Cuando sucumbe la Justicia desaparece el Estado de Derecho. La Constitución y las leyes se quedan escritas y el caos se apodera de la sociedad.

Aquí hemos hablado varias veces de crisis institucional, a propósito del desconocimiento de los resultados del plebiscito y a partir de las normas constitucionales y legales que han venido siendo aprobadas como desarrollo e implementación del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, pero ante las más recientes decisiones de la Fiscalía General respecto a la conducta de ex  magistrados de la Corte Suprema de Justicia, queda confirmado que la crisis institucional es todavía más profunda de lo que pensábamos, y que Colombia ha entrado en una etapa de oscuridad institucional de la cual va a ser muy difícil salir. La crisis está tocando fondo.

Lo cierto es que las instituciones no están operando. Los órganos competentes de Colombia descubren las irregularidades y los delitos, no por su propia actividad sino por las investigaciones  que adelantan organismos norteamericanos y las pruebas que suministran, como pasó con el Fiscal Moreno y ahora ocurre con los ex magistrados de la Corte.

Hace dos años y medio estalló el escándalo relacionado con un integrante de la Corte Constitucional, y no hay fallo del Senado -absolviendo o condenando al hoy ex magistrado-, y por tanto -siendo un requisito de procedibilidad-, tampoco se ha adelantado el proceso ante la Corte Suprema de Justicia. 

De modo que, en todos estos procesos -en especial cuando hay fuero- la administración de justicia no funciona, la sociedad se queda sin información. No puede hacer el seguimiento de lo acontecido y se perpetúa la impunidad. 

Lo que está pasando es muy grave, y de la crisis institucional no nos levantamos. Si la sal se corrompe, ¿con qué se salará?.