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LA PLAZA Y LAS CORRIDAS: ¿ABUSO DE PODER DEL ALCALDE?

23 Jun 2012
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Por: Felipe Abello Monsalvo

Entender la situación por la que pasa la Tauromaquia en este momento es del todo difícil; enfrentada está a una era en la que las personas tomaron como moda una protección de los derechos de los animales, que de suyo salta su importancia, pero que carece de fundamento y conocimiento respecto de la fiesta brava. Atacar a una minoría es sencillo pues por su misma condición, el desconocimiento que se tiene acerca de ella es absoluto. 
Ahora mi intención no es defender la tauromaquia desde el debate de si deben o no existir las corridas de toros, debate que creo es el apropiado y además por el que se debe propender. 
Lo que no puede ocurrir en un Estado de Derecho es que ese debate no se presente sino que, por el contrario, el alcalde Gustavo Petro arbitrariamente cancele un contrato de arrendamiento que estaba vigente entre la Corporación Taurina (Organización que se encarga de realizar las Temporadas Taurinas en todo el país) y el Distrito Capital hasta el 2015. Es una salida desacertada y claramente totalitaria. Que la mayoría de los ciudadanos no estén de acuerdo con las corridas de toros, y especialmente el Alcalde, está muy bien. Sin embargo, terminar un contrato unilateralmente por ese argumento, es lo que no puede suceder. 
Hay que tener en cuenta que por la cancelación abrupta de este contrato el Distrito debe cancelar una indemnización a la Corporación Taurina y no solo eso, también deberá defenderse de tutelas que buscarán atacar esa decisión.
Por lo tanto, la discusión, insisto, no es sobre la abolición o no de las corridas de toros, ni acerca de si su práctica es aprobada en el siglo XXI o si por el contrario es una práctica anacrónica. El tema central es que el Alcalde Mayor de la Ciudad con la decisión que tomó el 12 de junio de 2012, dejó claro que sin importar el medio utilizado cumplirá con sus objetivos personales. En este caso consistieron en acabar con las corridas de toros en la Plaza Santa María de Bogotá. Más adelante vendrán otros temas polémicos para la ciudad. ¿Estamos preparados para eso?
 
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LA JUSTICIA NO ENTRÓ POR CASA

21 Jun 2012
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POR: OCTAVIO QUINTERO

Una frase del presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, resulta más que suficiente para medir el tamaño de la reforma a la justicia que acaba de aprobar el Congreso: “La razón se fue de vacaciones”…

Y si faltara algo para que el lector tome conciencia del asunto, el mismo magistrado agrega: “Esperamos que la razón vuelva de vacaciones y pase por los pasillos de la Corte Constitucional”.

Las declaraciones del presidente del Consejo de Estado se dieron al noticiero CM& momentos antes de que el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, declarara su insatisfacción por algunos aspectos de la reforma, especialmente el relativo a la pérdida de investidura de los congresistas.

Si en el pasado reciente la opinión pública quedó estupefacta cuando se reveló que los paramilitares tenían un control sobre aproximadamente el 35 por ciento del Congreso, ahora el asunto es que, con la nueva reforma, no se pueda depurar el sagrado recinto de las leyes.

No se requiere mucho esfuerzo mental para entender que, en medio de una democracia tan débil e imperfecta como la nuestra, puedan llegar al Congreso estos y otros indeseables que, en aras de la nueva reforma a la justicia, adquieran ciertas garantías de procesamiento penal, disciplinario y de pérdida de investidura que los hagan realmente invulnerables a la aplicación de la Constitución y la Ley.

“Esta reforma a la justicia es una vergüenza”, se dijo desde el comienzo del debate: y nada valió. La misma posición del ministro Esguerra parece ambigua, pues, nadie duda tampoco que en el seno de un “Congreso voluntarista”, se aprobó exactamente lo que el gobierno quiso.

Ni siquiera las altas cortes parecen salir inmaculadas, pues, resulta evidente que también el aumento del periodo de los magistrados de 8 a 12 años, y de 65 a 70 la edad de retiro forzoso, debió amortiguar la férrea oposición que en principio mostraron.

Por eso tampoco puede albergarse mucha esperanza de que la razón regrese de vacaciones cuando la Corte Constitucional aboque la revisión de la norma.

 

 

 
 
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Goles Constitucionales

21 Jun 2012
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POR: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO

Los congresistas colombianos perdieron totalmente la vergüenza. Sin sonrojarse, aprovecharon la reforma a la administración de justicia  -que en nada resuelve los problemas reales de la justicia-  para favorecerse, para beneficiarse, para sus propios intereses, para acabar con la pérdida de investidura y con los procesos penales en su contra. Y lo hicieron además durante el trámite de conciliación, excediendo las posibilidades de éste, toda vez que fueron introducidos puntos completamente nuevos, que no estuvieron presentes ni fueron discutidos, ni aprobados durante los ocho debates ya tramitados.

Los integrantes de las comisiones de conciliación únicamente gozaban de competencia para unificar los textos aprobados en las plenarias de Senado y Cámara, no para incluir nuevas normas, menos todavía si ellas estaban orientadas a otorgarles -a ellos- ventajas para las cuales estaban impedidos.

A la vez, los congresistas consagraron la impunidad para otros funcionarios comprometidos en escándalos como las chuzadas, la parapolítica, la yidispolítica y Agro Ingreso Seguro.

Y al mismo tiempo quienes se supone representan al pueblo resolvieron hundir el proyecto de ley que se había presentado para llevar a un nivel justo, mediante el cambio de fórmula, los precios de la gasolina.

En lo que respecta a la Constitución, a la cual están sujetas sus actuaciones, no les importó violarla de manera descarada y abierta, introduciendo en la conciliación normas que no pasaron por ninguno de los ocho debates y sorprendiendo al propio Gobierno, que se limitó a observar el asalto a las instituciones.

Ya se está promoviendo un referendo derogatorio de origen popular, con base en el artículo 377 de la Constitución, para que el propio pueblo se encargue de derogar el engendro.

¿Algo puede hacer el Gobierno ahora? Creemos que, infortunadamente, no. En la Constitución colombiana no está prevista como facultad del Presidente de la República el veto; no puede dejar de promulgar el Acto Legislativo; y respecto a una eventual objeción por inconveniencia o por inconstitucionalidad, no está prevista en la Carta para reformas constitucionales, y la Corte Constitucional ha sostenido que los actos legislativos no requieren sanción presidencial.

Entonces, al Presidente, que tanto insistió en este proyecto, sólo le corresponde el deber de promulgar el Acto Legislativo aunque le hayan metido goles. Que le metieron varios en el último minuto del partido.

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MENTIRA GENERAL

20 Jun 2012
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El caso del General Santoyo puede inscribirse como “prueba reina” en ese proceso de la mentira organizada que impera en Colombia, pues, en las cumbres de su vida y obra rondan halcones de talla presidencial, parlamentaria y ministerial, sin contar la natural “complicidad” castrense, tan solo por aquello de la “solidaridad de cuerpo”.

 
Se tiene sabido que tener relación en cualquier forma con grupos armados al margen de la ley, es un delito, tanto más si al hablar de paramilitarismo nos estamos refiriendo a sus extensiones criminales con el narcotráfico y el terrorismo.
Pues, bien, en la noche del martes 19 de junio, hacía las 10, el General de la Policía –Director hasta hace poco-, Óscar Naranjo, confesó públicamente a través de CM&, un noticiero de TV que a esa hora acapara la sintonía, que encubrió a Santoyo cuando supo que tenía vínculos con grupos paramilitares, y todo lo que le “aconsejó” fue que se retirara de la Policía.
Un buen consejo, sin duda… Pero el procedimiento correcto debió haber sido, informarle a sus Jefes inmediatos, para el caso, al Presidente Uribe y al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, hoy Presidente.
Pero, según el General Naranjo, no informó nada a sus superiores porque (…) “En ese momento no había nada oficial de fondo y simplemente se aceptó el retiro del General Santoyo”…
Sí había algo oficial. En sus propias palabras el General Naranjo, antes, en la misma entrevista, admite que “cuando la información empezó a ser oficial (…) porque había verificaciones que las probaban, pues, el General Santoyo, se retiró de la Institución”, acogiendo su “paternal” consejo.
Así de simple.
Por eso el Presidente Uribe puede lavarse las manos –otra mentira- porque a nadie se le acepta una renuncia sin preguntarle por qué se va, y menos a un General de la República. Lo mismo aplica para el hoy presidente Santos, por entonces ministro de Defensa, quien ahora se limita a pedirle al General ( r), cuando ya no tiene mando sobre él, que se presente ante la justicia de Estados Unidos a responder por los cargos que le imputan.
Hasta donde sabemos también, lo correcto en este caso de la autoridad colombiana sería el de proceder a capturar al General Santoyo con fines de extradición.
Pero, es que en este prontuario, la piel se eriza desde el momento mismo en que se sabe que el oficial Santoyo consiguió su ascenso a general en el 2007, pese a haber sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduría General en el 2003 por haber ordenado, presuntamente, 1.499 chuzadas a activistas de la ONG Asfades, en Antioquia, en 1997, cuando culminaba el mandato del entonces gobernador, Álvaro Uribe Vélez, futuro mandatario nacional.
“No me diga nada más”, dice la gente cuando cree tener suficiente ilustración.
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