Además de los permanentes ataques contra la infraestructura energética -la población tiene que soportar repetidos y prolongados apagones por causa del terrorismo-, la violencia se ejerce sin contemplaciones y sin pausa por los narcotraficantes y las mafias.

La sola denuncia del Procurador acerca de la existencia de "casas de pique", ahora confirmada por la Defensoría del Pueblo, es de enorme gravedad, y debería tener al Gobierno, a la Fiscalía, a las autoridades departamentales y municipales  y a la fuerza pública, todos volcados sobre esta importante región, hasta encontrar esos lugares del crimen, erradicarlos y capturar a los asesinos. Eso no es normal, no puede estar ocurriendo; no lo puede aceptar el país y no lo pueden permitir las autoridades.

 La Procuraduría dice haber recibido información sobre la existencia de siete zonas de Tumaco en donde seres humanos  son asesinados y destrozados, lo que no solo vulnera de manera grave y brutal nuestra Constitución y toda la estructura del sistema jurídico colombiano sino que violenta el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Estado no puede permanecer impasible ante tan delicada situación.

Además de las "casas de pique",  son frecuentes las balaceras, más de 91 homicidios en los tres primeros meses del año, los petardos y las bombas, voladuras de torres, minas antipersonas. La Defensoría del Pueblo ha emitido en las últimas horas una alerta temprana y previene al Estado para que actúe de manera urgente y contundente.