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José Gregorio Hernández Galindo
Como estaba previsto desde hace tiempo, el presidente Juan Manuel Santos anuncia que aspirará a la reelección. Quiere permanecer cuatro años más en la Casa de Nariño.
Es legítimo que lo haga a la luz de la actual Constitución, tras la reforma de Yidis y Teodolindo (Acto Legislativo 2 de 2004), aunque sus posibilidades de lograr el triunfo en las elecciones presidenciales del año entrante no serán las mismas, ni de lejos, a las que tuvo en 2006 el ex presidente Álvaro Uribe. Pero de todas maneras, como lo hemos dicho varias veces, no es lo mismo ser candidato y a la vez presidente en ejercicio -con todas las ventajas inherentes a esto último- que candidato a secas, por fuera del poder. Y ello, no obstante la ley de garantías, que para el actual presidente es "absurda".
Por tanto, los candidatos que representan otras opciones políticas se encontrarán en circunstancias de debilidad manifiesta y, a diferencia del doctor Santos, deberán esforzarse día y noche durante los próximos meses en búsqueda de los votos en un total desequilibrio, y desarrollar una campaña mucho más ardua.
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 –que prohibió de manera absoluta la reelección presidencial- una de las peores y más regresivas reformas de las treinta y ocho que hasta ahora se le han introducido ha sido precisamente, junto con la de la sostenibilidad fiscal (Acto Legislativo 3 de 2011), la de la reelección del Jefe del Estado, sin siquiera un intervalo de cuatro años como el que antes se consagraba.
En efecto, se ha desvertebrado la estructura política del Estado colombiano; se ha desbarajustado el sistema de frenos y contrapesos; el Congreso ha perdido toda su autonomía y ha renunciado al control político, convirtiéndose exclusivamente en coro de aplausos al gobierno de turno –ahora más vergonzoso que en el pasado, gracias a la conocida “mermelada”-; no hay equilibrio alguno entre los aspirantes a la presidencia. ni entre los partidos, con una malsana tendencia al unanimismo; el presidente comienza su período pensando más en sus futuras aspiraciones reeleccionistas que en las políticas del gobierno o en el bienestar de la Nación; todo cuanto se hace y se programa en el ejecutivo tiene un propósito reeleccionista, y por tanto se trabaja para subir y repuntar en las encuestas y en la imagen que para resolver los problemas de fondo; se frustra la alternatividad en el ejercicio del poder; se ocultan muchas irregularidades y corruptelas en el interior del gobierno y la administración; son cooptados los organismos de control; se manipulan los medios de comunicación y se desinforma con frecuencia a la opinión, en guarda de un prestigio, así sea apenas aparente, del gobernante.
En fin, la figura de la reelección presidencial genera distorsiones y comportamientos malsanos y ha sido nefasta para nuestras instituciones democráticas, por lo cual deberíamos pensar seriamente en regresar a su prohibición absoluta.
imagen tomada de lafm.com.co
La semana pasada -el martes- el Gobierno alarmó al país con un informe –supuestamente de última hora-, con el cual se abrieron los noticieros y se encabezaron los titulares de los periódicos, en el sentido de que las Farc tenían listo un atentado contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y contra el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre.
En efecto, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reveló que la Policía acababa de detectar un plan con tan nefastos propósitos. Según Pinzón y los medios, estos crímenes serían ejecutados por la columna móvil "Teófilo Forero" de las Farc, que opera en el centro del país y que está comandada por alias "el Paisa".
Por supuesto, aunque de tiempo atrás se sabe que Uribe ha venido siendo objetivo militar para la organización guerrillera, la noticia causó la natural conmoción, en un país en cuya historia se han registrado magnicidios desde la época de la independencia y en que las amenazas terroristas se han cumplido con frecuencia. En lo referente a Montealegre, la información sorprendió, en especial vista su reiterada posición jurídica favorable al proceso de paz y a las fórmulas alternativas de justicia aplicables a los guerrilleros.
El Gobierno dijo que, como consecuencia de este nuevo descubrimiento de la inteligencia oficial, se reforzaría la vigilancia de los amenazados, lo cual era perfectamente lógico. Según las informaciones, el Ministro informó al doctor Uribe sobre “un nuevo plan” para asesinarlo. Y, por supuesto, todos felicitábamos a la Policía Nacional por haber desmontado ese plan siniestro.
Pero lo afirmado en las últimas horas por el presidente Santos, tras el desmentido de la guerrilla -que habló de un falso positivo informativo-, ha sido desconcertante: que ese informe de inteligencia “es viejo”, es decir que lo novedoso de los planes asesinos no estaba por ninguna parte. En otras palabras, el Jefe del Estado desmintió a su ministro.
¿Por qué esta confusión informativa, no atribuible a los medios de comunicación sino al ejecutivo? ¿Por qué la alarma, cuando, con base en el viejo informe de inteligencia, lo que ha debido hacer el Gobierno era continuar velando por la seguridad del ex presidente y del Fiscal, sin necesidad del montaje publicitario? ¿Qué se buscaba con esa publicidad inusitada? ¿Qué se busca ahora con el desmentido? ¿Era un pretexto para dar por terminado el proceso de paz y se han arrepentido? ¿Se mintió entonces o se miente ahora?
Foto www.santanderextremo.com
José Gregorio Hernández Galindo
No son pocos los que han criticado y hasta irrespetado a la Corte Constitucional por el fallo mediante el cual se declaró, por razones de trámite, la inexequibilidad del Acto Legislativo 2 de 2012.
Desde luego, no se puede desconocer que en los últimos meses la Corte Constitucional ha proferido fallos tan equivocados como el relativo al artículo 17 de la Ley 4 de 1992, mediante el cual invadió la órbita del legislador y, para congraciarse con medios sensacionalistas, atropelló sin escrúpulos los derechos adquiridos, garantizados expresamente por el mismo Acto Legislativo 1 de 2005 que dijo defender; o como el que permitió la entrada en vigencia de una norma tributaria promulgada en el mismo año en que se hizo efectiva, pese a la expresa prohibición del artículo 338 de la Constitución; o como los que declararon la exequibilidad del Acto Legislativo 3 de 2011, que, so pretexto de la estabilidad fiscal, aplazó indefinidamente el Estado Social de Derecho, y la del Acto Legislativo 5 de 2011 sobre regalías, afectando gravemente el principio esencial de autonomía de las entidades territoriales; o como el que declaró la exequibilidad del incidente de impacto fiscal –que hace nugatoria la cosa juzgada en materia de responsabilidad del Estado cuando éste es condenado-, pese a que la norma se introdujo en los dos últimos de los ocho debates que ha debido surtir el Acto Legislativo, desconociendo abiertamente el principio de consecutividad reiterado en constante jurisprudencia de la misma Corporación.
Y aunque hay otras sentencias de constitucionalidad y de tutela no menos erróneas, las decisiones de la Corte, a la cual se ha confiado la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política, deben ser respetadas por todas las autoridades y por los particulares, ya que esa es una regla de juego invaluable de nuestra democracia. Hemos aceptado, al someternos a la Constitución, que sus fallos son definitivos e inapelables. Y así debe ser.
Es un exabrupto pensar –como ya lo hemos escuchado- en un tribunal supraconstitucional, llamado a corregir los excesos de la Corte -que en efecto se han presentado-, pues nada nos garantiza que ese cuerpo sea infalible, y podría generarse una infinita cadena de equivocaciones.
Lo que se requiere es que los propios magistrados se comprometan a no abusar de su poder y apliquen elself-restraint (auto control) que existe en otros países y que inclusive impida lo que ya muchos proponen: la supresión de la Corte Constitucional.
José Gregorio Hernández Galindo
ESTÉTICA Y CRIMEN
Imagen obtenida de www.eltiempo.com
Briceida González, una mujer de 37 años, ha fallecido en Bogotá en las últimas horas como consecuencia de la práctica de una cirugía estética clandestina. Tan clandestina que el cadáver fue arrojado en un lugar distante, en vez de haberse dado el indispensable aviso de la muerte a las autoridades competentes. Pero, por paradoja –según informa la prensa-, el funcionamiento del irregular centro de estética –que operaba en un apartamento- se conocía en el mismo bloque y en el conjunto residencial en el que vivía la víctima.
Llevada por esa vanidad femenina que se ha tornado tan peligrosa, la señora González –quien deja dos hijos menores- buscaba una operación para sus glúteos, y le fue inyectada silicona, con fatales resultados, ya que, como ha ocurrido en otros numerosos casos en el país, la paciente murió como consecuencia de una insuficiencia respiratoria generada a su vez por una complicación pulmonar. Un crimen, ni más ni menos.
La “esteticista” ha huido, y el apartamento -que anunciaba por medio de volantes- está vacío, si bien la Fiscalía, en una primera inspección, encontró dos camillas y algunos instrumentos quirúrgicos.
Todos nos preguntamos si esta permanente amenaza para las mujeres –y para uno que otro hombre de los que se preocupan por la estética- podrá continuar a ciencia y paciencia de las autoridades competentes, en especial el Ministerio de Salud y las secretarías de salud de los departamentos, municipios y distritos. ¿Tendrán que seguirse desencadenando absurdas tragedias como esta para que se adopten medidas de prevención contra los criminales y se tome nota de la propaganda que por distintos medios y en varios sectores de Bogotá y otras ciudades hacen cirujanos plásticos y médicos de estética mal preparados para una actividad de suyo peligrosa? ¿No se deberían llevar a cabo frecuentes inspecciones de salubridad a esos sitios para comprobar la idoneidad, preparación y títulos de los supuestos profesionales, el personal que los asiste, los instrumentos y sustancias que se utilizan y la higiene y seguridad que deberían rodear las intervenciones quirúrgicas que practican?
De acuerdo con las normas constitucionales, las autoridades han sido establecidas, entre otros propósitos, para proteger la vida, la salud y la integridad de todas las personas residentes en Colombia.
Existe, desde luego libertad de trabajo, y está garantizada a todos la libre escogencia de las profesiones y oficios, pero la ley podrá exigir títulos de idoneidad y las autoridades administrativas –es su obligación- inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones.
José Gregorio Hernández Galindo
