La reforma a la administración de justicia es algo urgente, que reclama el país, dada la profundidad de la crisis que en los últimos años la ha venido afectando y va en preocupante aumento.

Hemos dicho que, en principio, las normas constitucionales y legales no son en sí mismas las causantes de cuanto acontece. Lo son en realidad los seres humanos que las han manipulado, tergiversado y aprovechado ilícitamente en su propio beneficio.

Pero las cosas han llegado a un punto intolerable para la sociedad, para el Estado en cuyo nombre actúan jueces y tribunales y para el ciudadano del común, que han perdido la necesaria confianza en las decisiones judiciales, en la imparcialidad y en la pulcritud de  funcionarios cuya respetabilidad jamás ha debido quedar en duda. Ellos mismos se han prestado al irrespeto, al manoseo, al delito. Se han ofrecido a modificar o desviar las providencias y los fallos a cambio de dinero, en vergonzosas actuaciones que poco a poco están saliendo al conocimiento público.

A nuestro juicio, habiendo sido declarado inexequible el Tribunal de Aforados (Acto Legislativo 2 de 2015) por decisión de la Corte Constitucional, el procedimiento de un acto legislativo para restablecerlo está llamado a fracasar, a no ser que la Corte se contradiga, lo que tampoco sería extraño.

Estamos seguros, sí, sobre la improcedencia de un trámite del proyecto por la vía del denominado "Fast track" -como lo ha anunciado el Gobierno, se incluiría en la reforma política-, pues el asunto es mucho más amplio y general que el transitorio proceso de implementación del Acuerdo de Paz.

Por ello creemos que, existiendo también la necesidad de aclarar el panorama institucional tras las varias reformas y sustituciones constitucionales introducidas a la carrera y sin concierto alguno, lo más aconsejable sería la convocatoria de una asamblea constituyente de elección popular.