¿Las tarifas por concepto de la prestación de servicios públicos -en especial los domiciliarios- están por fuera del control estatal?

Como dice la Constitución, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Igualmente, a ellas corresponde -en las distintas ramas y órganos del poder público y dentro de sus competencias- velar por el interés general, garantizar el cumplimiento y la efectividad de las normas constitucionales y legales, preservar el patrimonio público, prevenir, controlar, investigar y sancionar el delito, administrando real y oportuna justicia. Los funcionarios no están en sus cargos para enriquecerse a cambio de cooperación con el delito, ni para cohonestar, ayudar y amparar a poderosos delincuentes.

Los avances de la tecnología, siendo muy útiles para la comunicación entre las personas, no pueden sustituir o hacer inútiles las normas constitucionales o legales, ni reemplazar a los jueces en el ejercicio de su función. Es decir, un “trino” -como se llamaba antes- o un “post” -como ahora se denomina- no son sentencias, ni pueden tenerse como tales, ni condenar a una persona sin que medie sentencia judicial, ni tampoco afectar sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la honra, al buen nombre, a su prestigio y reconocimiento social. Infortunadamente, hay “condenas” en muchos casos, y se han convertido en “definitivas”, de manera pública y palpable.

Por decisión del presidente de la República, en adelante las deliberaciones de los consejos de ministros serán transmitidas en directo por televisión. Eso no le hará bien al Ejecutivo desde el punto de vista político, como acaba de acontecer, como resultado de la primera transmisión. Se generó una verdadera crisis de gobierno y la renuncia de varios funcionarios.