Columnistas (631)

LA REVOLUCIÓN DE LAS JAC

16 Jul 2012
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Por OCTAVIO QUINTERO

Las autoridades locales tienen para rato con la nueva Ley 1551 de este año sobre los importantes alcances que da al artículo 3º de la Ley 136 de 1994 sobre Régimen Municipal acogiendo, por demás, importantes sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en relación con las funciones y obligaciones de los municipios.
 
 
La nueva ley, orientada a modernizar el desarrollo local en el nivel municipal, recoge en un solo cuerpo normativo diversas disposiciones que se hallaban dispersas en otras leyes y decretos que hacían difícil su ubicación y comprensión y, por ende, su aplicación.
 
Cabe destacar, entre esas materias que ahora quedan taxativamente contempladas en la Ley 1551, los siguientes temas:
Planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; programas de desarrollo rural y de participación comunal y comunitaria; de convivencia y seguridad ciudadana; de promoción de los derechos humanos, de protección a los grupos vulnerables y a las víctimas del desplazamiento y del conflicto armado y a las minorías étnicas; fomento a la cultura y al turismo, al desarrollo económico y a la promoción y protección del medio ambiente.
 
Pero en este comentario queremos destacar en particular el nuevo alcance que se da a la participación comunitaria a través de las juntas de acción comunal (JAC), adicionando a su reconocimiento constitucional y protección legal, la necesidad de que los alcaldes lleven a la comunidad, par y paso, en todo el proceso de sus gestiones gubernamentales.
 
En este sentido, la nueva ley enfatiza y aclara el papel de los organismos de acción comunal en el desarrollo conjunto de programas y actividades, obligando (así como suena) a los mandatarios locales a materializar en hechos concretos esta participación.
En efecto, resulta pertinente citar textualmente al respecto lo establecido en el numeral 3º del artículo 6º en donde se dispone que el art. 3º de la Ley 136 de 1994, quedará  así:
 
- Funciones de los Municipios. Corresponde al  municipio: (…) 3.  Promover  el  desarrollo  de  su  territorio  y  construir  las  obras  que  demande  el progreso  municipal.  Para  lo  anterior  deben  tenerse  en  cuenta,  entre  otros:  los planes  de  vida  de  los  pueblos  y  comunidades  indígenas  y  los  planes  de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción  comunal.
 
En este mismo orden se redactaron los parágrafos 1º y 4º que dicen…
 
- Parágrafo  1°.  Las  políticas,  planes,  programas  y  proyectos  con  destino  al fortalecimiento  de  los  cabildos,  de  las  autoridades  y  organizaciones  indígenas  y de los organismos de acción  comunal  se  formularán en  concertación con  ellas.
 
- Parágrafo  4°. Se  autoriza  a  los  entes  territoriales  del  orden  departamental  y municipal  para  celebrar  directamente  convenios  solidarios  con  las  juntas  de acción  comunal  con  el  fin  de  ejecutar obras  hasta  por  la  mínima  cuantía.  Para  la ejecución de estas, deberán contratar con  los habitantes de la  comunidad.
 
Tras estas normas legales, en adelante, difícilmente podrá un mandatario local ignorar a las juntas comunales y, menos, discriminarlas o amenazarlas en aras de sus eventuales posiciones políticas o personales.
 
Preciso resulta aclarar que la 1551 es una ley que se expide en el vasto campo del Régimen Municipal y que, por tanto, la referencia que hacemos a las juntas de acción comunal es una parcialidad adrede que no intenta sobreponer en importancia a otras de las disposiciones contenidas en la norma que, obviamente, deberán ser, a su vez, detenidamente analizadas y evaluadas por las autoridades y técnicos competentes, teniendo siempre en cuenta, y más en nuestro régimen central y presidencialista, que de eso tan bueno no dan tanto, como dice el docto vulgo.
-
 
Fin de folio: Otra precisión sería que la Ley 1551 ha dejado la pelota en el campo de las JAC y corresponderá a los dirigentes de las juntas socializar sus alcances y hacer valer sus derechos. Esto resulta fundamental porque nadie puede reclamar un derecho que no sabe que tiene o no lo entiende.
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Los desatinos presidenciales

16 Jul 2012
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Escrito por

Por LUDOVICO ARIOSTO

Para mal de las instituciones y del país, las más recientes actuaciones del Gobierno Nacional -que en muchos aspectos han sido deplorables- demuestran varias cosas:

-El Presidente Santos -quien inició su período con paso firme- parece ahora -ad portas de los dos años desde su posesión- un funcionario desorientado que no sabe muy bien a dónde dirigir la nave del Estado colombiano. Es frecuente en él hacer anuncios que no cumple; cambiar de criterio con impresionante facilidad; desautorizar posiciones y declaraciones de sus colaboradores; improvisar con los proyectos de reforma legal y constitucional, que un día le parecen extraordinariamente buenos y otro día resuelve desmontarlos o decide no presentarlos -como pasó con la reforma a la educación, bajo la justificada presión de los estudiantes-, o los estima totalmente inconvenientes, como aconteció con el acto legislativo aprobado sobre modificación cosntitucional en materia de justicia.

-Se advierte con facilidad que el Presidente está mal asesorado, y muy mal informado en muchos aspectos, en especial los de carácter técnico y jurídico, y en consecuencia no resulta extraño que se precipite a declarar ante los medios sin haber confirmado o corroborado lo que divulga. Eso lo hemos visto varias veces, en lo relacionado con normas jurídicas aplicables a casos específicos; con reacciones presidenciales ante decisiones judiciales, y con mucha frecuencia en el campo de las cifras, como por ejemplo las comunicadas por el Presidente a los colombianos cuando denunció los casos de corrupción en el sistema de salud o en la DIAN. Surgieron diferencias muy grandes entre las cifras iniciales y las establecidas después, lo que hizo que posteriormente -quizá por estar esperando un escándalo mayor- los medios y  la opinión pública restaran o quitaran toda importancia a esos eventos de corrupción. Éstos, en mi criterio, no deben medirse necesariamente por la magnitud en pesos, sino por los hechos mismos; la gravedad del fenómeno no estriba en las cantidades defraudadas sino en el hecho de que haya funcionarios corruptos, a los cuales hay que perseguir, sea por poco o por mucho.

-El Presidente no tiene políticas definidas en muchas materias, ya que es bien conocida su peligrosa tendencia a buscar darle gusto a todos, para quedar bien con todos, con independencia de unos programas preestablecidos, como se supondría que lo estaban desde la época de la candidatura.

-Los ministros suelen dar declaraciones a título personal que después pueden ser o no corregidas por el Presidente, según como ello impacte en las encuestas. Ejemplo: las muy imprudentes palabras de la Canciller sobre el futuro del litigio con Nicaragua por San Andrés (esas no fueron oportunamente rectificadas, y eran muy graves), o el anuncio del Ministro de Hacienda sobre gravámen de IVA para los productos de la canasta familiar (estas sí revaluadas, al ver la reacción de la ciudadanía), o el impulso de los ministros Vargas y Esguerra a la reforma de la justicia, para después sostener el Presidente que la objetaba por inconveniencia -ya aprobada en su totalidad-, con el fin de no perder popularidad  ante la reacción colectiva contra la disparatada enmienda (y a posteriori, habiendo él impulsado la reforma, cargó sobre los hombros de Esguerra toda la responsabilidad de lo acontecido), o el caso de la reforma a la educación, en que hasta último momento se permitió a la Ministra del ramo sostener que el Gobierno no echaría pie atrás (la Ministra fue desautorizada por el Presidente).

-Los ciudadanos, que al principio gustaban del estilo presidencial -supuestamente amable y contemporizador- han venido corroborando que en realidad tiene por objeto lograr que la imagen del Presidente suba en las encuestas; que no decaiga en porcentajes de aprobación, siempre por comparación con el anterior Jefe de Estado; que se facilite el camino para la reelección, dentro de dos años. A veces, incluso, da una inevitable sensación de demagogia y en otras ocasiones no puede ocultar que improvisa.

-El Presidente dice una cosa, pero piensa y hace otra. Por ejemplo, ha afirmado en varias ocasiones que se ha propuesto no pelear con el ex presidente Uribe, pero no pierde ocasión -muchas veces sin necesidad- de hacer o de decir cosas que mortifiquen a su predecesor o que provoquen su reacción airada. 

-En el Gobierno no existe un espíritu de equipo. Da la impresión de que cada ministro o director de departamento administrativo va por su lado.

-La economía está comenzando a dar muestras de deterioro.

En fin, las condiciones de gobernabilidad son cada vez más difíciles. Estas cosas las decimos, no para molestar ni ofender al Dr. Juan Manuel Santos, sino para dar lugar a que reflexione, y para que, ojalá, pensara en rectificar el camino.

 

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IMPERIO VALLECAUCANO

13 Jul 2012
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Escrito por

 

Por Teresa Consuelo Cardona (*)

 

En nuestra comarca, hombres y mujeres empezaron a consolidar poderes absolutos, totalitarios y autocráticos, que con prácticas permanentes borraron lenta pero continuamente el rol de los poderes públicos, subordinándolos al ejecutivo.

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La historia del Valle del Cauca se parece a la de los pequeños pueblos arrasados por los grandes reinos, en la Antigüedad. Entre más riquezas reales tuviera una población, más expuesta estaba a ser merodeada, saqueada y despojada hasta el límite. Sus líderes eran asesinados y los adalides potenciales eran cooptados en medio de tragedias sociales impensables. Una mezcla de la necesidad de supervivencia con la inmoralidad e indecencia de quienes quedaban en el pueblo, dejaba a la localidad postrada en una demoledora miseria que iba mucho más allá de lo económico. Tras las invasiones que se producían sobre sus antiguos territorios, todos los elementos generadores de riqueza se quedaban congelados en el tiempo. La vocación de sus tierras cambiaba, la economía se subordinaba a los nuevos amos, la sociedad se desbarataba, el arraigo se descomponía y su cultura se iba modificando mediada por la desesperanza y la desconfianza.

En medio de esa perturbadora situación, nuevas castas hacían su debut, con la certeza absoluta de su escasa permanencia en el poder y de que su fortaleza podía estar basada únicamente en la superioridad económica, sin que los antecedentes o procedencia de sus riquezas fueran importantes. A su vez, sus tesoros les permitían poderío militar y control político para favorecerse y alargar un poco la duración de su ejercicio totalitario y reforzar sus riquezas y señorío militar. El círculo se cerraba, pero no por mucho tiempo. Con técnicas cada vez más violentas y continuas, aparecían los nuevos poderosos, que arrancaban brutalmente a sus antecesores de sus lugares.

Entre los Siglos I y IV, el glorioso y grandioso Imperio Romano decayó hasta su extinción. Fueron múltiples las razones que lo hicieron fracasar. Todos sabemos que su crisis era inevitable debido a las malas administraciones e ingobernabilidad reinantes. Los cónsules, algo así como la rama ejecutiva del poder y el Senado, algo así como la rama legislativa, habían sido remplazados por el emperador, a partir del año 27 a.C. Los primeros emperadores se sentaron en su trono por décadas, pero a medida que pasaba el tiempo, tenían historias fugaces. En la decadencia del Imperio, cada gobernante apenas si duraba unos meses, cada uno derrocado por el siguiente.

En ese mismo tiempo, los pueblos seminómadas crecieron cada día y se fortalecieron mientras invadieron cada espacio en el que los romanos cedían. Y no es que los romanos fueran buenos y su bondad e indulgencia los hubiera empujado hacia atrás ante su arremetida. Fue que los romanos perdieron su poderío al avanzar tras el sueño imperial autocrático que contradijo a la República con sus poderes repartidos y equilibrados en contrapesos.

Frente a ese panorama, hordas de humanos, otrora desplazados, abusados y víctimas de la impunidad de la que gozaba el Imperio, retomaron algunos de sus antiguos territorios e invadieron nuevos. Lo hicieron porque entendieron que depredar y arrasar era aceptable y aceptado. Lo aprendieron, muy seguramente, de la expansión del Imperio Romano y gracias a la visible anarquía e innumerables guerras civiles que se vivían. A esos grupos humanos los romanos los denominaban bárbaros, una designación despectiva que se les daba a quienes habitaban fuera de las fronteras imperiales.

Fueron más de cuatro siglos los que les tomó a los bárbaros aprender de sus maestros, los odiados romanos, lo necesario para enfrentarlos y derrotarlos. Las batallas fueron cruentas, continuas y sanguinarias y condujeron al continente europeo hacia la temida Edad Media. Como quien dice, salió peor el remedio que la enfermedad.

Nada más parecido a la historia reciente del Valle del Cauca. La grandeza regional se fue derrumbando tras la caída de sus ilustres gobernantes, que pese a su brillo, tampoco eran santos. Eran hombres, como los emperadores. Hombres que fueron cediendo su territorio, lentamente, ante las invasiones bárbaras de los gamonales inmorales, los narcotraficantes, los paramilitares, los narcoparamilitares y todas las demás combinaciones gestadas en los últimos tiempos.

En nuestra comarca, hombres y mujeres empezaron a consolidar poderes absolutos, totalitarios y autocráticos, que con prácticas permanentes borraron lenta pero continuamente el rol de los poderes públicos, subordinándolos al ejecutivo. Su decadencia no se hizo esperar, como tampoco las hordas que han ido tomando su lugar. Personas que con astucia saben sacar provecho para sí de una situación. Egoístas siniestros con ambiciones desmedidas, dedicados a la opulencia mediante la legalización de sus inmensas fortunas con dudosos orígenes. Promueven negocios que cumplen con la ley (hecha por ellos o sus amigos), aunque sean a todas luces inmorales. Se lucran de gangas como la salud que, aunque les está arrancando la vida a los usuarios que lo financian y lo justifican, les provee a los dirigentes la construcción de un puesto de salud que les genere dividendos, contratos o burocracia. O como el de los biocombustibles que, aunque desplaza la seguridad alimentaria, goza de la protección del Estado, aunque cause un irreparable daño ambiental. La mayoría de quienes vienen dirigiendo el Departamento son personas que han dedicado sus vidas a ignorar los derechos de los demás y apropiarse de los espacios públicos en función de intereses particulares.

Duran poco en el poder, pero el daño que hacen es irreparable y aunque son remplazados rápidamente, cada vez el perfil de quienes llegan al poder es más inmoral, torpe, atrevido, incorregible, licencioso, corrompido, viciado, embaucador, deshonesto y laxo. Emperadores de pacotilla deciden por nosotros.

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(*)Periodista. Comunicadora Social. Especialista en Gestión Política. Docente Universitaria. Clasificada en Categoría A1, por Colciencias (COL).

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LA PAZ A LAS MALAS

12 Jul 2012
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Escrito por

 

POR OCTAVIO QUINTERO
 
Foto AP, tomada de noticias.terra.com.co
 
Último exabrupto en esta guerra colombiana que ahora le dice a los indígenas: "Bienvenidos al conflicto"
 
Uno puede estar de acuerdo o no con la posición del presidente Santos al reafirmar en Toribío  (Cauca), la soberanía del Estado en todo el territorio nacional; estar de acuerdo o no con la posición de la comunidad indígena de reclamar autonomía de etnia dentro de sus territorios legalmente reconocidos. Inclusive, uno puede ser proclive a la lucha armada que sostienen los subversivos por las razones de orden político y social que se contienen en sus discursos de siempre. Pero ninguna de esas razones, en ningún escenario donde quiera ponérselas, justificaría la bravuconada del Presidente al término del Consejo de Ministros realizado a las volandas en medio de la martirizada población indígena.
 
Nadie puede llegar en son de paz precedido de una frase tan arrogante, altanera y retadora como esa de que va a terminar con un conflicto “por las buenas o por las malas”. Ningún conflicto se acaba por las malas, Presidente. No existe en la historia uno solo que sirva de ejemplo. Por el contrario, la historia de la guerra en el mundo (y Colombia, por supuesto), indica que toda agresión genera venganza, -ad infinitum- que hace que el exceso del vengador haga olvidar la responsabilidad del agresor. Por eso es que todo conflicto solo termina con el diálogo civilizado entre las partes, y de esto sí abundan ejemplos.
 
En segundo lugar, Presidente, su arenga en Toribío sobre la misión de la fuerza pública en defensa de los colombianos, incluyendo a la población indígena, sería plausible si, y solo si esa defensa se extendiera también, como reza la Constitución, a sus bienes y honra, asuntos muy cuestionados de tiempo atrás, y más ahora que su “locomotora minera” viene entrando “a las buenas o a las malas” (en su mismo lenguaje), al territorio sagrado de todos los colombianos (no solo de los indígenas), porque en esos templos ecológicos se produce el oxígeno y el agua que nos asegura la existencia, en especial a las futuras generaciones…
 
Finalmente, Presidente: la diferencia entre la acción del  Estado y las acciones subversivas, es que los procedimientos de la fuerza pública, sin ninguna excepción, tienen que acogerse a métodos convencionales en torno al tratamiento de los conflictos bélicos, especialmente en los casos en que se hallen involucradas poblaciones civiles. Y los indígenas también constituyen población civil, más protegida que todas las demás por especiales condiciones contempladas en distintos tratados internacionales que obligan a Colombia, tanto como su propia Constitución.
 
El rechazo a los métodos de la subversión; la condena a las Farc y demás grupos alzados en armas, bien por cuestiones políticas o por asuntos puramente criminales, no habilita al Estado para desafiarlos en su misma ley: la ley del más fuerte, en la que usted acaba de expresarse desde Toribío, que nos dejó pasmados: “la decisión es acabar con la guerra por las buenas o por las malas”. Mambrú no habría podido ser más esquizofrénico…
 
Pero también, todo este proceso tiene su explicación desde su gestión como Ministro de Defensa, cuando junto con su presidente Uribe, se propuso acabar con esos “bandidos” y “terroristas”, como en antes se les decía. La prensa de la época recoge muchas declaraciones suyas sobre “el fin de las Farc”. Y cuando ese fin se les alejaba como en la Utopía de Galeano, entonces usted, muy dialéctico, recurrió al “fin del fin” de las Farc que tampoco llegó, no para complacencia nuestra sino para desgracia del país porque, tanto usted como Uribe, y todos a una como en Fuente Ovejuna, han creído que el conflicto armado en Colombia es una cuestión que puede acabarse por las malas.
 
En aras de esa falsa premisa, los sucesivos gobiernos de Colombia han venido equiparando la acción de la fuerza pública del Estado con las mismas condenadas acciones de los bandidos y terroristas, cosa que para usted tampoco es extraña, pues, que ya hemos hecho carrera en este escabroso camino como cuando siendo usted Ministro de Defensa, se bombardeo a Ecuador a la caza de Reyes; se desplegaron los falsos positivos y se registraron eventos militares tan espectaculares como la “Operación Jaque”, precedida de una inconfesable logística, cuya explicación se nos está debiendo.
 
-
Fin de folio: Tras su aterrizaje en son de guerra en Toribío, señor Presidente, forzoso resulta convenir que la guerra  que nos ha dispensado el establecimiento a todos los colombianos, allende las fronteras indígenas, ahora se ha extendido a ellos, último reducto de la dignidad nacional que nos quedaba…
 
Ave, Caesar, morituri te salutant
 
 
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