitraria sanción del procurador envían un pésimo mensaje a quien buscan salir del conflicto armado para acogerse a la democracia.

· Deben ser revisadas –urgentemente- las desmedidas atribuciones del Procurador.

· Los futuros procuradores deben examinar sus reales atribuciones, para evitar  abusos.

· Los altos tribunales deben garantizar imparcialidad y transparencia en sus fallos. Es necesario que se expresen y  acepten los impedimentos cuando existan posibles conflictos de intereses.

· En Colombia -para mal de nuestra democracia- un ciudadano elegido por voto popular puede ser removido fácilmente por una autoridad administrativa sin explicaciones, sin fundamento ni competencia.


Hay quienes afirman que en Colombia no hay “complots”. Pero, –como sucede con las brujas- "que los hay, los hay". Y muchas veces los complotados logran sus propósitos.

 

 
 

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Sistema Caótico.

12 Mar 2014
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JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Ex Magistrado de la Corte Constitucional
Resulta indispensable que el país revise las normas que componen el sistema penal acusatorio en vigor plasmado desde el Acto Legislativo 3 de 2002, y que asuma el reto de fijar de verdad una política criminal.
 
En efecto, en las cárceles están muchos que no deberían estar. Y por fuera están muchos que deberían estar en la cárcel.
 
Es decir, no se está haciendo justicia sino que se realiza la injusticia. Y el sistema, lejos de garantizar mayor agilidad, se ha prestado para demoras, aplazamientos indefinidos de audiencias, principio de oportunidad mal aplicado, supuestas formas de colaboración con la justicia totalmente interesadas, irresponsables y engañosas, falsos testigos. En fin, un verdadero caos. 

En reciente radiografía presentada por la Policía Nacional se informa que en el último año cuatro de cinco ladrones detenidos en flagrancia fueron dejados en libertad. 
Dice la Policía que de los 5.088 ladrones detenidos en flagrancia, 4079 fueron dejados en libertad, 197 accedieron a casa por cárcel y sólo a 812 les dictaron medida de aseguramiento.
Pero las cárceles, inexplicablemente, están atestadas. Congestionadas. Y en una situación, vergonzosa para el país, de grave violación de los derechos humanos.
Y muchos delincuentes de cuello blanco están libres o muy cómodos en sitios especiales.

 Ya que el Ministro de Justicia reconoce que las cosas no están bien en el sistema acusatorio, lo que se espera es que por fin el estado colombiano fije una política criminal clara y coherente.
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JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Ex Magistrado de la Corte Constitucional
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ANÁLISIS - Elecciones -10-MARZO-2014
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Un análisis de los resultados obtenidos ayer en las elecciones para Senado y Cámara de Representantes, nos permite exponer las siguientes conclusiones:
 
- Ganó la abstención, que sumada a la votación en blanco, muestra el descontento de la mayoría de los colombiano con la política, o más exactamente, con los actuales políticos de todas las tendencias; con la manera de hacer política; con el gobierno; con la oposición, y en general con la cosa pública. Y eso no deja de ser preocupante, pues estamos en una democracia en la cual decide si acaso el 30% de quienes tienen capacidad de voto. Algo está pasando y debe ser examinado. Lo tienen que pensar los partidos; lo tiene que pensar la oposición; lo tiene que pensar el gobierno.
 
- El otro punto es el de la organización electoral. La Registraduría, que comenzó algo lenta, aceleró su actividad y finalmente entregó a tiempo y con claridad los resultados electorales, por lo cual merece felicitación. Lo que sí debe ser estudiado hacia el futuro es el diseño de las tarjetas electorales, que sin duda causó confusiones enormes entre los electores –en esta y en pasadas elecciones- debido a esa combinación entre logos y números, en especial para los partidos que optan por listas con voto preferente. La verdad es que los votantes no ubican fácilmente 
a sus candidatos favoritos. Es un diseño inconstitucional el de los tarjetones, ya que la Carta Política establece que, en el caso de partidos o movimientos que se acogen al voto preferente, los electores deben escoger entre los nombres que aparezcan en la tarjeta electoral. Y ocurre que los nombres son justamente los que no aparecen en la tarjeta. Aparecen los logos de los partidos –unos parecidos a otros- y muchos números. 
La gente no sabe dónde marcar, al menos quienes ejercen el llamado voto de opinión, y entonces ganan los que tienen votos cautivos, que sí se cuidan en dar a sus votantes las instrucciones necesarias para marcar precisamente donde les conviene que marquen.

- Por lo demás, todos están reclamando el triunfo: el centro democrático, el partido de la “U”; el Gobierno; el partido conservador; el liberal… En fin. Al parecer no huboperdedores. Pero lo cierto es que la irrupción del Centro Democrático de Uribe significó un cambio importante en el mapa político. Es una nueva fuerza política. Y se modifica la relación de fuerzas en el interior del Congreso. Y seguramente eso se reflejará en el trámite de los proyectos legislativos y de reforma constitucional que proponga el Ejecutivo, en particular lo relacionado con los acuerdos de paz.

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¿Otras FF.MM.?¿Otro Ejército?

05 Mar 2014
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John Marulanda
ABOGADO. Consultor Internacional en Seguridad y Defensa.

 
Cuando se firme un documento de Paz en La Habana, las farc, Cuba y Venezuela reclamarán mediáticamente como suyo el éxito de una paz que quedará en suspenso por muchos años. En ese entretanto, los "entreguistas" de las farc tratarán de deslindarse de sus carteles narcotraficantes que continuarán con el negocio. Y mientras nos indigestaremos viendo a los matasiete marxistas-leninistas posando de padres de la patria o dando cátedra sobre derechos humanos, el gobierno proclamará un nuevo y único enemigo del Estado: el narcotráfico. Nada nuevo: rastrojos, urabeños y otras bandas similares ya son un serio problema de orden público. Para combatir este crimen organizado, mejor la Policía que el Ejército, el cual, como ya lo advirtió su actual Comandante, se reducirá. Habrá también que reorientar sus tareas como lo advirtió una viceministra: protección de la biodiversidad y las fuentes hídricas, atención a riesgos y amenazas. Nuestro Ejército con la Escuela de Colonización en La Tagua, la Escuela de Relaciones Civiles Militares, los ingenieros militares, por citar unos ejemplos recientes, ha marcado caminos de desarrollo y progreso interrumpidos por políticas erradas que ahora parecen renacer, recomendadas por militares extranjeros a quienes la patria colombiana no tiene por qué dolerles. ¿Nuevos retos para las FF. MM.? Movilidad, unidades altamente especializadas y por supuesto una inteligente protección de nuestras fronteras frente a una Venezuela superarmada y emproblemada, un Ecuador en rienda autoritaria y una Nicaragua expansionista con apoyo ruso, algo que "especialistas" foráneos no nos lo tienen que decir.
 
Unidades militares electrónicas y cibernéticas serán necesarias, previo reajuste de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Y tecnología: da grima que mientras Venezuela, Ecuador y Bolivia tienen sus satélites propios para asuntos de seguridad, Colombia no. Urgente es posicionar la Escuela Superior de Guerra como primer Centro de Pensamiento en Seguridad y Defensa de nuestro país para que centros similares de otros países, ONG aviesas, empresas disfrazadas de centros científicos y "expertos" mamertos no sean los que "revelen" las cifras del conflicto a su amaño y proyecten el rumbo operacional de nuestras Fuerzas Armadas. ACORE, LA RESERVA MORAL del país, debe resaltar su perfil, actuar con mayor contundencia y rescatar un criterio gerencial con vocación política. Si hay que cambiar sus reglamentos germinales ya es tiempo. El potencial político de Acore, desafortunadamente mal manejado, debe empezar a hacerse sentir. Hay con qué. Tenemos oficiales, suboficiales y soldados que no desmerecen ni poco frente a cualquier militar del mundo. 

Otra reforma es inmediata y crítica: el voto de los militares. No pueden nuestros soldados continuar siendo tratados como ciudadanos de segunda. Sí. Unas renovadas FF. MM., un ejército más moderno, una Escuela de Seguridad y Defensa respetable y una Reserva de peso, pero no como víctimas propiciatorias a los terroristas. Sospecha y temor que el gobierno aún no logra desvirtuar.

 

 

 
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