La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha decidido que, de la terna que envíe el Presidente de la República, ella escogerá un Fiscal Ad hoc para que conduzca al ente investigador y conozca lo pertinente al mayor caso de corrupción del que se tenga noticia: el de Odebrecht.

Es una lástima que quien sea electo en esa especial función, con independencia y autonomía, solamente se ocupe de tres casos, cuando debería asumir todo lo relacionado con Odebrecht, porque si en las demás líneas de investigación del mismo asunto -indudablemente conectadas entre sí- van a seguir los funcionarios que vienen conociendo, no solamente faltará la independencia sino que se perderá la unidad de dirección en tan delicada materia y es posible que las decisiones en los distintos procesos sean incoherentes y hasta contradictorias.

Según ha informado el Magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Luis Barceló, el funcionario que sea seleccionado como Fiscal ad hoc solamente conocerá de tres procesos puntuales que dejó en evidencia la vicefiscal  Paulina Riveros, en su impedimento ante la alta corporación, que se declaró fundado y fue aceptado por la Sala Plena, separándola del conocimiento de tales asuntos. Ella venía conociendo de esos tres casos por impedimento, también aceptado, del titular de la Fiscalía, Dr. Néstor Humberto Martínez.

Un principio jurídico de gran importancia enseña que donde hay la misma razón debe haber la misma disposición. De modo que, si hay impedimento para conocer de unos casos de Odebrecht y se designa Fiscal Ad hoc, no se entiende por qué, en busca de la total independencia y transparencia y ante la gravedad de los hechos conocidos, no se da el mismo trato procesal a todos los posibles delitos cometidos en el caso Odebrecht y se confía al mismo Fiscal Ad hoc su conocimiento e investigación, separando por completo al Dr. Martínez de tales asuntos, como él mismo lo ha solicitado. Inclusive el caso de las muertes del señor Pizano y su hijo debería ser excluido del conocimiento de los actuales funcionarios, subalternos del titular del ente acusador.

Es algo que devolvería alguna confianza de la ciudadanía en ese oscuro y tenebroso asunto, en el que no debe haber impunidad.