Los ciudadanos, cuando votaron en las últimas elecciones y escogieron a los actuales gobernadores y alcaldes, lo hicieron sobre la base de que se los elegía para un período determinado de cuatro (4) años, a cuyo término se expresaría de nuevo la democracia, para elegir a los sucesores. Ahora, se sorprende al pueblo, cambiando las reglas de juego, bloqueando a movimientos y partidos que quisieran presentar nuevas opciones y alternativas políticas, anulando la garantía del voto, impidiendo la renovación, prohibiendo al electorado el ejercicio de su derecho democrático e imponiendo a los mandatarios de manera arbitraria.

Además, se traiciona la buena fe de quienes, para no inhabilitarse y aspirar en las elecciones de 2019, han venido renunciando a su cargos, en el entendido de que respetaban el ordenamiento vigente.

Habiendo -desde luego- alcaldes y gobernadores muy competentes, capaces y honestos, no debemos perder de vista que no ocurre en todas partes. Son varios los departamentos y muchos los municipios cuyos ciudadanos aspiran a un cambio en su gobierno porque la cabeza del mismo no ha respondido a las expectativas; porque no ha cumplido lo prometido en la campaña; porque ha despilfarrado los recursos; o porque su comportamiento no ha sido el mejor. Por lo cual, buscan y en efecto se presentan alternativas; nuevas propuestas; nuevas ideas, que quedarían abruptamente bloqueadas y frustradas por cuenta de la prolongación de los períodos.

Un proyecto inconstitucional y antidemocrático, que no debería pasar, y en caso de pasar, tendría que ser declarado inexequible por la Corte Constitucional.