Lo último -que consiste en un crimen atroz- es el secuestro de un niño de apenas cinco años, en Norte de Santander.

Las cifras y datos de Medicina Legal y la Policía nacional sobre niños violados, maltratados, asesinados...son verdaderamente escalofriantes. Y en informes internacionales, Bogotá aparece como la cuarta ciudad más peligrosa en el mundo  para los menores, ante la acción de los criminales.

Como lo hemos sostenido aquí, es indispensable que las autoridades y la sociedad colombiana reaccionen, y de manera drástica, contra los violadores y asesinos de niños.

De nada han servido las normas en vigor, ni los compromisos contraídos por Colombia en convenciones y tratados internacionales en materia de protección a la población infantil ante la violencia sexual y física.

En las últimas horas se ha manifestado el Gobierno Nacional reiterando su propuesta de referendo, con miras a reformar la Constitución para consagrar la cadena perpetua contra quienes abusan, violan y asesinan a los niños. Quizá ella no disuada a todos los criminales, pero al menos no quedarán libres para reincidir, como ya hemos visto que lo hacen.

Hay una iniciativa presentada por un congresista, pero el artículo 378 de la Constitución da lugar al referendo pero por iniciativa del Gobierno o por iniciativa popular. De suerte que, de todas maneras, el Gobierno debe elaborar y presentar el proyecto cuanto antes. El Congreso debe aprobarlo y es de esperar que la Corte Constitucional no frustre de nuevo la propuesta de referendo, como ya lo ha hecho en el pasado.

La impunidad en esta materia no puede continuar. La ciudadanía, al lado de los padres de los niños sacrificados, reclama justicia sobre los que están sometidos al régimen actual, y cadena perpetua para quienes en el futuro abusen de la debilidad e inocencia de los menores, cuyos derechos deben prevalecer de verdad y efectivamente sobre los derechos de los demás.

Desde esta columna apoyamos toda iniciativa que implique penas más fuertes, efectivas,  y sin beneficios ni rebajas, para esta clase de criminales. Pero también es indispensable una política de prevención y protección por parte de las autoridades, y una actitud de mayor solidaridad y apoyo desde la comunidad, que debe cerrar filas en defensa de los menores.