Tienen razón los maestros que protestan por las políticas oficiales relacionadas con su salud y la de sus familiares, la cual es contratada mediante fiducia, sin que el Estado se haga responsable por la vigilancia sobre la calidad y eficiencia de los servicios contratados.

 

La Constitución, en su artículo 49, establece con claridad que la atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado, y que si particulares prestan ese servicio, deben hacerlo bajo la vigilancia y el control estatal. Y corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Luego lo que piden los maestros es que se cumplan las normas constitucionales y que se les garantice a plenitud que sus derechos esenciales les serán respetados.

 

Ha dicho la Corte Constitucional, y lo reitera la Ley Estatutaria expedida el año pasado, que la salud es un derecho fundamental. Ese derecho, además, es inherente a la dignidad de la persona humana. La salud, por tanto, no puede tratarse como una mercancía. Ni se trata de un negocio. Ni corresponde a un gasto con cargo exclusivo al empleador. A los maestros, como a todos los trabajadores, les descuentan de su salario con destino a la salud. De manera que el sentido de supuesto ahorro para el presupuesto, que alega el Ministerio de Hacienda, es equivocado, porque con destino a la salud hay cuantiosos recursos aportados por los mismos trabajadores. 

 

Y en todo caso, el Estado tiene a su cargo la protección de la salud, la integridad y la vida, no solamente de los maestros, sino de todos los colombianos. Eludir esas responsabilidades mediante contratos engañosos y sin la verificación ni control respecto a la calidad de los servicios contratados, es algo que implica vulneración de los derechos básicos de muchas personas, además de un inconcebible incumplimiento de los deberes del Estado.