Si algo ha caracterizado el comienzo del año 2020 en Colombia ha sido la irracional ola de violencia desatada en varias zonas del territorio nacional. A diario tenemos noticias sobre asesinato de líderes sociales, desmovilizados de las Farc, indígenas, defensores de derechos humanos, hombres y mujeres del común.
Los crímenes se cometen tan a menudo y es tan evidente la pérdida de control por parte de las autoridades que ya ni siquiera hay acuerdo sobre el número de personas asesinadas en estos veinte primeros días del año, y -claro está- nada se sabe sobre los victimarios. Hay desaparecidos y hay desplazados. Gran impunidad para los autores intelectuales -de distintas organizaciones criminales- que han puesto en ejecución cotidiana planes macabros y terroríficos.
La vida es el primer valor, el primer derecho, la primera función estatal es su protección; la prioridad de la vida en condiciones de dignidad es clara tanto en la Constitución colombiana como en los tratados internacionales sobre derechos humanos a los que nuestro Estado y funcionarios están obligados.
El artículo 2 de la Constitución confía al Estado la función fundamental de proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia. No ha podido hacerlo, y día por día nuevos asesinatos; más amenazas, y, desde luego, mucha retórica.
El artículo 5 de la Carta declara que los derechos son inalienables, y el 11 dice que el derecho a la vida es inviolable.
La situación es tan grave que el Gobierno y las autoridades competentes deberían dar a este asunto la primera prioridad. Ante todo, el Ejecutivo tendría que pensar, trabajar, dirigir una campaña en favor de la vida, y dedicar esfuerzos a lo que pasa en Colombia, tanto en cuanto a la criminalidad como en lo que respecta al abandono en que se encuentran muchas regiones del país.
El Gobierno cree que es más urgente e importante pensar y ocuparse en la situación política de Venezuela. Respetuosamente, pensamos que lo que ocurre en Colombia y la función estatal en lo interno deben tener prioridad.
