Los magistrados de las altas corporaciones de Justicia y quienes con ellos colaboran son precisamente los llamados a dar ejemplo sobre cumplimiento de la Ley y de sus propios reglamentos.
Tanto la Ley Estatutaria de Administración de Justicia como los reglamentos de las cortes prevén que los proyectos de fallo (ponencias), que, elaborados por los magistrados sustanciadores, están a consideración de sus colegas, son reservados. Se trata de decisiones que todavía no se han adoptado; que están en discusión internamente, y que no deben aparecer en la prensa ni en los medios antes de ser votadas. Son proyectos que pueden ser aprobados, rechazados o modificados.
No obstante, se ha puesto de moda la filtración de los proyectos de sentencia. Por eso en estos días han ocupado las primeras páginas y los titulares las ponencias elaboradas por Magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.
Esto implica que, sobre cada asunto, se abre un debate público, sin que haya sentencia. Ello causa confusión e implica presión externa, inclusive política, sobre los magistrados, y da lugar a que los posibles afectados por la eventual decisión comiencen un proceso de cabildeo completamente indebido.
¿Por qué no respetan los magistrados los reglamentos de sus propias corporaciones?
Ahora bien, si lo que se quiere es el debate público como si se tratara de decisiones políticas, que se modifiquen las normas y se autorice expresamente la publicidad de todas las ponencias pero no las filtren a manera de contrabando.