Dos valores -sobre los cuales discute hoy la sociedad colombiana- son fundamentales en nuestro modelo democrático para lograr un orden justo y realizar el Estado Social de Derecho: el trabajo y la participación. La Constitución establece que se alcanzarán “dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.

Colombia es un Estado de Derecho, en el que, a lo largo y ancho del territorio, deben imperar las reglas establecidas en la Constitución y las leyes. Pero se está volviendo corriente que, en ciertas zonas, eso no se cumpla.

El artículo 22 A de la Constitución, que se plasmó en el Acto Legislativo 5 de 2017, como desarrollo del Acuerdo de Paz con las antiguas FARC, buscaba -como lo dice su texto- garantizar la no repetición. Dispuso la norma: “Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes. La ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes”.