Se surtió el sexto debate -en la plenaria del Senado de la República- y se aprobó el proyecto de acto legislativo que reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia.
Fue respaldada la propuesta del Ejecutivo en el sentido de eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el Consejo Superior de la Judicatura; se creó una "Comisión de Aforados que estará integrada por 9 juristas de alta reputación", cuyos integrantes serán postulados y elegidos por la Cámara para que presenten un informe a dicha corporación acerca de si es o no conveniente llevar en cada caso un juicio político previo a los aforados.
En lo que significa una ampliación del actual fuero constitucional especial, quedarán ahora cobijados el Presidente y el Vicepresidente de la República, los magistrados de las altas corporaciones judiciales, el Fiscal General, el Procurador General y el Contralor.
Según lo aprobado, el período de los actuales magistrados de las altas cortes será de doce años.
En estas condiciones, faltan solamente dos debates, en la Comisión Primera y en la Plenaria de la Cámara de Representantes, para que el proyecto se convierta en norma constitucional.