Nos hemos preguntado desde hace varios meses: ¿cómo es posible que  la sociedad colombiana, el Gobierno, los órganos de control, los partidos políticos, los medios de comunicación no se alarmen, no se conmuevan, no propongan nada eficaz para que se respeten los derechos, en especial el derecho a la vida y para que cese la ola criminal desatada, en un macabro plan que se adelanta de manera sistemática, contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, desmovilizados?

Digan lo que digan algunos indolentes, la actividad asesina que se viene desarrollando no puede verse como algo normal en una sociedad civilizada. La nuestra parece haberse acostumbrado, no solamente al diario reporte de personas amenazadas y muertas a manos de sicarios en distintos lugares del país, sino a la impunidad y a la tendencia de autoridades a sostener que se trata de hechos aislados.

Está claro que el Estado ha perdido el control de la situación. Es incapaz de garantizar el derecho a la vida. Como si no existiera. Cauca, Putumayo, Huila, Nariño, Chocó, Magdalena, Córdoba, entre otros,...son departamentos en que la vida de las personas está en permanente riesgo.  

El artículo 11 de la Constitución proclama que el derecho a la vida -el derecho básico, sin el cual los demás son imposibles- es inviolable. Que no habrá pena de muerte, aunque la realidad indica que el liderazgo social -por ejemplo- es un motivo para que la persona que lo ejerce sea condenada y ejecutada, no se sabe por orden de quién o quiénes. Hipótesis van y vienen, y el aparato criminal sigue actuando.

Dice el preámbulo de la Constitución que ella fue establecida "con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz".

El artículo 2 señala que "son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución" y que "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades".

Principios, valores y preceptos muy bien inspirados, y desarrollados en la jurisprudencia y en la doctrina, pero completamente teóricos que el Estado colombiano no ha podido y no parece que pueda cumplir.