Opinion (2198)

La nueva Comisión de Disciplina Judicial (CDJ) estrenó sus facultades destituyendo e inhabilitando por 10 años a un juez de Caquetá por conceder arbitrariamente casa por cárcel a un narcotraficante. En cierto sentido, la CDJ abrió un postigo por donde alumbrar la terrible pandemia de impunidad que carcome a Colombia.

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La JEP ha revelado que, según sus indagaciones en el proceso conocido como “Caso 03”, no solamente fueron asesinadas por miembros del Ejército colombiano (como siempre se dijo) algo más de 2000 personas -lo cual es ya escabroso y constituye un conjunto de gravísimos crímenes de lesa humanidad-, sino que, en realidad, el número de víctimas de los mal denominados “falsos positivos” (crímenes de lesa humanidad) cometidos entre 2002 y 2008, ascendió cuando menos a 6.402. Se trataba de personas en la más completa indefensión, humildes y desprevenidas, que -atraídas engañosamente con promesas de trabajo- fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. 

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La suspensión de la fumigación aérea con glifosato a los cultivos ilícitos de coca y las trabas legales para un eventual reinicio de la misma, gestionadas por Santos con sus Cortes de bolsillo, fueron el pago inicial exigido por las FARC para comenzar el negociado de La Habana. Como consecuencia, pasamos aproximadamente de 60.000 a 200.000 hectáreas que tienen a Colombia y a la región en una penumbra transicional hacia un conjunto de Estados con el crimen organizado transnacional adueñado del poder político. Venezuela es el ejemplo. En medio del aturdimiento mediático por la llegada de las primeras vacunas contra el covid-19, el nuevo Mindefensa colombiano anunció el reinicio de las tales fumigaciones a los sembradíos que posicionan el país como el primer productor mundial de cocaína. Noticia gorda, aunque de horizonte impredecible: “En menos de 90 días estarían listas las condiciones establecidas por la Corte para la reanudación…”, dijo el funcionario. Anteayer, el Minjusticia dio a conocer esas muchas condiciones para el reinicio de la aspersión, suspendida desde 2015. Y desde ya, el costo de la panela, cuya melaza se utiliza como antídoto y protección y reconstituyente de los plantíos fumigados, registra un aumento desproporcionado.

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Hablando de derechos, cuyo ejercicio efectivo -en especial cuando se trata de derechos fundamentales- debe ser asegurado y resguardado por el Estado, hemos de expresar que ninguno es absoluto, y que, en su ejercicio -para que haya un justo equilibrio-, deben operar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y responsabilidad. Según resulta de su esencia, cada derecho llega hasta donde principian los derechos de los demás y no puede ir contra el orden jurídico. Todo derecho tiene deberes correlativos. 

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