El Gobierno ha presentado el proyecto de reforma sobre estructura del estado y se ha abierto una polémica acerca del origen, las características y las funciones del tribunal que se propone para el juzgamiento penal, disciplinario y fiscal de quienes hoy gozan del fuero constitucional especial. A él están sometidos actualmente los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General de la Nación. Son juzgados por el Senado previa acusación de la Cámara de Representantes cuya Comisión de Acusaciones recauda las pruebas.
El Procurador, el Contralor, los ministros, los gobernadores y otros funcionarios tienen un fuero distinto. Son juzgados por la Corte Suprema previa acusación del Fiscal General o sus delegados. La Comisión de Acusaciones de la Cámara es una dependencia de creación legal, cuya supresión no requiere reforma constitucional, lo que se pretende por el gobierno es entonces no solamente suprimir la Comisión de Acusaciones que, por distintas causas, no ha funcionado sino establecer un sistema distinto y único de investigación y juzgamiento de todos los aforados con excepción del Presidente de la República quien seguirá con fuero político.
Hasta ahora –digámoslo con franqueza- ha habido impunidad por razón de la naturaleza política de los procesos, se quiere precisamente confiar esa delicada tarea a magistrados experimentados, severos e incorruptibles, de primer nivel y a acabar con la impunidad.
Es un buen propósito y no vemos razones válidas para su rechazo, seguir con los juicios políticos para funcionarios no políticos, es un error.